El incremento en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas se fijó en un modesto 1,7 por ciento, cifra que no solo queda por debajo del índice de inflación acumulada, sino que también dista de satisfacer las exigencias de las organizaciones que demandan una compensación por los daños ocasionados en los últimos dos años y medio.
La notificación del aumento, que tendrá un impacto leve en el nomenclador de prestaciones, fue realizada por la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La Resolución 3487/2026, que fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por el secretario de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto y abarca todas las prestaciones sin distinción.
“Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de septiembre del año en curso, consistente en un incremento del 1,70 %, sin diferencia por tipo de prestación”, señala el texto oficial.
Además, la resolución establece un adicional del 20 por ciento sobre el arancel básico por “zona desfavorable”, que solo se aplicará en las prestaciones que se brinden en las provincias de la zona patagónica.
La modesta suba ha generado el rechazo de diversos referentes del sector. El Foro Permanente de Discapacidad y Promoción de Derechos afirmó que “los aranceles continúan por debajo de los valores necesarios para sostener los servicios”.
Asimismo, se criticó que en la decisión de aumento no se consideró “el estudio de costos previsto por la ley”. También se demandó que aún están pendientes las pensiones por discapacidad, así como los pagos de las compensaciones de emergencia.
El bajo incremento determinado por el Gobierno es percibido por muchos como un intento de desviar la atención de las críticas surgidas tras la eliminación en el Presupuesto 2027 de los dispositivos que aseguraban el carácter universal de las coberturas médicas para personas con discapacidad.
Dicha medida no solo busca apaciguar las tensiones en torno a esta temática, sino que también se da en un contexto en el que el Congreso discutirá una nueva prórroga de la Emergencia en Discapacidad.
