Poner en marcha la ingeniería necesaria para fiscalizar una elección en toda la Argentina supone un esfuerzo enorme de movilización de personas y recursos, capacitación, coordinación y ganas, pero también mucho dinero. Las cúpulas del PRO y La Libertad Avanza acordaron colaborar para garantizar una cobertura total. La decisión generó inevitablemente ruido abajo, entre los dirigentes locales de LLA, que se ven venir una disputa de poder. Un distrito clave se convirtió en caso testigo de los tironeos: La Matanza.
La Matanza es el municipio más poblado de Buenos Aires, que el PJ gobierna desde el retorno de la democracia, con alrededor de 1.045.000 ciudadanos habilitados a votar en las elecciones nacionales -es decir, el 10% de los electores de toda la provincia-, en unas 3100 mesas de votación. En octubre, el peronista Fernando Espinoza fue reelecto con el 54%, Sergio Massa fue el candidato presidencial más votado con un 53% y Javier Milei el segundo con 22%.
Según estiman dirigentes locales con más de una elección en sus espaldas se requieren aproximadamente, entre fiscales de mesa y fiscales generales en los centros de votación, un mínimo de 3800 personas en todo el municipio para cubrir el 100% de la fiscalización en el municipio.
A cargo del operativo por el lado de La Libertad Avanza quedó Luis Ontiveros, armador político del espacio libertario en el municipio en las elecciones pasadas. En el distrito intervienen dirigentes del PRO de peso tanto local como provincial como Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Diego Santilli, y el excandidato a intendente de Juntos por el Cambio, Eduardo “Lalo” Creus.
Una semana antes de la elección, los dirigentes del PRO y hasta los propios fiscales recibieron la noticia de parte de LLA de que ya tenían cubierto en un 80% la fiscalización -entre 3000 y 2800 fiscales- y que el partido amarillo podría colaborar con el 20% restante.
“Estamos en un municipio en el que el 100% solo lo consigue Espinoza y el PJ. Para estos tipos juntar ellos solos la mitad sería una barbaridad ya, ni hablar del 80%. Es simple. Nosotros queremos colaborar, con gente experimentada que ya sabe como es que te presione el peronismo en cualquier escuela de acá. Si no quieren que colaboremos bueno, que digan bien por qué, para nosotros también es un dolor de cabeza mover lo que hay que mover”, señalaba un referente del PRO.
“Una fiscalización en La Matanza te sale 70 millones de pesos de mínima: desde las viandas, a la bolsita de las viandas, pago a fiscales, abogados, autos para moverse en un distrito de más de 30 kilómetros de punta a punta. Es mucha guita”, señalaba otro y advertía que los recursos debería ponerlos antes del domingo el partido libertario.
Los ruidos entre el partido amarillo y la LLA por la fiscalización fue parte importante del encuentro que mantuvieron Mauricio Macri y Javier Milei el lunes. El mismo día se sucedieron reuniones entre los dirigentes locales para tratar la situación de La Matanza. Al mismo tiempo conversan a diario los encargados de coordinar la fiscalización entre ambos espacios en Buenos Aires, Sebastián Pareja y Guillermo Ferraro, por los libertarios, y Guillermo Sánchez Sterli, por el PRO.
En los últimos días, se habría llegado a un principio de acuerdo. El PRO, entre sus distintos sectores encabezados por Ritondo, Finocchiaro, Santilli, Creus y el “G25″ -una cantera o semillero de dirigentes y jóvenes militantes del partido encabezada por el exministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich- estaría a cargo de mover al menos el 50% de los fiscales necesarios para la elección.
“Se está solucionando porque se apretó de arriba. Yo aseguro que los míos van a fiscalizar, desde que abran las urnas hasta que se firme el acta de escrutinio. Gente que viene laburando con nosotros desde hace más de cuatro años y que, sobre todo, capacitamos. Si algunos del otro lado dicen que van a fiscalizar no sé cuantas mesas y después resulta que no existen y que se quedaron con la guita que era para la fiscalización, no me puedo hacer cargo yo desde mi lugar”
Además de abrir un poco el juego, entre la LLA y el PRO se habría acordado una especie de sistema de colaboración, pero también de “control”, en lo que algunos llaman “fiscalización cruzada”.
“Si en La Matanza o en cualquier distrito tienen cubiertas un montón de escuelas, igual les mandamos fiscales generales y dos o tres fiscales de mesa que pueden ayudar para cubrir cualquiera que falte o los relevos o lo que sea. Pero también sirve de auditoria. Vamos a tener un reservorio de fiscales en 42 municipios que representan más del 80% de las mesas de la provincia. Es obvio que hay tensiones y que va a haber, pero se está laburando bien a pesar de todo”, señala un referente del PRO muy al tanto de las negociaciones con LLA.
