Las pruebas admitidas por el juez incluyen una serie de requerimientos a organismos públicos y instituciones privadas en Argentina, así como la emisión de exhortos hacia otros países. En particular, se está investigando a la Consultora San Andrés, que podría funcionar como una sociedad pantalla, así como la subvaloración de un tríplex ubicado en el edificio Los Molinos Building, un desarrollo de Faena Properties en Puerto Madero. También se examina el flujo de fondos entre Argentina, Miami y Emiratos Árabes.
Aunque la PIA había solicitado que se citara a Vázquez para indagatoria, el juez no estableció una fecha para ello. El fiscal Sergio Rodríguez, a cargo del caso, argumentó que “sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial”.
Esta resolución se produce en un contexto en el que el Gobierno ha defendido a Vázquez, indicando que ya había sido sobreseído por este asunto y argumentando que se trata de una cuestión juzgada previamente. Santiago Caputo, asesor de Vázquez, también expresó en contra de las afirmaciones publicadas recientemente.
La investigación busca determinar si Vázquez ha cometido irregularidades al adquirir y manejar al menos tres departamentos en Miami por un total de 2,1 millones de dólares, fondos que no fueron declarados ante el fisco argentino ni ante la Oficina Anticorrupción (OA). A partir de datos recopilados en el transcurso del caso, la PIA ha considerado pertinente investigar además a Vázquez por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos relacionados con dádivas, así como evasión de impuestos.
En este contexto, la PIA ha solicitado a ARCA que proporcione información adicional sobre Consultora San Andrés SA, la empresa que Vázquez comparte con su hermana, y ha requerido que se emitan oficios al Colegio de Escribanos para obtener copias de documentos relacionados con las compraventas de propiedades. Entre los escribanos implicados se encuentran Eduardo Daniel González, quien participó en la adquisición del tríplex de Juana Manso, y Rodolfo Mendoca Paz, que estuvo involucrado en las transacciones del Chateau Puerto Madero.
Además, se ha solicitado información a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor y a la ANMAC (exRENAR) para esclarecer quién gestionó el blindaje de un vehículo BMW y qué personas estaban autorizadas para conducirlo, así como al Banco Central.
