El 23 de abril de 2024 nos recorría una sensación en el cuerpo que marcaba que iba a ser un día distinto. En cada rincón del país los estudiantes, docentes, no docentes, autoridades, graduados y familias enteras se preparaban para salir a la calle. Con un libro en la mano y la bandera argentina en la otra, nos dispusimos a defender algo más que un modelo educativo: salimos a defender a la Universidad Pública y, con ella, a un modelo de país.
La Marcha Federal Universitaria fue la respuesta organizada, masiva y trasversal a un ataque brutal contra el sistema universitario. Un ajuste deliberado, ejecutado por el Gobierno Nacional, que congeló los fondos para gastos de funcionamiento, esos con los que las universidades pagan las boletas de la luz y la tiza para el pizarrón. Sin un presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, no había financiamiento para que la educación superior funcione. Tampoco hubo incremento en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, se congelaron las becas de los estudiantes, se frenaron las obras de infraestructura y comenzó el desguace del sistema científico y tecnológico nacional.
El ajuste económico fue apenas la cara de la ofensiva: tuvo su correlato en la famosa “batalla cultural” que cotidianamente monta con violencia y agresividad el Gobierno de Javier Milei. A través de operaciones mediáticas, haciendo uso de información falsa, tergiversando datos, fomentando prejuicios y con una retórica agresiva, iniciaron un ataque despiadado para desprestigiar a la institución pública con mayor legitimidad y apoyo social del país. Nos llamaron centros de adoctrinamiento, nidos de la corrupción y fábricas de estudiantes fantasmas. Cuestionaron la pertinencia de las investigaciones científicas y negaron el valor estratégico y la función social que hoy cumplen las casas de altos estudios. Todo para justificar el ajuste.
Este ataque no es un fenómeno aislado. Hace pocos días fue noticia el enfrentamiento entre Harvard y las universidades norteamericanas frente a Donald Trump, en una lógica muy similar a la que vivimos en Argentina. Pareciera ser un síntoma de época, donde lo que los gobiernos con características autoritarias disputan es el lugar del pensamiento crítico y la formación libre en las sociedades democráticas. Gracias a la autonomía universitaria, las instituciones universitarias son, por naturaleza, un contrapeso cultural frente a los abusos de poder. Y por eso las quieren disciplinadas o destruidas.
El 23 de abril de 2024, la Universidad Nacional fue salvada porque la sociedad la abrazó. El Gobierno se vio obligado a sentarse a negociar, actualizándose en un 270% las partidas presupuestarias. Si bien se trató de un alivio parcial – fue un monto por debajo de la inflación acumulada y muchas áreas quedaron heridas-, fue suficiente para que cada facultad mantenga abiertas sus puertas.
Fue la sociedad argentina, convencida de la importancia de la educación como herramienta de movilidad social ascendente, quien la salvó. Sin distinciones de partidos políticos ni mezquindades, la educación pública fue defendida por quienes la transitan, por quienes la sueñan, por quienes saben que sin Universidad no hay futuro posible. Gestada por el compromiso de las distintas generaciones con el futuro del país, fue una conquista colectiva, intergeneracional y profundamente democrática.
A un año de aquella gesta, aún quedan muchas deudas pendientes: los trabajadores universitarios y docentes de gran trayectoria han perdido el 50% del poder adquisitivo de su salario, obligando a muchos de ellos a elegir entre la renuncia, la resignación o el exilio. El sistema científico continúa siendo castigado, anunciándose este año la eliminación de becas para estudiantes que investigan. Los fondos específicos para ciencia y extensión todavía no llegan.
La historia dirá que aquel día fue una de las movilizaciones más grandes desde el retorno de la democracia argentina. Fue, aún en un contexto de angustia, un día emocionante y alegre para quienes comprendíamos con orgullo que la Universidad salía del aula con fuerza para convertirse en causa nacional.
Hoy, el contexto nos invita y nos empuja, más que nunca, a mantener viva la conciencia colectiva de que la defensa de la Universidad Pública debe ser práctica cotidiana y convicción permanente. En defensa de la ciencia que salva vidas. En defensa de los profesionales que transforman realidades y generan desarrollo. En defensa de las aulas que enseñan y promueven la libertad.
En defensa de nuestro futuro.
En defensa de la Argentina que soñamos: sigamos defendiendo la educación pública.
