El 4 de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal, en su primer día con los nuevos jueces designados por el mismo Milei, respaldó la resolución de excluir a cinco inversores que pretendían ser reconocidos como querellantes por las pérdidas sufridas tras adquirir la criptomoneda promocionada por el Presidente. Sin acusadores, el único resto que quedaba era el fiscal Eduardo Taiano, quien, según se conoció el viernes, solicitó el sobreseimiento de todos los imputados en un dictamen reservado.
Con el fiscal alineándose con los deseos de las defensas y sin víctimas potenciales que pudieran ser oídas en el expediente, no quedó quien pudiera apelar ni pedir la reanudación del caso, al menos en un primer momento. Aun así, aún hay opciones, aunque son complicadas. “La causa ya está herida de muerte”, comentó un funcionario de Comodoro Py con experiencia.
La decisión de la Cámara Federal que validó las exclusiones de los querellantes, dictada por Martínez de Giorgi, fue determinante para este desenlace, y fue firmada por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
Meses previos, el proceso del Consejo de la Magistratura que permitió la inclusión de Bertuzzi en la terna de candidatos de donde lo eligió Milei tuvo un desenlace poco convencional. Tras la corrección de los exámenes escritos y el análisis de los antecedentes de todos los postulantes, Bertuzzi había alcanzado el puesto 21°. Luego de la entrevista, la mayoría de la comisión lo elevó al puesto 16°, aún lejos de ingresar entre los seis primeros. Sin embargo, en este año, el consejero juez Diego Barroetaveña revisó nuevamente las entrevistas, que se encuentran grabadas y disponibles en línea, y tras su evaluación, Bertuzzi ascendería al sexto lugar, justo lo necesario para ser elegido. El 2 de septiembre, Milei lo nombró y, dos días después, ratificó la exclusión de los querellantes de $LIBRA, en el marco de una serie de nombramientos de jueces, incluido el de Ana Juan, esposa de Martínez de Giorgi, como magistrada federal en Hurlingham.
A finales de 2023, Llorens y Bertuzzi, en ese momento camarista trasladado y no titular, habían revocado un sobreseimiento a la expresidenta Cristina Kirchner en el caso referente a la ruta del dinero K. Este fallo fue factible porque ambos camaristas interpretaron de manera amplia quién puede ser querellante. La Asociación Civil Bases Republicanas, una ONG vinculada a Pro, intervino pidiendo ser reconocida como querellante y solicitando la reapertura del caso. En esa oportunidad, Llorens subrayó que los argumentos presentados eran “suficientes para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre que implica conocer la verdad de los hechos y el papel de la imputada” en el caso.
En contraste, en el contexto de $LIBRA, Llorens y Bertuzzi fueron rígidos al argumentar que los damnificados no lograron demostrar su condición de víctimas del aparente delito, al no acreditar la existencia de un engaño que los hubiera llevado a invertir en la criptomoneda. Así, se sostuvo la posición de Martínez de Giorgi, lo que prácticamente equivalía a solicitar a los querellantes que probasen el delito que se estaba investigando.
Como resultado, el expediente quedó con Taiano como el único acusador. Además, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) no intervino en este caso, a pesar de que normalmente presenta casos junto a los fiscales en investigaciones contra funcionarios públicos. Taiano optó por no involucrar a la PIA, que no estaba notificada, a pesar de que había iniciado un expediente sobre $LIBRA antes de que la causa llegara a los tribunales.
La PIA, bajo la dirección del fiscal Sergio Rodríguez, ha gestionado causas de las que los fiscales se han apartado. Un ejemplo de ello fue la reapertura del caso Skanska, donde la PIA insistió en que se incorporara como prueba una grabación interna de la empresa vinculada a sobornos. Esto fue finalmente aceptado por la Corte Suprema, lo que permitió reabrir el expediente.
Más recientemente, con Taiano como fiscal, la PIA solicitó la reapertura de la causa conocida como Vacunatorio VIP, la cual investigó el desvío de vacunas durante la pandemia, y la Cámara Federal accedió a su pedido. Sin embargo, en este caso, fuentes del Ministerio Público señalaron que la situación es distinta, ya que el fiscal solicitó el sobreseimiento y el juez lo dictó, dejando poco margen para que la PIA interviniera en desacuerdo con el fiscal.
La única alternativa para posiblemente reabrir la causa en cuestión sería la intervención de la Cámara Federal de Casación. Las presuntas víctimas han presentado un recurso de casación contra la decisión de Bertuzzi y Llorens. Aunque estos camaristas no accedieron a su solicitud, aquellos que buscan ser querellantes han elevado directamente su queja a Casación. Ahora, se enfrentan a un proceso que, en el mejor de los casos, será extenso, y que podría resolverse rápidamente si se rechaza su queja.
En la Cámara de Casación reconocen que es improbable que sean restituidos como querellantes antes del próximo jueves, cuando vencerá el plazo para apelar los sobreseimientos. No han proporcionado cronograma. Si Casación decide abrir la queja, los camaristas deberán notificar a las partes, convocar a una audiencia y luego tomar una decisión. La sala encargada de este asunto está compuesta por Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, y fuentes judiciales indicaron que hasta ahora no hay consenso entre ellos.
A pesar de ello, las supuestas víctimas podrían presentar, antes del jueves, una apelación a los sobreseimientos dictados por Martínez de Giorgi, esperando que en un futuro Casación las considere como parte del proceso. Sin embargo, esta sería una medida extrema en un caso donde actualmente no tienen participación, en respuesta a un fallo del que no han sido notificadas, y con el propósito de ser habilitadas a impulsar una causa desde sus inicios, en oposición a la fiscalía y ante un juez que ya ha determinado que no hay materia para investigar.
