El Decreto de Necesidad y Urgencia, en tanto mecanismo de gobierno que utilizaron profusamente todos los presidentes de la historia reciente, quedó como nunca bajo la lupa con el mega DNU de Javier Milei, sea por su magnitud y sus alcances inéditos o por la debilidad política del Gobierno en el Congreso. Unión por la Patria apuesta a que el posible rechazo del decreto libertario en el Senado sirva de “onda expansiva” y facilite las mayorías para rechazarlo en la Cámara Baja.
Mientras tanto, los bloques dialoguistas trabajan y conversan entre sí para desde el 1° de marzo -con el comienzo de las sesiones ordinarias- impulsar proyectos que restrinjan el mecanismo y que en la Argentina deje de ser más fácil mantener la vigencia de un DNU que sancionar una ley, algo en lo que el kirchnerismo tiene bastante de responsabilidad.
Este jueves, se reunió por segunda vez la Bicameral de Trámite Legislativo que debe analizar la validez de DNU de desregulación económica 70/23 que Milei firmó el año pasado. Entre denuncias de UxP por nuevas maniobras “dilatorias”, la comisión resolvió por mayoría citar a los principales funcionarios del Ejecutivo y continuar la discusión la próxima semana.
Pero tanto en el oficialismo como en los bloques más dialoguistas dan casi por seguro que los números están en el Senado para que el decreto sea rechazado en el recinto. La incógnita sigue siendo cuánto aguantará la presión la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ya tiene 4 pedidos de sesión, no solo de PJ-K, sino también de bloques provinciales, aliados federales y un sector del radicalismo. Incluso el jefe del bloque de senadores del PRO, Luis Juez, opinó que la titular de la Cámara debe cumplir el pedido, aunque el bloque no lo acompañe.
Menos claro es qué podría suceder eventualmente en Diputados: “Tomamos la decisión de canalizar primero a través del Senado. Si lo rechaza el Senado en el recinto va a haber un efecto expansivo y vamos a presionar a fondo acá para hacer lo mismo, hablar con el resto de la oposición, ya con ese antecedente indisimulable”, señalaba un diputado de UxP.
En paralelo, distintos sectores de la oposición avanzan con otra estrategia que apunta al DNU en tanto herramienta, más allá del mega decreto de Milei (que ya firmó una quincena en lo que va de mandato, pero ninguno de la misma magnitud). Es decir, modificar la ley 26122, que regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo.
La ley, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner e impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, establece entre otras cosas que la derogación de un DNU solo se da por el rechazo de ambas cámaras (es decir, si una de las cámaras no lo rechaza sigue siendo válido) y que no se pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, es decir, no se puede segmentar ni modificar.
Desde entonces existieron varios proyectos para modificar la norma. Ya bajo gobierno de Javier Milei, luego de que el presidente firmara su decreto desregulador, la primera en presentar una iniciativa en ese sentido fue la senadora radical Carolina Losada, que forma parte del sector de la UCR que acompaña el plan de reformas del Gobierno.
Losada hizo, en realidad, dos presentaciones. Por un lado, una “ley espejo”, es decir, un proyecto que replica el contenido del mega DNU 70/23, que daba la posibilidad de ratificar con una ley las reformas decretadas y hoy en riesgo de ser rechazadas en el Congreso y en la Justicia o que, como en el capítulo laboral, ya están frenadas por fallos judiciales.
Por otro lado, -junto a otros senadores radicales y federales- presentó una iniciativa para modificar la ley 26122 que, además de habilitar las modificaciones y la aprobación parcial para los DNU, pone límites más precisos de tiempo. Pero además, los decretos perderían vigencia cumplidos los plazos de tratamiento -a diferencia de lo que ocurre hoy, que el tiempo juega a favor de su vigencia-, y para ser considerado válido debería contar con la aprobación de las dos cámaras, como cualquier ley, a diferencia de ahora que alcanza con que una no lo rechace.
En Diputados, la Coalición Cívica -que integra el bloque que conduce Miguel Pichetto, Hacemos Coalición Federal- ya presentó un proyecto para el DNU pueda ser tratado parcialmente y también establece que el rechazo de una de las cámaras implique su derogación.
El Partido Socialista -que también forma parte de HCF y tiene dos diputados, Esteban Paulón y Mónica Fein- tenía previsto presentar en las próximas horas una versión actualizada de un proyecto presentado en años previos en el mismo sentido: incluirá límites precisos de tiempo en los que deberán ser tratados los DNU en la Bicameral y en el recinto -so pena de ser invalidados-, y sobre todo la necesidad de que sean aprobados por ambas cámaras para mantener vigencia.
Existe ya un proyecto reciente en la misma línea del santacruceño Sergio Acevedo, del bloque que responde al gobernador de la provincia Claudio Vidal (que también tiene dos senadores), y diputados de la UCR estarían trabajando en estas horas en un proyecto similar, como ya lo habían hecho durante el gobierno de Alberto Fernández. .
Superado periodo de sesiones extraordinarias, cuando solo pueden tratarse los proyectos que el Poder Ejecutivo defina en un temario, y luego de que el presidente abra este viernes el periodo de sesiones ordinarias, los distintos bloques opositores tienen previsto buscar acuerdos puntuales con otras fuerzas, que podrían ser por ley, para impulsar agendas en común.
Por otra parte, en UxP, como lo hizo público este jueves durante la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo su jefe de bloque Germán Martínez, considera que la posibilidad de modificar la norma que regula el tratamiento legislativo de los decretos podría ser funcional al Gobierno si está orientado a intentar aprobar parcialmente el mega DNU de Milei, algo que la norma no permite.
Podría suponer un desafío discursivo para el bloque que cuestiona la utilización de la herramienta que hace el presidente libertario, amparado hoy en el margen de maniobra que le dio una ley aprobada durante uno de los gobiernos K.
