A solo dos días de que los tenedores de bonos en default por parte de La Rioja solicitaran a la Justicia estadounidense la ejecución de activos provinciales en empresas estatales como el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, funcionarios del gobierno de Ricardo Quintela minimizaron los riesgos y reiteraron su “voluntad de pago”, aunque atribuyeron a la Nación la responsabilidad por su situación financiera debido a la “falta de transferencia de fondos”.
En una conferencia de prensa liderada por el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, varios funcionarios provinciales enfatizaron que “no existe riesgo de embargo ni de ejecución sobre el Banco Rioja ni sobre el Parque Eólico Arauco”.
Asimismo, señalaron que “las versiones que han circulado son parte de una interpretación distorsionada de la situación financiera provincial”.
“Queremos transmitir tranquilidad a la sociedad riojana”, expresó Luna Corzo. Las “versiones” mencionadas por los funcionarios hacen referencia a una presentación realizada por los bonistas, representados por el estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, ante la Corte del Distrito de Massachusetts, en la que buscan ejecutar “activos estratégicos” provinciales, incluyendo acciones en el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco, con el fin de satisfacer fallos judiciales ya firmes por falta de pago.
Los funcionarios afirmaron que “la soberanía nacional no permite la ejecución de una sentencia del estado de Massachusetts en la república Argentina”.
“Las dificultades que hemos enfrentado desde el año pasado en el pago del Bono Verde nos obligaron a iniciar un proceso de reestructuración -sostuvo Luna Corzo-. No está en la voluntad de la provincia permanecer indefinidamente en el incumplimiento”. En este sentido, recordó que las negociaciones llevan más de un año y que la prioridad del Ejecutivo es “no poner en riesgo el pago del salario a cambio del pago de los bonistas”.
Además, enfatizó que las “dificultades financieras que dan lugar a este tipo de situaciones están directamente relacionadas con el incumplimiento de la Nación en la transferencia de fondos que legítimamente corresponden a nuestra provincia”. “Esos recursos, incluidos fondos extra coparticipables previstos en presupuestos anteriores, fueron discontinuados, lo que impactó directamente en las finanzas provinciales”, comentó. Este reclamo ha sido judicializado ante la Corte Suprema desde hace más de dos años.
“Nuestra voluntad de diálogo ha estado siempre presente. Lo que falta es la predisposición por parte de la Nación”, concluyó. El conflicto entre Quintela y Javier Milei se remonta a antes de las elecciones presidenciales y se ha intensificado recientemente, cuando el Gobernador expresó que “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”.
Respecto a las negociaciones con los bonistas, Luna Corzo explicó que “la intención del Gobierno no es desconocer ni dejar de pagar indefinidamente, sino reestructurar de manera que brinde seguridad tanto a los bonistas como a la provincia”.
