Los magistrados deben decidir si el caso permanecerá en el juzgado federal de Campana, al que llegó debido a una maniobra de quienes figuran como propietarios de la propiedad, o si regresará al ámbito del juzgado en lo Penal Económico. La semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que había dispuesto la transferencia del caso al juzgado federal de Campana, dirigido por el juez Adrián González Charvay. Esta decisión anterior provenía de la Cámara Federal de San Martín, pero Casación determinó que la Cámara en lo Penal Económico es la competente para tomar dicha decisión.
Casación ha solicitado que esta resolución se tome “con la celeridad que el caso impone”.
En la investigación se examina la compra de la extensa casa con helipuerto, registrada a nombre de Real Central, una sociedad representada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quien es jubilada. Sin embargo, ambos carecen de la capacidad económica necesaria para realizar tal adquisición. Existen sospechas de que el verdadero propietario es Toviggino, debido a que en la casa se encontró un bolso de la AFA y una placa de Barracas Central, club dirigido por Claudio “Chiqui” Tapia, con su nombre. Además, la propiedad alberga 54 vehículos de lujo con cédulas azules a nombre de familiares del tesorero, y Pantano poseía una tarjeta corporativa de la AFA que utilizaba para cubrir diversos gastos, incluyendo los Telepase de los autos.
Antes de que el caso se trasladara a Campana, el juez Marcelo Aguinsky, quien se desempeñaba en lo Penal Económico, había planteado la hipótesis de que la mansión fue adquirida utilizando fondos de la AFA a través de una gestión fraudulenta de la entidad. Esta línea de investigación fue retomada por el juez González Charvay, quien solicitó un peritaje sobre los fondos de la AFA.
Si la Cámara en lo Penal Económico opta por devolver el caso a este ámbito, Aguinsky ya no será el juez asignado a la investigación, dado que su reemplazo ha finalizado. Actualmente, el expediente se encuentra en el juzgado 10, que está vacante, y será la jueza Verónica Straccia quien asuma la continuación del caso.
El primer paso será recibir el dictamen del fiscal Pérez Barberá. Todos los fiscales que han intervenido hasta ahora coinciden en que la investigación debe realizarse dentro del fuero Penal Económico.
Los camaristas Hornos y Robiglio tienen decisiones cruciales pendientes en un caso que involucra a la AFA, incluyendo la confirmación o no del procesamiento de Tapia, Toviggino y otros dirigentes del fútbol por la retención indebida de 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes.
