La relevancia de este decreto radica en que su implementación ha demostrado no tener un impacto positivo en la población, contrariamente a lo esperado. En lugar de beneficiar a la gente, ha favorecido a un selecto grupo de beneficiarios, entre los que se encuentran entidades bancarias, compañías de pagos digitales, prepagas, asociaciones de propietarios y algunos prominentes empresarios.
Desregulación de intereses y comisiones de tarjetas
El DNU eliminó las regulaciones en el cobro de intereses y estableció que las emisoras de tarjetas puedan ofrecer comisiones diferenciadas en función del comercio. Un informe de CEPA, titulado “El Mega DNU del gobierno de Milei: desregulaciones, desguace, extranjerización y fuerte retroceso en derechos laborales”, advierte que en un contexto de disminución del poder adquisitivo, el incumplimiento de pagos mínimos puede derivar en aumentos significativos de intereses, al eliminarse los topes. Como resultado, se observó un incremento en los niveles de morosidad, alcanzando un récord histórico del 12,9% en entidades bancarias y 34,2% en billeteras digitales a agosto de 2026.
Esta situación ha contribuido a la precarización del endeudamiento, donde las familias incurren en deudas a través de tarjetas o créditos para cubrir necesidades básicas. Cuando no pueden cumplir con los pagos, los bancos cortan el financiamiento, empujándolos hacia opciones de mayor riesgo, como las billeteras digitales, que poseen costos exorbitantes y métodos de cobro agresivos. Esto a menudo culmina en una espiral de endeudamiento informal, con tasas usurarias y prácticas coercitivas.
Desregulación en la salud
El DNU 70 también liberalizó los precios de las prepagas. El interés por la norma se expresó en palabras del ministro Federico Sturzenegger, quien afirmó en marzo de 2024 que la regulación de los precios había estado afectando en un contexto de alta inflación y que los precios debían ajustarse. Con esta norma, el Estado cesó de regular los aranceles mínimos y los incrementos basados en costos, permitiendo que las prepagas varíen las subas entre sus distintos planes de salud. A pesar de un intento temporal por frenar los aumentos, las cuotas volverían a liberarse poco después.
Como resultado, desde que asumió Milei, los costos de la medicina prepaga han aumentado un 486%, en contraste con una inflación del 336%. Esto ha llevado a un éxodo hacia la atención pública, aumentando significativamente la cantidad de personas que recurren al sistema de salud estatal, que ya estaba sufriendo recortes presupuestarios.
Desregulación de alquileres
La normativa introducida al inicio del mandato de Milei permitió negociar contratos de alquiler sin restricciones, aplicando ajustes a discreción y eliminando la obligación de registración. Sturzenegger expresó que habían liberado por completo el mercado de alquileres. Desde entonces, los resultados han sido impactantes: mientras que el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 336% entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los alquileres se dispararon un 818% en promedio nacional. La situación ha devenido en condiciones graves para quienes buscan vivienda, evidenciando el desafío que enfrenta la clase trabajadora.
Desregulación en la producción de yerba mate
El DNU derogó la ley que regulaba la creación de establecimientos para un Régimen de Envasado en Origen y afectó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Esto significó que se eliminaran los acuerdos que regulaban los precios de la materia prima y se permitiera una mayor concentración de tierras, afectando negativamente a cooperativas y pequeños productores en beneficio de empresas procesadoras, como una de las más destacadas en el sector.
Los resultados de esta implementación son alarmantes: en junio de 2026, el precio que recibían los productores era de solo $280 por kilogramo, mientras que el costo de producción ascendía a $473,70. Esto representa una pérdida significativa para los productores, quienes apenas obtienen un 16,1% del precio final en góndola. La desregulación, por lo tanto, impacta en la producción y el sustento de quienes dependen de este cultivo.
¿Se comprende mejor ahora la decisión de la Corte?
