La Sala I del tribunal fijó la audiencia para el 24 de noviembre. En esa instancia examinará las presentaciones de la Fiscalía, la defensa oficial de los acusados y las querellas. La decisión quedará en manos de los jueces Pablo Yadarola y Mariano Llorens y será determinante: si confirman los procesamientos, los acusados podrán ser enviados a juicio oral.
Sin embargo, no será un proceso convencional, ya que ninguno de los imputados está detenido en la Argentina. Se tratará de un juicio en ausencia, una modalidad que comenzó a regularse en el país el año pasado, cuando el Congreso aprobó una ley que permite juzgar sin la presencia de los acusados casos graves, como los de terrorismo.
El fiscal federal Sebastián Basso, a cargo de la unidad especial que investiga el atentado, solicitó que el caso AMIA avance bajo esa modalidad. El juez federal Daniel Rafecas aprobó el pedido, una decisión que ya fue respaldada por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal.
Para avanzar con el proceso, Rafecas procesó a fines de septiembre a ocho acusados. Se trata del exministro de Inteligencia iraní Ali Fallahijan; el exministro de Relaciones Exteriores Alí Velayati; el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; el excomandante de la fuerza Al Quds Ahmad Vahidi; el exembajador iraní en la Argentina Hadi Soleimanpour; el exconsejero cultural de la embajada Mohsen Rabbani; el agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Ahmad Asghari; y el integrante de Hezbollah Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda.
A todos se les atribuyen homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de provocar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios. El juez dispuso un embargo de 500 millones de dólares. También consideró que el atentado constituye un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, es imprescriptible.
Según la resolución, los procesados planificaron y ejecutaron el ataque desde distintos lugares y en diferentes funciones. El atentado, sostuvo el juez, fue decidido en una reunión realizada en agosto de 1993, en la que participaron las máximas autoridades del régimen iraní y de Hezbollah.
La defensa oficial apeló el procesamiento para que lo revise la Cámara Federal. El tribunal también tratará los recursos del fiscal Basso y de una de las querellas que representa a familiares de las víctimas. Ambas partes cuestionaron que se dictara la falta de mérito para otros dos acusados: Abdallah Salman, integrante de Hezbollah también conocido como José Salman El Reda, y Hussein Mouzannar.
En su apelación, la Fiscalía sostuvo que ambos participaron en la planificación del atentado como integrantes de Hezbollah. Basso afirmó que “se encuentran reunidos los requisitos para avanzar hacia el debate oral y público de los acusados”.
