No resulta coincidencia, según el entorno de Cristina, que la reprimenda judicial por las movilizaciones hacia el domicilio de San José 1111 haya sido emitida en la antesala de esta fecha conmemorativa. Desde La Cámpora apuntan su crítica hacia el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien forma parte del tribunal encargado de ejecutar la pena.
“Es el juez que tomó mate con el escudo del equipo de fútbol de Mauricio Macri. Y que jugaba al fútbol con él además”, comentó un integrante de la organización. A un año de su detención domiciliaria, el núcleo duro del kirchnerismo y sectores del peronismo mantienen la convicción de que existe una mano oculta del lawfare tras su condena.
El episodio del mate fue uno de los más controversiales y comentados del juicio por la causa Vialidad. En agosto de 2022, se publicaron fotografías donde Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani aparecían jugando en un equipo de fútbol amateur, el “Liverpool”, que participaba en torneos en Los Abrojos, la residencia del expresidente Macri. La revelación llevó a la defensa de Cristina Kirchner a solicitar la recusación del juez, argumentando una supuesta falta de imparcialidad por connivencia política y judicial, acuñando la expresión “el Liverpool de Los Abrojos” en su cuestionamiento. El descontento aumentó cuando el magistrado fue sorprendido en una audiencia virtual sosteniendo un mate con los colores de ese equipo.
La imagen fue rápidamente compartida en redes sociales y fue interpretada por el kirchnerismo como un acto provocador. Semanas después, el propio Giménez Uriburu interrumpió al abogado defensor Maximiliano Rusconi para ofrecer una explicación sobre el suceso: argumentó que había tomado el mate de manera automática mientras estaba en línea desde su casa, sin notar el distintivo.
El nombre del juez sigue resonando en el entorno de Cristina, especialmente tras una reciente advertencia formal emitida por su resolución debido a una movilización hacia la esquina de Constitución donde se exhibió una bandera argentina de esquina a esquina con la inscripción “De San José a Casa Rosada”.
El intendente de Hurlingham, Damián Selci, ya había presentado un mapping sobre la Casa Rosada semanas antes, pero esta vez la Justicia señaló un hecho específico: uno de los anclajes de la bandera había estado atado al balcón de San José 1111, lo que, según la resolución del tribunal, sugiere un involucramiento activo en la preparación del acto, a diferencia de anteriores eventos donde Cristina se limitó a observar desde el balcón. Además, se mencionó la falta de permiso de la Ciudad para colgar el cartel.
“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, sostiene el fallo.
A un año de que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Vialidad, y tras la implementación de la prisión domiciliaria, la Justicia federal se muestra resistente a flexibilizar el régimen de detención solicitado por la defensa de Cristina Kirchner.
La defensa aún posee opciones de apelación local ante esta demanda, pero ya considera la posibilidad de elevar el caso a instancias internacionales, como la CIDH. Es probable que se agoten las opciones en la justicia argentina antes de buscar este nuevo nivel.
En este tiempo, las condiciones de su prisión domiciliaria se han endurecido notablemente, incluyendo monitoreo técnico riguroso, restricciones severas a su movilidad interna y control sobre sus actividades diarias. El tribunal rechazó la solicitud de la defensa para levantar la tobillera electrónica, manteniendo el esquema operativo inalterado.
Actualmente, Cristina Kirchner solo puede acceder a la terraza o áreas al aire libre una vez al día, con un límite máximo de dos horas, restringiendo así su capacidad de movimiento. Además, el régimen actual limita el acceso libre de sus familiares directos, médicos y abogados, y cualquier otra visita, como dirigentes o militantes, requiere autorización previa del tribunal. La defensa debe justificar el motivo, fecha y hora de cada encuentro, con un máximo de tres por semana.
Desde La Cámpora consideran que “son restricciones que se encuadran en persecución y ensañamiento”. En este contexto, se prevé que realicen una marcha el próximo sábado 20 en Parque Lezama.
