En las reuniones sectoriales de maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, liderados por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores. Esto se lograría mediante la otorgación de garantías totales o parciales para respaldar créditos provenientes de entidades financieras destinadas a la compra de trigo y maíz en el mercado local, utilizados como insumos en la cría de ganado y en la producción de alimentos.
Estos préstamos, que serán ofrecidos por bancos públicos y privados, contarían con el respaldo del Fondo de Garantías Argentino (Fogar). De esta manera, los productores podrán evitar trasladar de forma directa los eventuales aumentos en sus costos de producción a los precios finales, lo que les permitirá sobrellevar mejor estas variaciones.
La propuesta se enfoca en los criadores de ganado y los molinos de trigo, como una forma de frenar el aumento de precios de la carne y el pan.
El Gobierno también ha solicitado a cada sector un informe detallado sobre la demanda de granos, con el fin de trabajar junto a los productores primarios para garantizar precios y cantidades. Por ejemplo, la industria avícola ha señalado que ha superado las dificultades a corto plazo, mientras que los molinos confían en poder sortear la situación rápidamente.
Otra medida que se encuentra en discusión, aunque aún en fase preliminar, es la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex, con el objetivo de asegurar volúmenes anuales a precios más bajos.
Los representantes del sector agropecuario, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han propuesto al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo utilizaría parte de los ingresos adicionales que se espera recaudar este año a raíz del inesperado aumento de precios internacionales de las commodities, generando así un colchón que permita “desacoplar” los precios internos, un objetivo que el Gobierno persigue para evitar que el alza de precios internacionales afecte el mercado local.
De acuerdo con los cálculos de los actores involucrados, el Gobierno proyectó recaudar cerca de $ 5835 millones este año por derechos de exportación vigentes, pero a los precios actuales, esa cifra podría verse incrementada, superando los $ 8000 millones. El sector espera que una porción de los más de $ 2200 millones en exceso regrese a la actividad agropecuaria, aunque se anticipa que parte del superávit se destinará a cubrir la demanda de insumos importados en la industria.
Recientemente, se conoció que el Gobierno ha decidido no avanzar por el momento con un aumento de retenciones a las exportaciones de granos, a fin de no tensar las relaciones con el sector agropecuario y evitar comprometer una agenda de trabajo que trasciende lo coyuntural.
No obstante, la inflación en alimentos es una preocupación para muchos funcionarios, especialmente tras conocerse que la canasta básica alimentaria, que mide el umbral de la indigencia, aumentó más de 10 puntos por encima de la inflación general del 2020, situándose en un incremento del 45,5%. En un año electoral, con los ingresos real perdiendo frente a la inflación, se pueden anticipar medidas contundentes.
El pasado jueves, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó en una reunión del gabinete económico, donde presentó un informe sobre el impacto del aumento de precios a nivel internacional y las medidas que el Gobierno está articulando con la cadena agroalimentaria para garantizar que los alimentos tengan “valores que sean razonables para la población”. El ministro indicó que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y aseguró que el Gobierno trabaja para implementar estas acciones “con el consenso de todos los actores”.
