Este paquete de reformas abarca tres áreas clave: la reestructuración del mercado de capitales, una liberalización del sector inmobiliario y una transformación integral del régimen de cabotaje y la Marina Mercante.
Se ha podido saber que estas iniciativas forman parte de una estrategia gubernamental más amplia, orientada a restaurar la centralidad política y reforzar la percepción de un Gobierno activo a través de la acumulación de proyectos legislativos en simultáneo.
Sin embargo, se estima que este nuevo envío no incluirá una esperada modificación de las regulaciones en el sector de seguros.
El ministerio de Sturzenegger ha propuesto diversas iniciativas en el último año, que han abarcado tanto decretos como resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y propuestas de ley.
No todas estas iniciativas han tenido éxito; en 2025, el Congreso rechazó el DNU 340/2025, que introducía flexibilizaciones en el régimen de la Marina Mercante, aumentando el plazo de permanencia de buques internacionales en operaciones de cabotaje de 30 a 60 días y declarando la navegación como un servicio esencial.
Este traspié en el ámbito judicial y parlamentario llevó al Ejecutivo a replantear su estrategia a través de la presentación de proyectos legislativos, prometiendo mayor previsibilidad institucional.
La reforma impulsada por Sturzenegger tiene como objetivo profundizar el cambio normativo que se iniciara con las resoluciones de la CNV. El ministro describió el esquema como una reforma estructural significativa para el mercado de capitales, el financiamiento de empresas y los instrumentos de ahorro de los argentinos.
El eje central radica en sustituir la aprobación previa del organismo regulador por una simple presentación para la mayoría de las emisiones de deuda, acciones, y otros instrumentos financieros, siempre que no superen los 100 millones de UVAs.
Asimismo, se plantea reducir el umbral patrimonial para ser considerado “inversor calificado” de 350.000 a 200.000 UVAs, ampliando así el número de personas habilitadas para acceder a colocaciones sin límites.
El objetivo expuesto por Sturzenegger es que las pequeñas y medianas empresas puedan financiarse mediante la emisión de acciones u obligaciones negociables por montos inferiores a 140 millones de dólares, eludiendo así la necesidad de autorizaciones previas y el acceso al crédito bancario.
El proyecto también busca modificar el régimen actual para eliminar restricciones en la actividad, aligerando el peso de los colegios profesionales y suprimendo barreras de entrada, argumentando que estas encarecen las operaciones.
Entre las propuestas debatidas por los equipos técnicos se encuentra la eliminación de la matrícula obligatoria para los corredores, permitiendo que tanto personas naturales como jurídicas participen en la intermediación inmobiliaria, la libre negociación de honorarios y un mayor uso de plataformas digitales para realizar operaciones.
Sturzenegger ya había manifestado que considera que los aranceles mínimos y las restricciones profesionales limitan la competencia y elevan de manera artificial los costos para compradores y vendedores.
Sin embargo, esta iniciativa enfrenta una notable resistencia por parte de los colegios inmobiliarios, que argumentan que la matriculación garantiza la seguridad jurídica y el profesionalismo en las transacciones.
El tercer proyecto abarca una reforma integral del régimen de Marina Mercante, enfocándose particularmente en el cabotaje.
El nuevo enfoque propone reemplazar el avance anterior por un decreto por un proyecto de ley más completo que contemplaría cambios en la Ley de Cabotaje, modificaciones en la navegación interior y nuevos criterios para la actividad de practicaje.
El objetivo del Gobierno es disminuir los costos logísticos asociados al transporte fluvial y marítimo, facilitar la incorporación de nuevos operadores y aumentar la competitividad frente a países vecinos.
Dentro del oficialismo se argumenta que el esquema actual genera sobrecostos que impactan negativamente en el comercio y la producción.
No obstante, el proyecto también enfrenta la oposición de algunos sectores navieros y sindicales, que advierten sobre el posible ingreso de embarcaciones extranjeras bajo condiciones laborales distintas y sus efectos sobre la marina mercante nacional.
Recientemente, el texto ha sufrido modificaciones y su envío se ha demorado debido a discusiones técnicas y objeciones formuladas por diversos organismos oficiales.
