La retirada de la cláusula que permitía la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada marca un punto de inflexión en la estrategia legislativa de La Libertad Avanza. Tras una jornada de intensas negociaciones, el oficialismo se vio obligado a retroceder ante la falta de consensos básicos. La decisión responde directamente a la inviabilidad política de avanzar con un articulado que cosechó rechazos no solo en la oposición frontal, sino también en bloques aliados indispensables para el quórum.
La senadora Patricia Bullrich, quien inicialmente había defendido la propuesta de permitir la venta de hasta un 25% de tierras rurales, tuvo que dar marcha atrás tras la presión ejercida por gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén). Este escenario evidenció que la extranjerización de la tierra sigue siendo un tema de alta sensibilidad federal que el Gobierno no logró sortear en esta instancia.
El debate pendiente en el Senado
Pese a la mutilación de su capítulo más polémico, el oficialismo mantendrá la sesión de este jueves en la Cámara Alta para tratar los puntos remanentes del proyecto. El enfoque analítico de la agenda sugiere un intento del Gobierno por consolidar victorias menores en áreas donde el conflicto con la oposición es menos agudo.
Lo que resta del dictamen se centra en reformas técnicas al Código Civil y Comercial. Los ejes de la discusión girarán en torno a los procesos de desalojo, la agilización en la escrituración de tierras, normativas sobre el manejo del fuego y el régimen de expropiaciones. Al centrarse en estos aspectos, el Ejecutivo busca una aprobación que, aunque parcial, le permita mostrar avances en su agenda de reforma estructural.
Postura oficial y reacciones
Desde el bloque de La Libertad Avanza, se intentó matizar el retroceso a través de un comunicado oficial, calificando la medida como una “postergación” necesaria para “enriquecer el texto con nuevos aportes”, negando que se trate de una eliminación definitiva por motivos de debilidad parlamentaria.
En la vereda opuesta, el Frente de Izquierda capitalizó políticamente la cesión oficialista. Dirigentes como Christian Castillo y Nicolás del Caño celebraron la caída de la cláusula como un triunfo de la movilización popular. Del Caño, a través de sus redes sociales, instó a mantener la presión en las calles para frenar el resto del paquete legislativo, advirtiendo que los puntos que aún siguen en pie —especialmente los referidos a desalojos e incendios— siguen siendo perjudiciales para inquilinos y empresas recuperadas.
