El gobierno de Javier Milei ha implementado una disminución de 81.108 puestos de trabajo en el sector público nacional desde diciembre de 2023, lo que representa una caída del 16% en la dotación total del personal estatal. Esta información fue expuesta por Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, durante su intervención ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el contexto de la discusión del presupuesto para 2027. El oficialismo mantiene diálogos con sus aliados y con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, con el objetivo de llegar a un acuerdo común. Se espera que la sanción del presupuesto en la Cámara Baja ocurra a mediados de noviembre. “No está cerrado”, admitieron referentes de múltiples bloques que habitualmente apoyan al Gobierno. Las negociaciones en torno al presupuesto continuarán a lo largo de la semana, dado que los libertarios buscan concluir lo más pronto posible. Fariña también indicó que más de 6.200 empleados públicos decidieron aceptar retiros voluntarios y que se han suprimido 26 organismos nacionales. Además, anunció que el Ejecutivo está desarrollando un sistema único para la liquidación de salarios, previsto para 2027. En su exposición, Fariña especificó que cerca de 47.000 de las reducciones corresponden al personal civil de la Administración Pública Nacional, mientras que otras 22.000 son de empresas públicas. Este proceso de reducción continuó durante este año, con aproximadamente 20.000 empleos menos entre enero y septiembre de 2026, en gran parte por la implementación de programas de retiros voluntarios en más de 15 organismos y empresas estatales. Hasta ahora, 6.254 trabajadores han optado por desvincularse del Estado de esta manera. Las entidades que han visto mayor cantidad de adhesiones incluyen ANSES, PAMI y Corredores Viales, con más de 1.000 retiros cada una; INTA, con más de 800, y Vialidad Nacional, con más de 600. El funcionario también compartió el impacto del régimen de disponibilidad, que permite reubicar o desvincular empleados cuando se eliminan funciones o se reestructuran organismos. Durante 2025, aproximadamente 200 individuos fueron incorporados a este régimen, de los cuales 38 fueron nuevamente asignados a otras dependencias. La disminución del personal ha ido acompañada de una reestructuración de las organizaciones estatales. Fariña destacó que el Gobierno ha reducido de 117 a 91 los organismos nacionales, lo que representa una disminución del 22%. Además, los cargos de autoridades superiores, incluidos ministros, secretarios y subsecretarios, pasaron de 307 a 192, y los puestos de alta dirección se redujeron de 2.476 a 1.994. Estas modificaciones han generado un ahorro anual de 50.000 millones de pesos en salarios de funcionarios y autoridades. Como ejemplo de esta reorganización, mencionó el caso de Vialidad Nacional, donde los cargos jerárquicos disminuyeron de 1.543 a 176, lo que se traduce en una estructura anterior donde existía un cargo cada tres empleados, ya que contaba con alrededor de 5.300 trabajadores. También subrayó la reducción de 891 a menos de 260 cargos en la Comisión Nacional de Energía Atómica. En otro aspecto, Fariña anticipó la implementación de un sistema único de recursos humanos y liquidación de salarios para 2027, con la finalidad de unificar los procedimientos de pago, controlar ausencias y detectar incompatibilidades. “Hoy contamos con más de 150 sistemas diferentes o áreas administrativas dentro del Estado nacional. Cada uno tiene su propio método de liquidación, sus propias normas y distintos software”, explicó. Esta fragmentación complica el control y la auditoría del empleo público. Asimismo, resaltó que han eliminado la obligatoriedad de adquirir combustible únicamente a una petrolera estatal, permitiendo contrataciones competitivas a otras empresas del sector. Se estima que esta nueva modalidad generará un ahorro de 7.000 millones de pesos en 2027. En un segundo plano, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anunció que están trabajando en una nueva ley de semillas para fortalecer la protección de la propiedad intelectual y estimular inversiones en el sector agropecuario. “Necesitamos avanzar hacia una nueva ley que asegure esa inversión en innovación y cierre completamente las brechas de productividad que tenemos en el agro”, sostuvo. Como primer paso, destacó una resolución que alteró los mecanismos de fiscalización del uso de semillas para garantizar el reconocimiento de la innovación. Se están llevando a cabo negociaciones con entidades rurales, productores y empresas semilleras tanto nacionales como internacionales, con el fin de alcanzar un consenso antes de presentar la iniciativa al Congreso. Además, Cacace defendió la política de desregulación del Gobierno, afirmando que las principales dificultades para el comercio exterior no provienen de los aranceles, sino de las restricciones administrativas. “El reclamo más fuerte que nos hacen los socios comerciales no son los aranceles, sino las barreras no arancelarias, por todas las trabas regulatorias que impiden el comercio”, indicó. A su vez, resaltó la eliminación de controles duplicados para facilitar la entrada de productos autorizados en países que disponen de organismos reguladores reconocidos. Como muestra de los resultados de esta política, mencionó que, tras la anulación de una resolución de 2012 que limitaba el patentamiento químico-farmacéutico, las patentes aprobadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial pasaron de un promedio de 60 a 120 mensuales. El funcionario vinculó esta reforma con nuevas inversiones, como la creación de un centro de investigación de Pfizer para ensayos clínicos en Argentina y un memorándum firmado por una cámara de laboratorios extranjeros con el Ministerio de Salud, que prevé inversiones por 8.000 millones de dólares en los próximos años. Finalmente, anunció que el Gobierno seguirá revisando las regulaciones del Senasa y la Anmat para simplificar los procesos de producción, comercialización e importación.
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