La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, manifestó este jueves su sorpresa ante los cambios introducidos en el régimen de discapacidad en el Presupuesto 2027, los cuales, según afirmó, “no fueron discutidos” en la mesa política del Gobierno. “A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz, y llegó el presupuesto con esta introducción, de alguna manera, de cambios en la ley de discapacidad, que no eran conocidos”, subrayó la legisladora, refiriéndose a las reformas propuestas que han suscitado un fuerte cuestionamiento por parte de la oposición. Bullrich señaló: “No nos enteramos, es la verdad. Sabés que yo digo la verdad. Y eso es un tema, porque, digamos, cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, no se entera de las cosas que van exactamente cómo van a venir. Eso genera que uno llega al Congreso y te dicen, nos estás engañando”. En conversación con Radio Rivadavia, cuestionó: “No, yo no sabía, o quedás como un tonto o quedás como los que los engañás. Entonces, eso resiente un poco las relaciones, y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”. La exministra admitió que el tema de la discapacidad “ya se estaba discutiendo en Diputados” y aclaró que existía “un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo de determinada manera”. Bullrich añadió: “Nosotros somos revisores en el caso del presupuesto, así que esperaremos a ver qué llega a senadores para poder saber. No tanto qué es lo que se está discutiendo ahora, sino qué llega, porque, bueno, parece que está bastante peliaguda la discusión, esperemos como la ordenan”. En cuanto a las modificaciones en el régimen de discapacidad en el Presupuesto 2027, se establecen cambios significativos que impactan en el sistema de pensiones y en la forma de definir los aranceles que reciben los prestadores. Estos ajustes están concentrados principalmente entre los artículos 36 y 41 del proyecto y afectan disposiciones de las leyes 24.901 y 27.793, de Emergencia Nacional en Discapacidad. Uno de los cambios más relevantes es la transformación de las pensiones no contributivas. De acuerdo al artículo 36, se sustituye la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social por la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, la cual será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El artículo 37 establece que este beneficio será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, lo que incluye a quienes estén registrados como monotributistas. Se elimina así la posibilidad vigente de conservar la pensión si se tiene un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Otro cambio fundamental se presenta en el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El artículo 39 modifica la Ley 24.901, indicando que el nomenclador dejará de incluir “valores universales”. En el esquema actual, existe un arancel común para las prestaciones que deben ser cubiertas por el Estado, las obras sociales y las prepagas. Con la nueva redacción, cada entidad obligada podrá fijar los valores en su relación con los prestadores. Para los servicios a cargo del Estado nacional, los aranceles se determinarán trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad; si esta actualización no se realiza en tiempo, se tomará como referencia el IPC del INDEC. Asimismo, se elimina el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria. El proyecto también modifica el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, derogando artículos clave que afectan la definición y protección establecidas por la emergencia. Esto incluye la eliminación de la cobertura médica obligatoria para titulares de pensiones no contributivas y del mecanismo de traspaso automático de quienes ya contaban con este beneficio al nuevo régimen de protección social. También se suprime el artículo que incorporaba el principio de igualdad de aranceles en la Ley 24.901 y su mecanismo de actualización. En términos de financiamiento, el proyecto prevé para 2027 $6,094 billones destinados a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de beneficiarios. Sin embargo, la oposición ha expresado su descontento debido a que se venía trabajando en un proyecto alternativo que contemplaba la continuidad de la emergencia en discapacidad y buscaba un consenso entre los distintos bloques.
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