“La expectativa para este jueves no es diferente”, anticipó una de las voces sindicales, quien prevé que la propuesta presentada a las autoridades del Ministerio de Capital Humano sea la misma de hace dos semanas. En total, las reuniones se desarrollarán en dos turnos: el primero, a las 11, con las agrupaciones docentes, y un segundo a las 15, destinado a los no docentes.
Ambos grupos esperan recibir la misma oferta, que, según los sindicatos, no se ajusta a lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, que aún no se aplica en su totalidad. Tanto docentes como no docentes demandan la validación de los dos incrementos del 3% mencionados, además de un aumento del 32,5% para compensar la pérdida salarial sufrida durante los dos primeros años de la gestión de Javier Milei.
Este contexto de negociación es crucial, ya que el Gobierno ha asignado $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, cifra un 33% inferior a los $11 billones que los rectores consideran necesarios para cubrir salarios, infraestructura, investigación, becas y hospitales. A esto se suma la insistente discusión sobre la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas calculan que casi el 90% de los recursos requeridos se destina a salarios de docentes y no docentes, mientras que el restante abarca gastos operativos, obras, investigación y hospitales universitarios. Esta falta de recursos se entrelaza con conflictos judiciales y paritarios. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no ha cumplido cabalmente con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, a pesar de que una medida cautelar permanece vigente.
“Persistimos en que el Gobierno debe cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, han respaldado esta obligación. No es habitual que el Ejecutivo se resista a aplicar algo ya validado por los otros poderes”, afirmó el secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci.
El Ejecutivo ha cuestionado las cifras exigidas por los sindicatos, argumentando que la plena aplicación de la ley aún no ha sido dispuesa por la justicia. Los voceros oficiales argumentan que la medida cautelar permite ajustes en becas y salarios y que el aumento proyectado para octubre superaría lo estipulado en el fallo.
La administración nacional ha indicado que el Presupuesto del año próximo considera la medida cautelar y una proyección de inflación del 18%, dentro de un capítulo destinado al refuerzo y fortalecimiento de recursos humanos. También se aclaró que la Universidad de Buenos Aires tendrá un límite específico para la asignación de fondos, a la vez que se instó a los hospitales universitarios provinciales a que presenten sus gastos.
El Gobierno asegura que el funcionamiento de las universidades estará garantizado el año que viene, señalando que el desacuerdo se centra principalmente en los salarios. En este sentido, el Presupuesto contempla un aumento del 20% para los gastos operativos, mientras que cerca del 90% de los recursos se destina a remuneraciones.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ha sido una de las escasas figuras que se han pronunciado sobre la cuestión. Menem negó que las políticas de la administración actual carezcan de sensibilidad.
La intervención de personas cercanas al Gobierno como Menem resalta la creciente visibilidad mediática del tema universitario, que también es percibida por los rectores. Ayer, presentaron su propuesta presupuestaria ante el Congreso de la Nación, donde se debe discutir el Presupuesto 2027. Desde el entorno de Milei se sostiene que no habrá cambios en la política de fondos universitarios: “Si se requieren más partidas, habrá que explicar de qué sectores se recortará. No hay problema”.
A diferencia de años anteriores, el Gobierno no cuenta con el mismo respaldo social para aplicar recortes en aspectos como la educación superior o el sector de Discapacidad, que gozan de alta aceptación. Los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) están considerando que la falta de acuerdos podría poner en peligro el inicio del próximo ciclo lectivo. Este asunto podría ser abordado por los gobernadores en sus diálogos con representantes del Gobierno, dada la amplia territorialidad de más de 50 universidades nacionales.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, ordenó en diciembre que el Ejecutivo cumpla los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre, rechazó el pedido del Gobierno para dejar sin efecto la medida cautelar, y la Corte Suprema confirmó su validez el 25 de junio. Los rectores han cuestionado que la documentación presentada por los abogados del Estado retrasa los pagos. En este marco, el CIN promueve una demanda contra el decreto con el que Milei promulgó la ley, al haber suspendido su ejecución argumentando la falta de asignación de recursos y financiamiento. Además, las universidades han solicitado la aplicación de sanciones a funcionarios y la consideración de acciones penales por presunta desobediencia.
