La medida se tomó tras los incidentes ocurridos el pasado domingo, cuando un “banderazo” tuvo lugar frente al edificio donde vive la exmandataria. De acuerdo con la resolución judicial, las movilizaciones generaron cortes de calles, acumulación de personas y situaciones que alteraron la normalidad del barrio.
En este sentido, el juez advirtió que, si se repiten tales incumplimientos, podría anular la prisión domiciliaria y ordenar el traslado de la actual líder del Partido Justicialista a una institución penitenciaria. Además, la decisión se fundamentó en el involucramiento de la expresidenta en la actividad convocada. La resolución señala que Cristina Kirchner colocó una gran bandera que cruzaba la calle, sostenida por cables que conectaban su balcón con un edificio opuesto.
Para el juzgado, las frecuentes manifestaciones y la instalación de elementos en la vía pública afectan la convivencia vecinal y violan las normas de conducta requeridas para quienes están bajo arresto domiciliario. Asimismo, se destacó que este tipo de actividades requieren la autorización previa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría considerar como una contravención.
La resolución se basó en el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que permite al juez revocar el cumplimiento domiciliario ante incumplimientos injustificados. En este marco, Giménez Uriburu dejó claro que futuras situaciones similares podrían resultar en el envío de Cristina Kirchner a una prisión común.
