En este sentido, la Casa Rosada busca establecer acuerdos con los gobernadores, a la vez que intenta reconfigurar el mapa legislativo que ha dejado de ser predecible. La presión se siente en dos frentes: hacia adelante, con una agenda que el oficialismo califica de ambiciosa; y hacia atrás, por compromisos pendientes derivados de negociaciones anteriores que todavía no se han materializado en decisiones administrativas.
Uno de los primeros pasos de esta estrategia se dará este martes en el Ministerio de Economía. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, liderará una reunión con técnicos de las diez provincias del Norte que solicitan la implementación de un acuerdo alcanzado durante la negociación para modificar el régimen de Zonas Frías. Durante el debate en Diputados, el Gobierno se comprometió a ofrecer compensaciones a las provincias del norte a través de un tratamiento preferencial sobre los subsidios de electricidad en los meses de altas temperaturas. El acuerdo contemplaba extender los bloques de consumo subsidiado en 300 kWh mensuales para las zonas muy cálidas y 200 kWh para las zonas cálidas.
No obstante, esta compensación no fue incluida en la ley, y aún debe implementarse mediante una resolución de la Secretaría de Energía, que todavía no ha sido emitida. Por ello, Santilli se reunirá con los representantes de las provincias y funcionarios del sector energético para acercar posiciones. A pesar de que es posible que participe algún gobernador, desde el entorno de Santilli se destaca que se tratará de un encuentro esencialmente técnico, con el fin de establecer el mecanismo en la reglamentación de la modificación de Zonas Frías, si es que finalmente se aprueba.
Detrás de esta discusión que parece centrarse en tarifas subyace un asunto político crucial: el Gobierno necesita asegurarse los votos de los gobernadores. La prioridad del oficialismo sigue estando en la Cámara de Diputados, donde los negociadores libertarios están trabajando en la creación de una mega sesión el 26 de agosto, con un conjunto de iniciativas que consideran esenciales. La primera estimación de los números es alentadora.
“Creemos que tenemos el respaldo para realizar una buena sesión la semana que viene”, indicó una fuente oficialista involucrada en las conversaciones.
Sin embargo, la situación es más complicada en el Senado. La Libertad Avanza está intentando reconstruir la coalición de 44 votos que alguna vez le permitió superar votaciones difíciles, la cual se ha visto perjudicada por la salida de los representantes de Santa Cruz y la crisis de identidad política que enfrentan ciertos legisladores de Misiones, afectados por la reconfiguración del poder provincial.
En este contexto, ha surgido una frase que se repite en las charlas privadas del oficialismo: “la nueva coordinación” del peronismo. Esto no significa que el Partido Justicialista haya resuelto sus diferencias internas; de hecho, la lucha por el liderazgo en la provincia de Buenos Aires continúa vigente, con figuras como Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa manteniendo posturas dispares. Además, no existe un liderazgo nacional que logre alinear a todos los gobernadores y legisladores.
Lo nuevo es que líderes y gobernadores, que anteriormente operaban de forma aislada, han comenzado a dialogar y a coordinar esfuerzos ante objetivos comunes. Esta situación ya ha tenido consecuencias para el Gobierno; la primera muestra se vio durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la cual fue sancionada en el Senado, pero el oficialismo debió renunciar a incluir en el proyecto original dos capítulos que proponían flexibilizar las restricciones sobre la compra de tierras por extranjeros y eliminar limitaciones para la venta de terrenos afectados por incendios.
Aunque el oficialismo logró la aprobación de la ley, la sensación predominante fue la de una derrota. La Libertad Avanza investigó los movimientos previos a la votación y detectó conversaciones discretas entre dirigentes que habían mantenido relaciones políticas durante años. Massa, por su parte, dialogó con el gobernador salteño Gustavo Sáenz, y hubo presiones sobre los gobernadores de Tucumán y Catamarca.
La coordinación se hizo palpable: los capítulos en cuestión quedaron finalmente excluidos. Sin embargo, el movimiento que más preocupó al oficialismo ocurrió la semana pasada, cuando diez influyentes dirigentes del peronismo se reunieron durante cinco horas en un hotel de la capital. Este encuentro, por su composición, se convirtió en una señal política de gran relevancia. Allí se encontraron Kicillof, Kirchner y Massa, los tres principales actores de la interna bonaerense, junto a varios caciques provinciales como Gerardo Zamora, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, así como José Mayans y Germán Martínez, líderes de las cámaras del Senado y Diputados, respectivamente.
“El esfuerzo y el éxito de la reunión se deben a José y Germán”, señalaron allegados a Massa, intentando restarle importancia a la trascendencia de haber logrado reunir a dirigentes con fuertes diferencias durante tanto tiempo.
No hubo un acercamiento auténtico ni una nueva dirección efectiva, pero sí se alcanzaron algunos acuerdos. Uno de los compromisos más destacados fue el propósito de impedir a toda costa la eliminación de las PASO, una de las metas centrales de la reforma electoral planificada por el Gobierno. Para el PJ, defender las primarias se justifica por la necesidad de contar con un mecanismo que permita dirimir sus internas, pero además encontraron un terreno común para organizar una estrategia de resistencia ante el ascenso de Milei.
Desde la oposición se considera la defensa de las PASO como una causa menos controversial que otras cuestiones en disputa con el Gobierno. La libertad de Cristina Kirchner sigue siendo un motivo que une a los diferentes sectores, pero la protección de las primarias ofrece una contienda institucional y electoral donde pueden coincidir líderes en conflicto por el control del partido. También se anticipa que el encuentro en el hotel no será el último; en el peronismo ya hay planes para reunirse nuevamente en los próximos días, con el objetivo de consolidar el mecanismo de coordinación.
Para el Gobierno, esta amenaza se presenta justo cuando está comenzando a abordar una agenda ambiciosa en el Senado. Entre las iniciativas están el “Súper RIGI”, la Ley Hojarasca, reformas a la Ley General de Sociedades, modificaciones a la Ley de Salud Mental, varias nominaciones judiciales, y la esperada reforma electoral. La eliminación de las PASO aún es un tema en desarrollo, reconocen en la Libertad Avanza.
La complejidad de los números es clara. El oficialismo dispone de 21 senadores y, antes de buscar el apoyo de gobernadores o legisladores cercanos al peronismo, necesita consolidar el respaldo de dos bloques que considera esenciales: los diez senadores radicales y los tres del PRO.
“Cualquier mayoría debe asegurarse primero el apoyo de los diez radicales”, precisaron desde el oficialismo. Sin embargo, el respaldo de los radicales a la eliminación de las PASO sigue siendo incierto, y tampoco hay garantías de los tres votos del PRO. En el mejor de los escenarios, la suma de los 21 libertarios, los diez radicales y los tres macristas se traduce en 34, que son tres votos menos que los 37 requeridos para alcanzar una mayoría.
Esta fragilidad en la aritmética ayuda a comprender por qué el Gobierno ha iniciado, paralelamente, otra negociación política. La semana pasada, dirigentes de La Libertad Avanza y el PRO se reunieron nuevamente en la Casa Rosada, en un encuentro que había sido anticipado. Previo a eso, hubo comunicación entre Karina Milei y Mauricio Macri.
A pesar de meses de distanciamiento, la relación ha comenzado a descongelarse, aunque no se puede hablar de una reconciliación plena. Macri sigue mostrando desconfianza hacia los libertarios, a quienes atribuye zigzagueos en su accionar. Sin embargo, el diálogo se ha reactivado con un objetivo más amplio: explorar un posible acuerdo electoral para 2027.
Macri desea preservar la Ciudad de Buenos Aires, bastión del PRO, al mismo tiempo que podría respaldar la candidatura de Santilli a gobernador bonaerense dentro de una alianza de colores mixtos. En este contexto, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, considera “lógico” que Macri busque mantener el distrito que cimentó el poder nacional del PRO. Sin embargo, advierte que cualquier acuerdo requiere “buena voluntad”.
Bullrich sostiene que el inicio de las conversaciones con su antiguo partido no implica su renuncia a correr como candidata en la Ciudad. Durante el fin de semana, dejó en claro su posición: “No dije que me bajaba”, sostuvo, marcando un mensaje claro hacia el PRO, especialmente en el marco de las negociaciones que Macri intenta establecer con los libertarios. Bullrich está abierta a un entendimiento siempre que exista la voluntad para ello, pero también está dispuesta a competir por la Ciudad si no se logra avanzar, pues considera tener chances de ganar.
Así, la disputa en la ciudad se inserta en una compleja escena de negociaciones a nivel nacional. Macri desea conservar su principal bastión, La Libertad Avanza busca establecer un acuerdo que también incluya la provincia de Buenos Aires, mientras que Bullrich reafirma sus ambiciones en la Capital sin que su cercanía a Macri signifique una renuncia anticipada.
Por otro lado, el Gobierno enfrenta una preocupación adicional que condiciona su estrategia hacia 2027: la necesidad de reactivar la economía. En los últimos días se ha avanzado en las discusiones sobre una iniciativa con potencial de impacto significativo: la utilización de entre USD 2.000 millones y USD 2.500 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para fomentar el crédito hipotecario.
Este proyecto aún se encuentra en su etapa de elaboración. La propuesta no consiste en desprenderse de las acciones o bonos que integran la cartera del fondo, sino en utilizar recursos que deben mantenerse en instrumentos de bajo riesgo para generar colocaciones de largo plazo, lo que permitiría a los bancos contar con financiación estable para ofrecer créditos hipotecarios.
La estrategia busca solventar un problema estructural del sistema financiero argentino: el desajuste entre la duración de los depósitos y los préstamos. “Los plazos fijos en el sistema son a 30 días, mientras que los créditos hipotecarios son a 30 años. Este desajuste podría solucionarse si el FGS subasta tasas para plazos fijos extendidos y esos fondos se destinan a créditos”, explicó una fuente gubernamental conocedora de la iniciativa.
El planteo es políticamente delicado y presenta un nivel considerable de sofisticación financiera, ya que implica recursos del sistema previsional. La ANSES está bajo la supervisión de un ministerio que es dirigido por Sandra Pettovello, una de las funcionarias más cercanas al presidente Milei. La ministra ha mostrado apertura hacia esta idea, pero establece la necesidad de garantías antes de seguir adelante.
“No llevará a cabo ninguna acción que implique un mínimo riesgo institucional. La idea no le resulta negativa, pero Toto Caputo deberá presentar los detalles precisos antes de dar el visto bueno”, aclararon desde su entorno.
Esta definición pone de manifiesto la cautela que rodea la propuesta, pero su existencia también revela discusiones que han comenzado a opacarse en la Casa Rosada. Tras estabilizar las principales variables macroeconómicas, el Gobierno está impulsado a buscar un crecimiento económico antes de las elecciones de 2027. “Sin un repunte económico, será más difícil ganar en primera vuelta”, advirtió un dirigente oficialista involucrado en las negociaciones.
Luis “Toto” Caputo ha asumido un rol más proactivo en las discusiones políticas en las últimas semanas, participando incluso de manera directa en las disputas con el peronismo. Este martes, se espera que envíe otra señal de compromiso al participar en la inauguración de una heladería en Palermo, junto a líderes de La Libertad Avanza.
Aún cuando el evento pueda parecer menor, en el Gobierno se considera que tiene una importancia significativa. Caputo busca proyectarse como una figura referente del oficialismo en el ámbito electoral, mientras que la Casa Rosada intenta amalgamar a los gobernadores y restablecer las mayorías que le permitieron avanzar en el Congreso. El peronismo ha descubierto la capacidad de coordinarse sin haber resuelto antes sus diferencias internas, mientras prepara nuevas citas para consolidar su estrategia. Macri reanuda el diálogo con los libertarios, pero su acercamiento aún no se traduce en un acuerdo definitivo. Bullrich, a su vez, advierte que la Ciudad permanece abierta para la disputa. Y el Gobierno toma conciencia de que sin una recuperación económica no habrá arquitectura legislativa o electoral que sostenga sus planes.
