De acuerdo a información proporcionada por fuentes cercanas a la Marina Mercante, más de 140 barcos permanecen detenidos debido a que la Prefectura Naval Argentina ha instado a los prácticos a retomar sus actividades.
Un caso notable es el de un importante buque que transporta material hacia Vaca Muerta, cuya operación ha sido afectada. El sector energético fue de los primeros en manifestar el impacto de esta paralización. La Cámara Argentina de Energía (CADE) reportó que las operaciones portuarias de sus empresas miembros, así como de otras que requieren servicios de practicaje, están temporalmente interrumpidas debido a un conflicto que consideran ajeno a ellas.
La Cámara advirtió sobre el riesgo de que esta situación genere problemas de abastecimiento a causa de las dificultades en el transporte. Las interrupciones afectan las operaciones en diversos puertos, incluidos Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, utilizados para la distribución de combustibles a nivel nacional. Caleta Córdova, en Chubut, que es crucial para trasladar petróleo crudo a las refinerías, también se encuentra afectada.
“Básicamente, todos los muelles están impactados”, afirmaron fuentes del sector empresarial. Indicaron que al menos 12 operaciones dentro del segmento de downstream, que abarca desde la refinación hasta la distribución de combustibles, se encuentran comprometidas.
La paralización dio inicio durante el fin de semana, cuando los prácticos decidieron no aceptar nuevos servicios, aunque continuaron con las maniobras ya iniciadas. Este conflicto destaca por no contar con un paro gremial formal ni una convocatoria por parte de una organización sindical. Muchos prácticos trabajan de manera independiente, lo que limita las herramientas del Gobierno para intervenir.
Según informaron fuentes empresariales, el Ministerio de Trabajo no podría dictar una conciliación obligatoria debido a que no existe un conflicto colectivo en el marco de una relación laboral convencional.
La falta de prácticos ha comenzado a generar un cúmulo de costos a lo largo de la cadena del comercio exterior. Las empresas enfrentan demoras en los buques, reprogramaciones, costos portuarios y alteraciones en los cronogramas de carga y descarga.
Desde el sector marítimo ya habían alertado sobre pérdidas millonarias a causa de la parálisis, y a medida que pasa el tiempo, el impacto se expande hacia las industrias que requieren la movilización de insumos y productos terminados. Expertos de empresas energéticas han destacado que el problema principal no radica únicamente en el costo inmediato, sino en cómo una interrupción prolongada podría perjudicar la logística de abastecimiento.
Las operaciones portuarias son vitales para el traslado de crudo a las refinerías y para la distribución de combustibles en diversas regiones. La imposibilidad de operar puede alterar esta cadena, aunque la industria evita anticipar faltantes inmediatos en las estaciones de servicio.
CADE está trabajando junto a empresas afectadas y autoridades pertinentes para encontrar una solución que permita restablecer las operaciones portuarias. “Hay una cuestión económica: están paralizando los puertos. Nuestra intención es que se politice lo menos posible y poder encarar una solución”, comentaron representantes del sector.
Las compañías están en diálogo con funcionarios nacionales en busca de alternativas para reactivar las operaciones, aunque reconocen que la sustitución de los prácticos es limitada. El decreto emitido por el Ministerio de Desregulación habilita a la Prefectura Naval a designar personas con experiencia en situaciones de emergencia, pero las empresas apuntan que las maniobras de buques de gran tamaño requieren profesionales con conocimiento específico de cada área.
“El número (de personas capacitadas) es finito y todas las empresas están afectadas. Todos buscamos una solución, pero algunos no tendrán esa opción. No hay forma de cubrir toda la demanda si el conflicto no se resuelve”, advirtieron desde la actividad.
Dentro del sector energético, existe una opinión favorable hacia algunos objetivos del decreto gubernamental, ya que una mayor competencia podría permitir a las empresas seleccionar entre diferentes proveedores y acceder a precios más competitivos, disminuyendo así los costos del servicio de practicaje. Estas necesidades de la industria fueron discutidas durante la elaboración de la reforma, pero actualmente, la urgencia recae en restablecer la operatividad.
“Más allá de la discusión sobre el decreto, hoy las empresas necesitan buscar soluciones. Estamos enfocados en encontrar alternativas para reactivar las operaciones”, afirmaron.
Esta postura plantea una contradicción para el Gobierno: las empresas valoran la posibilidad de abrir el mercado, pero denuncian que la implementación de la nueva regulación ha conducido a una parálisis que amenaza con incrementar los costos logísticos y afectar el abastecimiento.
Ante la prolongación de la situación, el Gobierno ha comenzado a intensificar las medidas administrativas contra los prácticos, incluyendo intimaciones, sumarios, suspensiones y notificaciones para que retomen sus servicios. Dado que muchos prácticos no recibieron las notificaciones por falta de contacto o se negaron a firmarlas, las autoridades emitieron también una cautelar oficial.
Esta decisión fue tomada recientemente en una reunión con representantes de la Agencia Nacional de Puertos y funcionarios gubernamentales. Según la interpretación oficial, una resolución judicial podría obligar a los prácticos a retomar sus actividades. Esta opción judicial fue considerada luego de que las sanciones administrativas no lograsen provocar cambios en la postura de los profesionales.
Desde el sector empresarial se indicó que el Gobierno inicialmente intentó avanzar de manera gradual mediante procedimientos administrativos, pero ante la falta de resultados, se aceleró la búsqueda de una intervención judicial. Fuentes cercanas a los prácticos han señalado que hasta ahora no ha habido un acercamiento directo del Gobierno para negociar una salida al conflicto.
Según ellos, las autoridades han procedido con intimaciones y posibles sanciones, pero no han dialogado sobre las objeciones al nuevo régimen. Los prácticos sostienen que no están realizando un paro formal, sino que es una decisión individual de profesionales independientes de no aceptar nuevas operaciones. Por ello, cuestionan la posibilidad de ser obligados a aceptar servicios no contratados mediante una cautelar.
“Cuando se les intima o se les suma un cargo, van a afirmar que están ejerciendo su derecho a no trabajar. Son profesionales independientes”, sostuvieron. El sector ha aclarado que no se puede obligar a un práctico a interrumpir una maniobra en curso, ya que eso podría poner en riesgo la navegación y estaría sujeto a sanciones. Sin embargo, afirman que no existe obligación alguna antes de aceptar un nuevo servicio. Asimismo, refutaron la noción de que el carácter público del servicio impone una obligación incesante de trabajo.
“Son profesiones liberales que integran un servicio público. Una farmacia presta un servicio público, pero el farmacéutico puede decidir cerrar su local. Cuando está abierto, debe cumplir con ciertas obligaciones,” ejemplificaron. Por esta razón, anticiparon que los prácticos no se someterán voluntariamente a una eventual orden de retomar operaciones y, de ser necesario, están preparados para discutir judicialmente el alcance de dicha orden.
