La reciente operación del FBI que involucró a dirigentes de la AFA en el Aeropuerto de Nueva York, justo cuando la Selección regresaba tras la final del domingo, no ha alterado los planes del Gobierno. Desde la Casa Rosada, la tensión con Claudio ‘Chiqui’ Tapia ha estado presente desde el inicio de la gestión, aunque se han decidido por un enfoque cauteloso, evitando avanzar más rápido que la Justicia del Estado de Florida. “La idea es que sea un tema de la Justicia y no del Poder Ejecutivo”, comentó un integrante de la mesa política del Gobierno, que se reunió nuevamente para reafirmar su unidad. En este encuentro no se abordó la citación de allegados a la AFA para comparecer ante un Gran Jurado el próximo 30 de julio. Desde Balcarce 50, no se busca obtener un beneficio inmediato a partir de la discrepancia central con la AFA sobre el posible cambio de paradigma que implicaría la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), clave para Javier Milei y la diputada Juliana Santillán en el ámbito del fútbol. “No hay en el corto plazo un proyecto de ley SAD. No es una prioridad en este momento. Depende de Modernización del Estado”, sostienen quienes están en contacto con la diputada de Mar del Plata, que mantiene un diálogo directo y fluido con el Presidente. En la cartera de Federico Sturzenegger no existe actualmente un plan definido ni una estrategia para acelerar esta iniciativa. En el Congreso y en el Ejecutivo, la preocupación principal se centra en cómo obtener los votos necesarios para suspender las PASO y avanzar con proyectos como el Súper RIGI, la inviolabilidad de la propiedad privada y los cambios en la inocencia fiscal anunciados por Luis Caputo el miércoles. “Al Congreso no se va a sumar el tema SAD ni nada relacionado con el fútbol o la AFA, menos mientras lo esté tratando la Justicia de Florida”, comentó un legislador oficialista. El año pasado, durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, la dirección de Eventos Deportivos de esa cartera presentó documentación ante la Justicia estadounidense. No está claro si se remitieron más que los 33 mil nombres de barras e hinchas con derecho de admisión que forman parte del Programa Tribuna Segura. Fuentes oficiales aseguran, sin ofrecer más detalles, que se envió a los Estados Unidos información sensible relacionada con cuentas vinculadas a la AFA y sus dirigentes. El ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien fue desplazado con la llegada de Juan Bautista Mahiques al ministerio de Justicia, no mantuvo contacto con la Justicia estadounidense. Vítolo admitió meses atrás, luego de su salida, que tenía dudas sobre la voluntad del nuevo ministro para avanzar contra la corrupción en la AFA. Franco Berlin continúa al frente del área de Eventos Deportivos del ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Alejandra Monteoliva, quien es responsable de coordinar con el Seleccionado para la recepción del plantel que regresó al país sin Lionel Messi. La tregua que Karina Milei había intentado establecer con Tapia, que incluyó una fotografía con Manuel Adorni y el presidente de la AFA en la sede de Conmebol en Asunción, fracasó. La supuesta cercanía entre el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, ha comenzado a mostrar sus repercusiones. Actualmente, el Gobierno parece más enfocado en el destino de Tapia, cercano a Axel Kicillof, que en Toviggino, quien, a diferencia de Tapia, mantuvo un perfil bajo que lo llevó a no viajar a Estados Unidos para el Mundial. En la AFA surgen sospechas sobre la influencia del empresario Leonardo Scatturice en el desarrollo de las causas en la Justicia estadounidense. Scatturice, propietario de FlyBondi, tiene conexiones en áreas sensibles del Estado bajo la supervisión de Santiago Caputo, como la SIDE y la ARCA. A través de su empresa TacTic Global, el empresario es empleador del lobbista Barry Bennett, quien tiene acceso a la administración republicana. En el ámbito local, la ex AFIP sostiene una disputa legal y fiscal contra la AFA por supuestas maniobras de evasión y retención indebida de tributos que ascenderían a más de $19.000 millones. Tapia, Toviggino y el empresario Javier Faroni, con antecedentes en el Frente Renovador de Sergio Massa, son solo algunos de los preocupados por el avance de las investigaciones en la Justicia estadounidense, que tienen su origen en Guillermo Tofoni, el ex arquero de Chacarita que hasta 2022 era responsable de los contratos de televisación de la AFA. En los tribunales federales de EE.UU. también se tramita la causa $Libra, que involucra al Presidente y a su hermana.
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