Esto no significa que necesariamente habrá un deslizamiento hacia el déficit, pero sí revela las complejidades que enfrenta el programa fiscal ante la decisión del presidente de concentrar todos sus esfuerzos en un objetivo económico fundamental: la reducción de la inflación.
En este contexto, y en base a las metas cuantitativas acordadas, el ministro de Economía, Luis Caputo, debe conseguir un superávit primario de $16,2 billones. Hasta ahora, acumula $10,2 billones, lo que indica que aún le queda un margen de $6 billones que debe reunir antes de finalizar diciembre. Un factor relevante a tener en cuenta es que el último mes del año tiende a ser deficitario, dado que se llevan a cabo pagos de aguinaldos y otros compromisos. De ahí que entre agosto y noviembre, el equipo económico deba generar al menos $1,5 billones de superávit primario promedio para compensar el déficit esperado a fin de año.
Esta meta se presenta como un desafío considerable, especialmente al considerar la debilidad de la actividad económica y el descenso de los impuestos vinculados al mercado interno y al consumo, que continúan en caída. A pesar de que en julio la recaudación no disminuyó, igual que en junio, esto se debe a factores estacionales. En julio, venció el impuesto a las Ganancias de las personas, y en agosto se registró un aumento en la recaudación de retenciones debido a que los productores adelantaron liquidaciones de exportaciones para aprovechar una baja temporal en las retenciones. Sin embargo, se observa que el IVA, Impuestos Internos y los aranceles de importación mantienen datos negativos.
Estudios del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sugieren que la recaudación tributaria nacional total podría haber disminuido un 3,8% real en comparación interanual durante los primeros ocho meses de 2026. Las caídas más pronunciadas fueron en derechos de exportación (28,3%), derechos de importación (-18,5%) y en Internos coparticipados (-17,3%). En cuanto al IVA, neto de devoluciones y reintegros, se estima que ha experimentado una merma del 6,6% en términos reales en comparación con el mismo período del año anterior.
Para que el Gobierno deje de depender de recortes de gastos en su intento por alcanzar el superávit, es crucial una rehabilitación sustancial de esta tendencia.
El Staff Report del FMI, correspondiente a la última revisión del programa, confirma que la meta a alcanzar es de $16,2 billones.
En este sentido, la consultora Ficonomics sostiene que el ajuste en el gasto se está realizando sobre partidas pequeñas del presupuesto, mientras que los recortes son significativos. “El patrón se repite desde la primavera y compromete la sostenibilidad: el ajuste afecta a partidas menores con recortes drásticos. Las transferencias a provincias han caído un 38,6%, mientras que otros programas sociales se han reducido en un 36,1%, aunque entre ambos representan solo un 7,1% del gasto. Las partidas más grandes no reciben ajustes: más del 49% del gasto primario son prestaciones indexadas, que, corregido el aguinaldo, se mantienen o crecen”, indicó la consultora.
Durante agosto, el devengado anticipa una continuidad de esta tendencia. Entre las partidas que han registrado declives más significativos, emergen las transferencias a provincias y municipios, con una disminución del 81,87%; seguidas por ayudas sociales a personas y asignaciones familiares, que cayeron un 19,34%, así como servicios no personales, que disminuyeron un 17,20%. También se han observado reducciones en el gasto en jubilaciones y pensiones (-10,01%) y en los gastos de personal (-7,84%).
Con este panorama, algunos economistas no descartan que, hacia finales del año, el Gobierno vuelva a utilizar la misma estrategia que aplicó en la primera mitad del año para cumplir con la meta de junio establecida con el FMI: retrasar el pago de gastos devengados por aproximadamente $2 billones, que deberían ser saldados en enero de 2027.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que “si bien los próximos meses suelen arrojar buenos resultados primarios, parece casi imposible que el gobierno logre acumular los $7 billones de resultado primario hasta fin de año”. Esta es la suma que, según este centro de estudios, se requiere para alcanzar la meta, teniendo en cuenta la evolución proxima de la recaudación fiscal en lo que resta de 2026.
“La razón principal es el marcado déficit que se genera en diciembre por el pago de aguinaldos, que se proyecta superará los $3 billones. Así, estamos a las puertas de un nuevo incumplimiento de la meta fiscal, al igual que lo sucedido en junio de este año, incluso después de haber recortado la meta en $1,6 billones”, señalaron desde el centro de estudios, al recordar el primer waiver del organismo hacia Argentina en términos fiscales.
En respuesta a esta crítica situación, el presidente Javier Milei cuestionó este miércoles a economistas y empresarios que argumentan que la política económica no debe centrarse exclusivamente en la lucha contra la inflación. Aunque es cierto que esta ha sido la principal demanda social de 2023, la expectativa también incluye que el dinero rinda y que haya un mayor movimiento económico en las calles.
Hasta el momento, el programa se ha constituido a partir de una reducción de la cantidad de dinero en circulación y una contención en el gasto. Esta presión monetaria se contrarresta con la tendencia al incremento de las tasas de interés, lo que también limita el acceso al crédito y ralentiza la actividad económica.
“En el reciente debate, muchas personas, en vista del año electoral que se avecina, están pidiendo que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal, lo que hacen con buenas intenciones para asegurar la reelección y garantizar este rumbo. La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia. Y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no nos detendremos hasta vencer a la inflación”, afirmó el presidente.
En la misma línea, el economista Esteban Domecq, director de Invecq, argumentó que el plan del Gobierno sufrió un tipo de “descarrilamiento” en el periodo anterior, cuando se buscó eliminar las cuentas del Banco Central y las letras de tesorería (LEFIS), y en octubre se incrementaron las tasas de interés en el contexto de las elecciones legislativas. Hasta ese momento, el programa estaba avanzando adecuadamente.
Domecq enfatizó que ahora el Gobierno necesita buscar “un punto de equilibrio” entre la decisión de reducir la inflación y el objetivo de reactivar la economía.
“Es necesario adoptar un enfoque pragmático en la política de corto plazo para gestionar esta tensión; esto implica encontrar la combinación óptima para desinflacionar Argentina a una velocidad que no se asemeje a un letargo económico, es decir, que la actividad económica tenga al menos un movimiento significativo”, sintetizó Domecq durante una entrevista en un canal de noticias.
Por su parte, Lucas Llach, otro economista destacado en el ámbito financiero y exvicepresidente del Banco Central, mencionó recientemente que “la prioridad no es solamente seguir disminuyendo la inflación, sino también lograr que la economía se reactive un poco más”.
Desde el sector productivo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, también sugirió en su discurso por el Día de la Industria que “el único objetivo de la política económica no puede ser exclusivamente la inflación”.
