El expediente PIA N.º 550/2026 examina un entramado financiero que podría tener un impacto significativo en medio de la crisis económica y operativa de la obra social militar, actualmente en proceso de disolución y reestructuración hacia la nueva entidad, OSFA.
En este marco, cualquier discrepancia entre los fondos que debieron llegar a la obra social y los efectivamente recibidos adquiere una relevancia crucial dada la situación presupuestaria frágil de la organización.
La Procuraduría se concentra en analizar la transferencia de los aportes personales (cuota) y las contribuciones patronales que las Fuerzas Armadas estaban obligadas a realizar a IOSFA tras las liquidaciones salariales resultantes de una serie de juicios legales presentados por militares, quienes buscaban que los suplementos no remunerativos fueran reconocidos como parte de sus haberes.
Este proceso investigativo está enmarcado en el expediente PIA N.º 550/2026, cuyo objetivo es esclarecer si, tras la ejecución de sentencias judiciales favorables, los pagos asociados a la obra social fueron efectivamente transferidos a IOSFA.
Este asunto se remonta a políticas salariales implementadas en los años 90, cuando se generalizó el uso de sumas fijas no remunerativas como forma de otorgar mejoras salariales sin integrarlas plenamente al salario. Esta práctica, instaurada por Domingo Cavallo, creó un complejo panorama judicial que perduró durante años.
Los suplementos que se habían pensado inicialmente como mecanismos temporales se convirtieron en parte de las demandas de personal militar, tanto en actividad como retirado.
La controversia aumentó con el Decreto 1305/2012 del gobierno de Kirchner, que introdujo suplementos denominados “Responsabilidad Jerárquica” y “Administración de Material”. A medida que pasaron los años, los militares en actividad llevaron sus reclamos al Fuero Contencioso Administrativo Federal, mientras que los retirados acudieron al Fuero Federal de la Seguridad Social, pidiendo que esos montos se consideraran remunerativos y bonificables.
La Justicia reconoció en diversas instancias el derecho a integrar esos conceptos al salario. Como resultado, las Fuerzas Armadas debieron recalcular los sueldos y abonar diferencias retroactivas, incluyendo los períodos incluidos en las sentencias.
La indagación administrativa se centra en qué ocurrió con los aportes personales y las contribuciones patronales asociados a las nuevas liquidaciones. Por tal motivo, el 18 de agosto, la PIA intervino formalmente y exigió información directamente al administrador del cierre de IOSFA, coronel mayor (R) Ariel Guzmán.
En la comunicación, la Procuraduría solicitó que IOSFA confirmara si el Estado Mayor General del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea habían transferido al organismo los aportes y contribuciones derivados de las liquidaciones judiciales relacionadas con los suplementos reconocidos por el Decreto 1305/2012 y sus modificaciones. La PIA también requirió documentación que respalde dicha afirmación.
Más allá de esto, el requerimiento abarca alegaciones de presuntas irregularidades administrativas; pide aclaraciones sobre aquellos casos en los que alguna de las Fuerzas no hubiera realizado los pagos correspondientes.
En particular, se indagó si IOSFA había promovido los reclamos interadministrativos pertinentes a las Fuerzas Armadas, conforme lo estipulado por la Ley 19.983 y su Decreto Reglamentario 2481/1993.
La Procuraduría también solicitó antecedentes de estas gestiones y, si no existieron reclamos, que IOSFA explicara las razones detrás de la omisión de acciones.
La respuesta de IOSFA será crucial para determinar si hubo reclamos formales por fondos que debieron ingresar a la obra social y qué tratamiento recibieron en la administración pública.
La intervención de la PIA busca esclarecer la tramitación de documentos: determinar si los conceptos calculados en las liquidaciones judiciales se tradujeron efectivamente en transferencias a IOSFA.
Esta intervención se produce en un momento en que IOSFA comenzó a exigir información al Ejército. El 3 de junio, el administrador Guzmán envió una solicitud al jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Oscar Zarich, requiriendo las liquidaciones de pagos judiciales realizados entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2026.
El 10 de junio, Zarich respondió que las liquidaciones habían sido realizadas conforme a las pautas del Ministerio de Defensa, liderado por el teniente general Carlos Presti. En su comunicación, el militar afirmó que las decisiones judiciales se referían al dinero correspondiente a cada demandante y que esto no implicaba, según la interpretación del Ejército, el reconocimiento automático de deudas hacia terceros.
Acerca de la controversia relacionada con la cuota social de IOSFA, el Ejército argumentó que conceptos como “Contribución a la Obra Social” y “Contribución a la Obra Social Ajustada” no constituían acreencias que IOSFA pudiera exigir.
Según su respuesta, se trataba de “referencias contables necesarias para reconstruir el haber del actor”. La interpretación propuesta implica que dichos conceptos podrían formar parte de la reconstrucción matemática del haber reconocido judicialmente sin necesariamente generar un monto exigible por parte de IOSFA.
El organismo militar añadió que las partidas presupuestarias recibidas se destinaron al pago de retroactivos, intereses, honorarios y otros conceptos reconocidos como deudas judiciales a favor de los demandantes.
Datos no oficiales vinculados a la denuncia que originó la intervención de la PIA sugieren que la proyección económica del eventual perjuicio asciende a 149.465.494.400 pesos, basándose en un caso testigo de cinco beneficiarios extrapolado a un universo estimado de 80.000 personas, incluyendo estimaciones adicionales por parte de otras fuerzas.
