“Está todo saliendo bien. Vamos cumpliendo los objetivos”. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich monitorea el operativo de seguridad para evitar que ATE concrete la protesta de ingresar masivamente a las oficinas del Estado después de la ola de despidos. “Lo decidiremos, depende del final del día”
Uno de los epicentros de la protesta es la sede del ex Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que el Gobierno ordenó cerrar. Los trabajadores despedidos del organismo se enfrentaron a la policía e ingresaron al edificio en rechazo a las cesantías, como parte de las protestas de ATE, con reclamos de reincorporación de empleados y renovación de contratos.
El secretario general del gremio de estatales ATE, Rodolfo Aguiar, criticó en su cuenta de X: “Están llenando de policías las dependencias públicas. No hay plata para comprar comida, no hay plata para comprar remedios, pero si hay plata para reprimir”. Y siguió: “Pusieron de secretario de Trabajo (Julio Cordero) a un gerente de recursos humanos de uno de los grupos económicos más poderosos. El gobierno de Javier Milei decidió tercerizar el ajuste. ¡Pero les vamos a dar pelea y se la vamos a sacar!”.
La ministra siguió el minuto a minuto del operativo de seguridad que comunicó al Presidente, pero que desde temprano sigue sola con su equipo. “El Presidente está atendiendo otros asuntos”, se le escuchó decir esta mañana a la funcionaria, que tiene como uno de los pilares de gestión: “recuperar la calle”.
ATE anunció la protesta como plan de lucha después de la ola despidos que anunció el Gobierno. El propio Milei había hablado de 70 mil, cifra que después desde el Gobierno aclararon que en principio serían unos 15 mil. En sintonía con la advertencia de Bullrich, el vocero presidencial Manuel Adorni señaló esta mañana: “Lo que sea fuera de la ley tendrá las consecuencias correspondientes”. Y justificó los despidos: “Es parte del trabajo que estamos haciendo para achicar los gastos del Estado. Era personal que no es necesario”.
El Gobierno lleva adelante un plan de recorte del Estado que incluye la baja de contratos en todas las áreas. La orden, cuando asumió Javier Milei, fue un achique del 30% de las planillas de personal. El ajuste empezó a concretarse en etapas, sobre todo después de que la Justicia frenó la reforma laboral del mega DNU. Ahora el Gobierno espera que el capítulo laboral sea aprobado con la ley mini ómnibus que trataría Diputados a fines de abril. La Corte decidió, por ahora, no expedirse sobre ese capítulo, que para el Gobierno es medular.
