Adorni tuvo que hacer frente a un total de 20 cuestiones planteadas por el fiscal y para ello elaboró un extenso documento de 77 páginas. En este texto, reiteró los argumentos que ya había expuesto en diversas entrevistas antes de su renuncia, subrayando que su incremento patrimonial resulta de la compra y venta de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, periodo previo a su ingreso al gobierno.
“La evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña”, se señala en el escrito que fue presentado por el abogado del exfuncionario. La investigación judicial está centrada en un aumento patrimonial del 119% que se desprende de las declaraciones juradas del exvocero y posteriormente jefe de Gabinete, revelándose inconsistencias por 43 millones de pesos y 400.000 dólares.
En cuanto a los bitcoins de Adorni, su abogado, Matías Ledesma, indicó que las declaraciones de 2023 y 2024 incluyen fondos que Adorni presentó como “venta de activos”, los cuales corresponden en realidad a la liquidación de ocho billeteras de bitcoins, que suman casi 600 mil dólares. El documento expone que estas billeteras fueron utilizadas entre 2014 y 2018 y que las transacciones se realizaron de manera personal y en efectivo, asegurando que Adorni dejó constancia de la titularidad de estos activos.
“El señor Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los bitcoins y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”, mencionan los letrados. También se sostiene que el exfuncionario firmó comunicaciones utilizando las claves privadas de las ocho billeteras y que incluso entregó esas claves en un sobre “cerrado y lacrado” para que la Justicia pudiera revisarlas si lo consideraba necesario.
Además, se argumenta que no declaró ciertos fondos obtenidos de estas operaciones por “el contexto del ahorro familiar informal” que predomina en la Argentina. “La costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, fuera del sistema bancario y del radar de ARCA, no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina como resguardo”, sostiene el escrito.
Sin embargo, persiste la interrogante sobre por qué, a pesar de poseer esos fondos desde 2018, Adorni comenzó a desembolsar dinero en inmuebles, costosas remodelaciones y lujosos viajes solo en 2023, una vez asumido su cargo público. Los abogados se limitaron a señalar que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, eligieron “vivir como si no lo tuvieran”, priorizando el ahorro, enfocados en garantizar la educación de sus hijos y su propia jubilación.
Argumentan que esta decisión cambió cuando Adorni asumió como funcionario por “razones de seguridad” que los llevaron a mudar del departamento de la calle Asamblea a una residencia en el barrio Indio Cuá. “Lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá -que ya conocían- que les permitiese disfrutar, junto a los niños, del aire libre”, indicaron.
“Mi asistido y su cónyuge fueron conscientes de que, con esas decisiones, el dinero que venían ahorrando para el futuro de sus hijos se destinó a la adquisición y remodelación de la casa en Indio Cuá y a la compra del departamento de Miró”, reza el documento presentado. En respuesta al interrogante sobre los 30.000 dólares pagados en efectivo para la compra del inmueble de Miró 550, se argumenta que “proviene de los dólares ahorrados y disponibles de Manuel Adorni”, quien adquirió la propiedad mediante un acuerdo peculiar: las dos jubiladas propietarias aceptaron la transacción a cambio de solo 30.000 dólares, a la vez que Adorni se comprometió a devolver 200.000 en el transcurso de un año, sin intereses.
Sobre los gastos relacionados con viajes, alquileres, expensas y matrículas escolares, se explicó que provienen de ahorros y de los ingresos declarados por Adorni y Angeletti. En cuanto a la remodelación de su casa en el country Indio Cuá, el exfuncionario negó que el costo fuera de 245.000 dólares, cifra que surgió de declaraciones de un contratista. Aseguró que las refacciones ascendieron a 175.000 dólares y fueron sufragadas con ahorros.
La compra del lote 380 en el Country Indio Cuá se financió con un préstamo hipotecario por 100.000 dólares sobre el inmueble de la calle Asamblea y el saldo de 20.000 dólares se abonó en efectivo, custodiado por Bettina Angeletti. Un aspecto clave de la presentación es el intento de esclarecer las rectificaciones en las declaraciones juradas de Adorni, donde sus abogados enfatizan que no existió intención de ocultar información. Citando declaraciones previas del exjefe de Gabinete, sostienen que se trató de un “error absolutamente involuntario”. Argumentan que el patrimonio que revisó el fiscal estaba ya rectificado y que es inapropiado atribuir intenciones engañosas a quien, cuando se le solicitó, presentó la información en su totalidad y conforme a la ley. Además, destacan que Adorni cumplió con las obligaciones tributarias asociadas a las declaraciones rectificadas, algo que, según el texto, es incompatible con cualquier propósito de ocultamiento.
