Elisa Carrió y Hernán Reyes, referentes de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) y al menos cinco laboratorios farmacéuticos por presuntas prácticas anticompetitivas y un desfalco al PAMI en la compra de medicamentos oncológicos durante 2023. Con la presentación judicial quedaron en la mira la entonces titular del organismo, Luana Volnovich, y los laboratorios Raffo, Bagó, Teva, Sirius, Novartis y Sanofi.
Según las declaraciones de Reyes, pudieron acreditar un millón de dólares de desfalco en solamente ocho medicamentos oncológicos que tomaron de muestra en operaciones de cinco laboratorios, donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más. El legislador denunció lo que calificó como “la mafia de los medicamentos”, asegurando que esta situación es solo “la punta del iceberg”.
El núcleo de la denuncia radica en la diferencia de precios detectada entre los medicamentos adquiridos por el sistema del Convenio Marco y las licitaciones públicas. Durante el 2023, el PAMI desembolsó $273 millones más de lo necesario al pagar precios significativamente superiores por medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos. Los ejemplos mencionados incluyen el caso de un medicamento, como el anastrozol, vendido por un laboratorio a $13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en licitaciones públicas el mismo producto fue adquirido a $924.
Otro caso destacado fue el de bevacizumab, vendido por convenio a $91.121 por unidad en una presentación de 100 mg, mientras que en una licitación pública su precio se redujo a $17.000. Las diferencias se repiten, según la denuncia, con principios activos como docetaxel, ciclofosfamida y enzalutamida.
La ex directora del PAMI es señalada en la denuncia por omitir controles que habrían permitido detectar estas irregularidades. La presentación judicial, tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, también acusa a ACE Oncología de coordinar los precios entre laboratorios y manipular las adquisiciones en perjuicio del Estado.
El Convenio Marco, implementado desde 2018 como parte de una reforma para garantizar transparencia en la compra de medicamentos, se presenta en esta investigación como una herramienta que, en lugar de reducir costos, “facilitó un presunto cartel entre laboratorios”.
Los documentos presentados ante la CNDC describen un “mercado farmacéutico con características oligopólicas”, donde pocos actores controlan la producción y distribución de medicamentos oncológicos. Según los denunciantes, esta concentración permitió que los laboratorios aumentaran los precios de manera injustificada.
“Nuestro objetivo es único: poner fin a este saqueo institucionalizado. Por eso también presentamos una denuncia por cartelización ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que investigue a todo el mercado de los medicamentos oncológicos y entendemos que esto se replica con otros medicamentos costosos y más masivos”, detalló Reyes.
En ese sentido, exigió una investigación, transparencia y justicia y agregó: “Le pedimos a todos los involucrados interesados que tienen información que se comprometan con la verdad, que vayan a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para desarmar este entramado de laboratorios cartelizados que hace tantos años le hacen daño a la Argentina y ponen en jaque la salud de cada uno de nosotros”.
“Hace mucho tiempo venimos escuchando todos que los medicamentos están caros, que los laboratorios se cartelizan, que hay abuso y nunca se hizo nada. Con esta denuncia intentamos terminar definitivamente con este cartel y con los abusos que hay sobre los enfermos oncológicos y sobre todo el sistema de salud en general. Quizás esta es una oportunidad grande para decir ‘basta’ definitivamente a la Argentina corporativa de los abusos y de los privilegios”, concluyó.
