La oficialización de la medida fue a través del Decreto 475/2026, que fue publicado en el Boletín Oficial hace aproximadamente diez días, y complementada con la Resolución General 5869/2026 emitida por ARCA.
Uno de los aspectos más significativos de esta modificación incluye una exención para las cuentas usadas exclusivamente por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, siempre que estén registrados en el registro correspondiente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esta disposición abarca las operaciones propias de su actividad y requiere que las cuentas estén también registradas ante ARCA, sucesora de la AFIP.
El decreto amplía, además, los beneficios para las empresas que ofrecen servicios electrónicos de pago y cobranza por cuenta de terceros. De aquí en adelante, la exención incluirá los movimientos relacionados con la entrega o depósito de efectivo en cuentas bancarias o de pago, abarcando también a las cuentas utilizadas por los agentes oficiales de dichas empresas, y siempre que sean destinadas exclusivamente a esas operaciones.
El alcance de este beneficio se extiende a las agencias de cobranza electrónicas que funcionan como complementarias de los servicios financieros, y a los movimientos que realicen en el contexto de esas actividades.
Otro cambio notable es la creación de una dispensa para cuentas administradas por individuos que gestionan o trasladan fondos de terceros con el fin de realizar operaciones de cobranza, siempre que el destinatario final sea un consumidor y que los operadores estén registrados en los registros habilitados para tal fin.
Además, la normativa exime del impuesto a las cuentas utilizadas exclusivamente por empresas que operan sistemas de tarjetas de crédito y débito, en relación con los débitos resultantes de préstamos bancarios destinados a financiar sus operaciones, así como los movimientos vinculados a la emisión y cancelación de obligaciones negociables relacionadas con aquello.
Se incorpora también una exención específica para las cuentas de empresas transportadoras de caudales, que se utilizan para rendir a sus clientes el efectivo recaudado. Para acceder a este beneficio, estas empresas deberán estar registradas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Desde el Gobierno, se indicó que estas modificaciones buscan adaptar la regulación tributaria a los avances tecnológicos y al nuevo marco regulador que se aplica a diversos actores del ecosistema financiero. Las nuevas disposiciones entraron en vigencia este jueves y se aplicarán a las operaciones que se realicen a partir de la publicación del decreto.
Maxi Raimondi, CFO de una empresa de servicios financieros, resaltó que la medida “corrige una asimetría impositiva que generaba costos adicionales para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) y limitaba el desarrollo de nuevas soluciones financieras. Al equiparar el tratamiento del Impuesto sobre los Débitos y Créditos con el del sistema financiero tradicional, se avanza hacia un marco más competitivo, eficiente y favorable para la innovación”.
Raimondi también mencionó que la decisión gubernamental “es el resultado de un trabajo conjunto entre la industria, la Cámara Argentina Fintech y los organismos reguladores, y representa un nuevo reconocimiento al rol de los PSAV dentro del ecosistema financiero”. Según su perspectiva, “los activos virtuales ya no son solo una opción de resguardo de valor. Cada vez más se consolidan como una infraestructura financiera que permite ofrecer mejores productos, reducir fricciones y acelerar la digitalización financiera en Argentina”.
