Simultáneamente, Román enfrenta una investigación judicial por presunto peculado y administración fraudulenta, motivo por el cual ya había sido suspendido preventivamente. Su eventual salida de la intendencia podría materializarse por dos vías diferentes.
En primer lugar, los habitantes de Allen deberán decidir en el referéndum si el intendente continúa en su puesto una vez que el Concejo cumpla con los requisitos establecidos por la normativa municipal. En segundo lugar, la Carta Orgánica estipula que una condena firme en la causa penal conllevaría su destitución, mientras que una absolución le permitiría recuperar el cargo, en caso de que siguiese suspendido.
La recolección de firmas inició oficialmente el 10 de septiembre, cuando el Concejo Deliberante habilitó cinco libros para que los vecinos pudieran expresar su apoyo a la revocatoria. El requisito para avanzar con el proceso representa el 20% del padrón electoral de 2023.
Es importante señalar que alcanzar esta cantidad de firmas no implica la destitución inmediata de Román. El siguiente paso será que el Concejo Deliberante formalice el cumplimiento del requisito y fije la fecha de la consulta popular.
Los promotores de la revocatoria decidieron, no obstante, mantener abierta la convocatoria hasta el viernes 9 de octubre, fecha de vencimiento del plazo para el uso de los libros de adhesión. Su objetivo es superar con creces el mínimo requerido de firmas.
La revocación se inscribe en un conflicto más amplio que ya había llevado a Román a ser el centro de una disputa institucional. En julio, el Concejo Deliberante aprobó por seis votos a favor y tres en contra su suspensión preventiva mientras se llevaba a cabo la investigación judicial por supuestas irregularidades en la administración de los recursos municipales, lo que incluyó allanamientos en las oficinas de la Municipalidad.
La decisión se basó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que permite la suspensión preventiva de un funcionario bajo investigación penal. De acuerdo con esta norma, si la Justicia lo absuelve, el funcionario recupera automáticamente su puesto; en cambio, una condena firme permitiría su destitución.
Román criticó esa resolución y la calificó como un “golpe institucional”. También hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que consideró la situación como un conflicto de poderes. En ese contexto, el intendente sostuvo que no pensaba renunciar y que dejaría el cargo de manera provisional, cumpliendo así con la decisión del Concejo.
Mientras la investigación judicial avanza, el proceso de revocatoria se presenta como una nueva dimensión para definir el futuro político del jefe comunal. Si este trámite avanza, serán finalmente los ciudadanos de Allen quienes decidirán sobre su continuidad en el cargo.
