El secretario general de Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, envió este martes una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que reclamó una solución al conflicto salarial que mantienen los choferes de colectivos con las empresas del sector que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió por la una posible paralización del servicio que pondría “en riesgo la paz social”. La paritaria no avanza, indican las cámaras empresarias, debido a que no tienen los subsidios garantizados por parte del Gobierno nacional ni la provincia de Buenos Aires, en medio del pedido por aumentos en el boleto y el amparo que suspendió el incremento previsto para febrero.
El pedido llegó tras la salida de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura y el pase a Economía de las secretarías que dependían de esa área. Una de las que quedó bajo la órbita de Caputo fue la Secretaría de Transporte, clave en el ajuste fiscal que tiene como objetivo para 2024.
“Señor ministro el transporte público está en emergencia, sin capacidad de funcionar según lo establecen las normas que lo regulan, las empresas manifestaron no tener sus costos actualizados, especialmente por el precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte”, comenzó la nota enviada por Fernández al titular del Palacio de Hacienda.
“En nuestro caso, se debió aplicar la cláusula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo, e iniciar una negociación salarial a partir del primero de enero de este año”
El sindicalista aprovechó para lanzar un dardo a Ferraro tras su salida del Gabinete: “La situación debió estar solucionada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura, el ex ministro Ferraro, a través de la Secretaría de Transporte, pero nada sucedió, por el contrario, fue tal la pasividad puesta a disposición de la solución, que hoy ponen en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellos de bajos recursos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo”.
En ese sentido, Fernández destacó que ahora Caputo tiene la responsabilidad de encarrilar el problema para encontrar una solución que evite una paralización del transporte en el AMBA, “poniendo en riesgo la paz social”.
“Señor ministro queremos ser parte de una solución de consenso, donde el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma, las empresas concesionarias y los trabajadores asumamos la responsabilidad que nos corresponda y evitar una situación no deseada que afectará a la población en su conjunto”, solicitó el secretario general de UTA. La carta finalizó con un pedido de “entrevista personal” con el ministro Caputo o alguna autoridad con “suficiente capacidad de decisión” para evitar la “paralización del transporte público”.
Los subsidios, en el centro del conflicto
El conflicto paritario de la UTA tiene lugar en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y las cámaras empresarias por la cuenta de subsidios al transporte en el AMBA. Para el Ministerio de Economía esa es una de las partidas a recortar en su objetivo de equilibrio fiscal para 2024, por una cuenta de $90.000 millones mensuales que se dividen, mitad y mitad, entre Nación y PBA.
A través de un decreto publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial, el Transporte convocó a la audiencia pública donde se discutirá el incremento del 250 por ciento. La intención oficial es que desde febrero el mínimo del colectivo pase a costar $270 en zonas metropolitanas y quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada la tarifa se iría a casi el doble. En tanto, para los trenes, el nuevo esquema quedará en $130,00 con SUBE para la primera sección y $430 en efectivo; $169,00 para la segunda sección con SUBE y $430 en efectivo y, finalmente, de $208,00 con SUBE y $430 para la tercera sección.
Pero el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo en el que cuestionó la legalidad del proceso de consulta propuesto por la Secretaría. Cuestionaba puntualmente que no se garantizaba la opinión ciudadana y reclamaba audiencias públicas en vez de comentarios en una página web, en donde se detectaron problemas. La Justicia hizo lugar al pedido, suspendió los incrementos, y ahora el Gobierno apeló ese fallo.
En ese marco, UTA pidió a las empresas un un salario inicial conformado de $777.700 para enero, de $972.125 para febrero, y una suma no remunerativa de $126.921, como reconocimiento de la diferencia entre la inflación y el incremento acordado para el mes de diciembre de 2023.
Al respecto, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó: “Nosotros hicimos una oferta que no contempla la recomposición de diciembre, porque en Transporte nos dijeron que el reconocimiento de tarifa se va a hacer con un cálculo desde enero. El problema es que el Estado no quiere poner la plata y la gente no puede pagar una tarifa mucho más alta de la que se proponía”.
“Nosotros recibimos subsidios por costos calculados a septiembre pasado, es insostenible. Y el Gobierno tenía previsto otorgar fondos en base al nuevo cuadro tarifario que ahora se suspendió con la cautelar, por lo que es probable que el incremento en los boletos se aplique recién a mediados de febrero”, comentó Fusaro.
