Los seguros de vida de colocación privada, conocidos por sus siglas en inglés PPLI, administran más de u$s44.000 millones a finales de 2025 a través de estos contratos. Las ventajas fiscales que ofrecen, aunque están legalmente fundamentadas, han provocado un intenso debate en la política estadounidense debido a su uso para la gestión de fortunas multimillonarias.
El senador demócrata Ron Wyden ha señalado que este uso ha distorsionado el propósito original de la legislación, diseñado inicialmente para apoyar a las familias trabajadoras, convirtiéndose en un fondo de inversión que opera sin pagar impuestos. A pesar de sus esfuerzos por cerrar este vacío fiscal mediante un proyecto de ley, la propuesta permanece estancada en el Congreso.
La distinción entre un seguro de vida tradicional y un PPLI es significativa. Mientras el seguro convencional busca proteger a las familias ante un eventual deceso, el PPLI se opera de manera diferente. En este mecanismo, el cliente transfiere millones de dólares a la aseguradora, que luego coloca esos fondos en una cuenta segregada y dedicada a la póliza. Esto permite invertir en diferentes productos diseñados para replicar las estrategias de gestores específicos.
La clave de este esquema está en la titularidad legal de los activos. Desde la perspectiva fiscal, los activos son propiedad de la compañía aseguradora, lo que significa que los intereses y ganancias generadas en la cartera no aparecen en la declaración de impuestos del cliente.
Esto ofrece una ventaja considerable. Si el cliente invirtiera directamente el dinero, tendría que tributar por los rendimientos. En cambio, dentro del PPLI, los beneficios permanecen dentro de la póliza y pueden reinvertirse completamente, generando mayor rentabilidad, que, de otro modo, habría ido al fisco.
El sistema también permite obtener préstamos utilizando el valor acumulado en la póliza como garantía. Al tratarse de un préstamo y no de una ganancia, no se generan impuestos en el momento de recibir esos fondos. Al fallecer el titular, la aseguradora paga cualquier deuda pendiente y transfiere el resto a los beneficiarios, quienes generalmente no deben tributar sobre el impuesto federal sobre la renta.
Este enfoque es parte de una estrategia reconocida en el ámbito financiero como “buy, borrow, die” (comprar, pedir prestado y morir), que permite invertir sin tributar anualmente, obtener efectivo mediante préstamos y legar el capital sin pasar por la carga impositiva.
No obstante, este mecanismo no está al alcance de todos. Aunque algunas pólizas permiten aportes iniciales de uno o dos millones de dólares, los asesores financieros estiman que se requiere una inversión de entre cinco y diez millones para que las ventajas fiscales compensen los costos. Además, es crucial mantener el capital invertido durante períodos prolongados para maximizar los beneficios.
Es importante mencionar que cancelar o dejar que la póliza caduque con préstamos pendientes puede resultar en una alta carga fiscal.
La falta de transparencia en este modelo llevó al Comité de Finanzas del Senado de EE.UU. a iniciar una investigación formal en 2022. Las siete compañías aseguradoras encuestadas reportaron apenas 3.061 pólizas activas, representando un diminuto 0,003% del total de seguros de vida en el país, pero cada una con un promedio de pago cercano a los u$s13 millones a sus beneficiarios.
Esta investigación se centró en una regla esencial: para conservar las ventajas fiscales, el propietario puede elegir una estrategia de inversión, pero no puede tener control directo sobre las operaciones. Si el cliente controla el dinero directamente, la Hacienda estadounidense podría considerarlo el verdadero propietario y obligarlo a tributar.
El cometido es complicado, dado que estas pólizas no necesitan ser declaradas específicamente en las declaraciones de impuestos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) solo puede identificarlas durante auditorías. El sector defiende que los contratos diseñados adecuadamente están dentro de la ley y solo utilizan las ventajas permitidas por el Código Tributario.
En abril pasado, el senador Wyden llevó su propuesta de ley al Parlamento de EE.UU., sugiriendo eliminar las exenciones fiscales que poseen los seguros de vida convencionales. De implementarse, esta reforma obligaría a los titulares de PPLI a tributar anualmente por las ganancias, aun cuando el capital se mantenga dentro de la póliza. Las estructuras existentes tendrían 180 días para adaptarse a la nueva normativa o liquidarse.
La propuesta también buscaría mayor transparencia obligando a las aseguradoras a informar a la Hacienda sobre la titularidad de estas pólizas y los montos involucrados, enfrentando sanciones financieras significativas en caso de incumplimiento.
Sin embargo, el camino hacia la aprobación de esta ley se presenta complejo. Hasta ahora, no ha encontrado apoyo entre otros senadores ni existe una propuesta similar en la Cámara de Representantes, y su tramitación está en manos de un comité dominado por los republicanos. Así, mientras no logre el respaldo necesario, este mecanismo concebido originalmente para ayudar a las clases medias seguirá siendo un sofisticado refugio para las mayores fortunas del país.
