Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que será enviado a la Cámara de Diputados. Ante reiteradas solicitudes de contadores sobre diversos obstáculos que enfrentan los contribuyentes, el equipo económico ha reconocido estos problemas y busca solucionarlos para que salga del colchón el total de USD 170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.
La presentación de Caputo se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Hacienda, y es parte de un proceso revisado que el Gobierno ha llevado a cabo en las últimas semanas. Un punto crucial se dio tras una reunión en mayo, donde el ministro se reunió con expertos en materia tributaria. Durante este encuentro, los profesionales señalaron los inconvenientes de la versión original de la ley y sugirieron cambios para ofrecer mayor seguridad jurídica a los contribuyentes interesados en el blanqueo de capitales.
En una reciente reunión, se tomó la medida de mantener la fecha de pago del impuesto a las Ganancias para el 27 de julio, aunque se pospuso hasta el 27 de agosto la obligación de presentar la declaración jurada. El oficialismo espera que antes de esa fecha, los Diputados aprueben la nueva versión de la ley, lo que permitirá a los contribuyentes adherirse al régimen con condiciones revisadas.
La propuesta central se enfoca en la posibilidad de integrar a la economía formal los recursos que hasta ahora permanecen fuera del circuito financiero. Según estimaciones del ministro de Economía y del Banco Central de la República Argentina, existen USD 170.000 millones que no están bancarizados, una suma que, si se incorpora al sistema formal, podría generar un impacto significativo en la reactivación económica.
Durante la anterior conferencia, Caputo enfatizó la urgencia de avanzar con la nueva normativa: “La Ley de Inocencia Fiscal es muy importante porque es ese ahorro que está abajo de los colchones donde la gente está perdiendo poder de compra y, a su vez, el país no se beneficia porque ese es el ahorro que debería estar capitalizándose o convirtiéndose en inversión. Y ese es el ahorro que bancos y ALyCs podrían destinar para poder financiar proyectos de infraestructura, pymes”, sostuvo.
La normativa vigente no ha logrado los resultados esperados ni ha atraído la adhesión necesaria por parte de los contribuyentes. Existe incertidumbre respecto a si el Gobierno podrá conseguir la aprobación en el Congreso. “Ya lo han aprobado, lo que estamos mandando ahora es una versión mejorada porque, luego de habernos juntado con un grupo de contadores, nos prestaron lo que ellos creían que eran las principales razones por las que no estaba prendiendo en la medida en que nosotros creíamos. Corregimos esas cosas, pero está claro que del lado del Congreso, el mandato está porque ya la han aprobado originalmente; no veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, afirmó el ministro.
El nuevo texto que se enviará a Diputados introduce cambios significativos en los requisitos y alcances del blanqueo. Uno de los temas más polémicos es la obligación de adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) para quienes deseen declarar fondos. Esta condición ha generado intensos debates en el ámbito parlamentario, especialmente tras conocerse que varios funcionarios del Gobierno, incluido el ex jefe de Gabinete, se han inscrito en el régimen. Aunque la simple adhesión no garantiza la utilización del mecanismo para declarar fondos, la participación de funcionarios ha intensificado el debate político y generado recelos en la oposición.
La condición de las personas políticamente expuestas ha sido un tema central en los debates. Un especialista en materia tributaria señaló que el anteproyecto permitía que los grandes contribuyentes ingresaran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), aunque sin acceder a la totalidad de los beneficios previstos, como la presunción de exactitud y el efecto liberatorio del pago. En ese sentido, consideró que sería razonable excluir a las personas políticamente expuestas de esas ventajas y planteó la necesidad de eliminar los límites de ingresos y patrimonio que dejaban fuera a algunos contribuyentes por situaciones como herencias o la venta de acciones e inmuebles.
El nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminó los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se establecían en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente, permitiendo así la inclusión de un mayor número de personas físicas y jurídicas. Esta modificación busca facilitar la regularización de fondos que, por diferentes motivos, se quedaron fuera de los límites establecidos por la normativa actual.
Otro aspecto crucial es la definición de “discrepancia significativa”, relevante para interpretar el alcance del blanqueo y sus consecuencias tributarias. Se destacó la necesidad de eliminar la exclusión de la disminución de saldo a favor y establecer un umbral mínimo para la punibilidad, fijado en el 5% del monto objetivo de evasión simple. Con la legislación vigente, ese umbral equivale a $5 millones, una cifra que muchos profesionales consideran elevada. También, la importancia de establecer en el texto en qué momento se debe considerar el monto de punibilidad, sugiriendo que sea al momento de vencimiento o presentación de la declaración jurada.
La estrategia del Gobierno no solo apunta a incorporar recursos al sistema financiero, sino también a mejorar la capacidad de crédito y financiación de proyectos productivos, infraestructura y pequeñas y medianas empresas. Las expectativas oficiales son que, con la nueva versión de la ley, aumente el número de contribuyentes dispuestos a regularizar sus fondos, lo que permitiría canalizar una parte significativa de los ahorros informales hacia la economía formal.
El proceso legislativo será fundamental para el éxito de esta iniciativa. El Ejecutivo espera que, antes del 27 de agosto, la Cámara de Diputados valide el texto revisado, posibilitando que los contribuyentes accedan puntualmente a los beneficios. Hasta entonces, la presentación de la declaración jurada permanecerá pospuesta, mientras que el pago del impuesto a las Ganancias se mantendrá con la fecha original del 27 de julio.
