Los rectores han descartado la posibilidad de organizar una marcha hacia los Tribunales para presionar al máximo Tribunal, que tiene la última palabra. La Procuración ha solicitado a los magistrados que convoquen a conjueces, dado que varios jueces supremos ejercen como profesores universitarios y, según la perspectiva oficial, esto podría comprometer su imparcialidad.
“La situación es muy particular porque está marcada por la tensión entre el Gobierno y la Corte. Existe el tema de los pliegos enviados al Senado y la relación con (Horacio) Rosatti. Son muchos los factores que podrían influir, pero primero hay que ver si la Cámara hace o no una aclaración sobre el carácter suspensivo de la medida, hasta que se resuelva el recurso extraordinario en la Corte”, declaró un funcionario que ha estado implicado en negociaciones previas con las universidades.
Javier Milei busca enviar un mensaje claro a los mercados y al FMI sobre su compromiso con el equilibrio fiscal, incluso si esto implica sacrificar el apoyo a su gestión y a pesar de la caída en la recaudación. En la antesala de la marcha, el Ejecutivo decidió reducir recursos destinados a obras en universidades.
