Luego de votar en contra de un proyecto de ley que buscaba contratar como empleados públicos a los beneficiarios del Plan Inclusión, diputados opositores de San Luis denunciaron que fueron “encerrados con candados” el miércoles en la Legislatura provincial. Mientras tanto, en las inmediaciones del edificio quienes cobran esta asignación generaban disturbios y destrozos.
“Soy diputado provincial en San Luis, por votar en contra de un proyecto de Alberto Rodríguez Sáa estoy privado de la libertad junto a otros 21 legisladores, nos encerraron con candados, no nos permiten salir”, dice el mensaje que compartieron a través de sus redes sociales los legisladores que se opusieron a la medida, dentro de los que se encuentran Gastón Hissa, el próximo intendente de la ciudad de San Luis.
De esta manera, enviaron un mensaje al mandatario provincial al escribir: “Gobernador Ud. es el responsable de nuestra seguridad y la de nuestras familias”.
La iniciativa consiste en modificar el Presupuesto 2023 para poder destinar fondos a realizar nuevos nombramientos e incorporar así a la gestión pública a los beneficiarios de los planes sociales que prestan servicios en entidades del Estado, pero no cuentan con un contrato laboral,
El proyecto de ley contaba con la media sanción del Senado, pero necesitaba la aprobación de la Cámara de Diputados provincial para poder implementarse. La modificación de la ley presupuestaria no pudo ser tratada la semana pasada por no conseguir quórum, pero los legisladores lograron iniciar la sesión el miércoles.
Así, la medida fue rechazada con 22 votos en contra, emitidos por los legisladores de la oposición pertenecientes a los partidos Avanzar, PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) y otros cuatro diputados que se separaron del bloque oficialista un día antes de la votación, quienes consideraron a la propuesta como inconstitucional, al tiempo que acusó al Ejecutivo de no poder convalidar los contratos firmados en junio, durante la campaña electoral. Solo 19 diputados apoyaron la modificación.
Mientras los legisladores exponían la situación en las redes sociales, fuera de la Legislatura, un grupo de personas que esperaban la aprobación de la medida generaron destrozos y atacaron el edificio legislativo.
Derribaron las rejas de acceso, quemaron cubiertas, rompieron vidrios y puerta, exigiendo la presencia de los diputados. Sin embargo, la Policía hizo un cordón dentro del perímetro del edificio y logró controlar la situación.
En paralelo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, y su homólogo en el Senado provincial, Eduardo Mones Ruiz, junto con otros legisladores se reunieron con tres representantes de los beneficiarios del Plan Inclusión para explicarle lo que había sucedido en la sesión y poder poner fin a los reclamos. En esa conversación, apuntaron contra los diputados opositores, al alegar que no responden sus teléfonos desde hace una semana.
