El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, suspendió este miércoles la emergencia presupuestaria declarada el pasado 10 de abril, días antes de la masiva marcha en protesta a la gestión de Javier Milei.
“Esto surge a partir del refuerzo que el Gobierno Nacional aprobó hoy tras las negociaciones con las autoridades de la Universidad”, expresaron las autoridades de la UBA mediante un comunicado. “Este presupuesto está destinado exclusivamente al funcionamiento operativo de esta institución. De todos modos, continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura”, agregaron.
Hace poco más de un mes, la casa de estudios se declaró en emergencia presupuestariay decidió restringir los servicios de luz y gas en los espacios comunes.
Las medidas se llevaron a cabo en reclamo ante la decisión del Gobierno de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior de la UBA manifestó: “Con el refuerzo asignado se ha incrementado el presupuesto para gastos de funcionamiento que oportunamente había sido prorrogado. Las resoluciones mencionadas implican una actualización de los gastos, sin incluir salarios y otras partidas, del 270% interanual respecto del presupuesto sancionado para la universidad en 2023 y de 300% para los hospitales universitarios y aquellas funciones de la universidad vinculadas al área asistencial”.
En el documento se menciona que “las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”.
Por este motivo, el Consejo Superior resolvió “suspender a partir del día de la fecha la emergencia presupuestaria en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires”.
Como parte de la misma resolución, también declaró el “estado de alerta” y “profunda preocupación en materia de recomposición salarial”.
En ese sentido, instaron a “un pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y no docentes a un salario justo; así como también respecto a las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”.
Asimismo, el Consejo Superior de la Universidad se manifestó a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas.
