El Gobierno avanza en la desregulación en diferentes sectores de la economía. Dos de los que están en la mira por estas horas son el aerocomercial y el de ómnibus de larga distancia. Si bien las medidas que se tomarán se encuentran en estudio entre autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación junto a expertos del sector privado, y todavía no hay una hoja de ruta definida, la intención es clara: abrir el mercado para que las empresas presten los servicios que deseen con la menor cantidad de trámites y condicionamientos que sea posible.
La premisa es terminar con las regulaciones que desincentivan el normal funcionamiento de la actividad y las inversiones.
En el caso del sector aerocomercial la intención es avanzar en la eliminación de las audiencias públicas para que las firmas aéreas puedan solicitar rutas como uno de los principales requisitos. En los últimos años solo ingresaron al mercado local firmas low cost como Fly Bondi o Jetsmart y en el Gobierno esperan que, desregulación mediante, podrán sumarse otras.
En un principio se avanzará con la digitalización de algunos trámites. Pero la idea es que cualquier empresa que cumpla con requisitos legales y de seguridad pueda volar en las rutas que prefiera para sus negocios. Es parte de la política oficial de “cielos abiertos”.
“Lo que hicimos hasta ahora es sentarnos con abogados, aseguradores, empresarios y otros miembros de la sociedad civil para escuchar cómo se puede convivir entre las aerolíneas locales y las internacionales. Por ahora no hay medidas que se vayan a aplicar”, afirmaron fuentes al tanto de la iniciativa.
A partir de del DNU 70/2023 el presidente Javier Milei desreguló la política aeronáutica que fijaba y estableció que los servicios de transporte aéreo regular o no regular serán ejecutados por empresas autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional. “La autorización para operar en una ruta no importa exclusividad. Las autoridades competentes promoverán reglas de sana competencia, conforme los principios de libertad de mercado”, remarca la norma.
“El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará y llevará adelante una política de aviación civil que permita su crecimiento, bajo los principios de la seguridad y la libertad de mercado, conforme a los acuerdos con terceros estados. En el marco de los permisos aerocomerciales internos e internacionales, la República Argentina fomentará entre los operadores aerocomerciales nacionales y extranjeros el libre acceso recíproco a los mercados aerocomerciales y la conectividad internacional y de cabotaje”, establece otro de los artículos del DNU.
En cuanto a los ómnibus de larga distancia, en despachos oficiales reconocen que las definiciones están más verdes. Sin embargo, la dirección elegida es que las empresas registradas puedan operar en cualquier punto del país en el que quieran hacerlo y consideren que es bueno para su negocio.
La principal queja del sector privado es que la política del Estado en los últimos años fijó regulaciones para que los ómnibus, que generalmente van entre dos cabeceras, deban pasar por ciudades con menor afluencia de pasajeros para garantizar la “conectividad”.
Ese esquema obliga a llegar a esos pueblos más allá de que sea temporada baja o alta. La duda es qué sucederá con las personas que viven en esos puntos del país en donde podrían llegar a dejar de tener la posibilidad de viajar. La respuesta suele ser que el mercado ordenará por sí solo la oferta de transporte y la demanda, en este caso, con la inclusión de empresas locales más pequeñas que tomen esas rutas.
Como siempre, la legislación laboral es vista por el Gobierno como uno de los principales topes al desarrollo de muchas actividades. Las empresas de larga distancia tienen que cumplir con un convenio colectivo más estricto que el de muchas compañías que prestan servicios más cortos pero con menores restricciones. Obviamente, una apertura indiscriminada puede perjudicar a sectores que por sus costos pueden ser menos competitivos. Es por eso que las medidas a tomar aún se encuentran bajo análisis.
