La propuesta fue impulsada por los diputados Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez, de Unión por la Patria, quienes solicitaron la modificación del reglamento antes de comenzar a discutir los proyectos del Gobierno relacionados con 48 propuestas sobre la morosidad.
“Muchos de estos proyectos han sido presentados y no tienen costo fiscal. Debemos abrir las comisiones para debatir este asunto, dado que afecta a seis millones de argentinos que se encuentran en mora y sobreendeudados”, aseveró el legislador radical ante el pleno.
Martínez coincidió con esa visión, subrayando la persistente insistencia opositora en torno al tema durante el año. “En dos ocasiones pedimos ampliar el temario, pero no se logró. Esta es la quinta vez. Sabemos que hay 20 millones de personas endeudadas, de las cuales seis millones están en mora. Esto no puede ser ignorado”, cuestionó el jefe del bloque peronista.
El pedido para la modificación del reglamento requería el respaldo de las tres cuartas partes de los presentes, un objetivo que el oficialismo y sus aliados evitaron que se alcanzara. La votación mostró 133 votos a favor y 107 en contra, insuficientes para incluir el tema en la agenda.
Entre quienes votaron en contra se hallaron los diputados de La Libertad Avanza, así como los del PRO y José Garrido (por Santa Cruz). Al mismo tiempo, los aliados de la UCR, el MID y Producción y Trabajo (San Juan) optaron por la abstención.
La oposición, sin embargo, logró sumar apoyos de los misioneros y salteños del nuevo bloque, Argentina Federal, el cual prometía ser funcional al oficialismo, pero comenzó a mostrar un cambio al colaborar con el opositor. También se alinearon con esta postura Elijo Catamarca, de Raúl Jalil, y los grupos de Independencia, de Osvaldo Jaldo, junto con los opositores de Provincias Unidas, Coalición Cívica, peronismo e izquierdistas.
Sin embargo, la oposición interpretó el resultado como una victoria parcial: los 133 votos superaron el umbral de 129 necesario para pedir quórum, lo que habilita a un sector de la Cámara a insistir en las próximas semanas en la convocatoria para una sesión especial centrada en la mora y el sobreendeudamiento.
El objetivo de esta propuesta es para el 9 de septiembre, según se confirmó en una conferencia de prensa posterior. Otro asunto que se pretende abordar es el de emergencia en Discapacidad, una ley sancionada en 2025 que ha complicado al ministro de Salud, Mario Lugones, por el incumplimiento de su implementación. Aunque el Gobierno presentó un proyecto para modificar dicha ley, este no ha prosperado. A sabiendas de que el tema es disruptivo y sensible para el oficialismo, la oposición planea retomar la discusión sobre la extensión de la emergencia.
El presidente Javier Milei, ya anticipando este movimiento político, ha instruido esta semana, tanto en la reunión de Gabinete del lunes como en la cumbre con diputados y senadores el martes en la Casa Rosada, sobre cómo el Gobierno debe defender su posición ante el aumento de la morosidad.
“No se dejen operar por la oposición, salgan a defender esto”, enfatizó el jefe de Estado a los legisladores presentes durante la tarde de ayer. Entre los datos que compartió, con pizarra en mano, se pudo reconstruir que la morosidad en los bancos alcanza el 11%, concentrándose principalmente en las entidades más grandes, pero en cantidad de personas se acumula en las billeteras virtuales. Además, señalaron la relación de esta situación con las apuestas virtuales, indicando que en el conurbano, “en los municipios kirchneristas”, la mora supera el 25%.
Los más de 30 proyectos que la oposición intentó incluir en la agenda abordan, mediante diversos mecanismos, la intervención en el mercado de crédito al consumo. Entre las propuestas más recurrentes se encuentran la regulación de las tasas de interés, la fijación de criterios de “crédito responsable” para bancos, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.
Asimismo, consideran la creación de programas oficiales de refinanciación y alivio de deudas; mecanismos de “segunda oportunidad” para consumidores sobreendeudados y un fortalecimiento de las herramientas de protección contra prácticas abusivas de cobranza. Todas estas propuestas están detenidas en comisiones donde el oficialismo y sus aliados tienen el poder de bloqueo: Finanzas, Presupuesto y Hacienda, Defensa al Consumidor y Legislación General.
La solicitud llegó al recinto tras una semana en la que la Casa Rosada dedicó un significativo tiempo a definir una posición coherente sobre la morosidad. En la primera reunión de Gabinete en 45 días, Milei desestimó que los indicadores muestren una crisis y sostuvo que el aumento de la morosidad ya está comenzando a revertirse.
El análisis oficial considera que se trata de un problema que involucra a los actores privados y no una consecuencia de la política económica, destacando que el Gobierno debe reforzar la comunicación de sus logros antes que modificar su rumbo. Esta misma línea había sido anticipada por Milei durante su intervención en la Bolsa de Comercio de Rosario el viernes anterior.
En ese evento, afirmó que “no hay elementos para culpar a la política del Gobierno por lo que está ocurriendo en términos de morosidad” y acusó a quienes lo critican de manipular datos para fines políticos: “Están utilizando políticamente una categoría de mercado que entra en la definición de ‘repugnante’, tratando de cargar esas culpas sobre el Gobierno cuando este anunció la política que implementaría y la ha cumplido”.
Días antes, en el Council of the Americas, resumió la situación económica con una frase que fue repetida por sus legisladores en el Congreso: “La foto sigue siendo horrible, pero la película es la mejor”.
El mensaje se completó el martes, en la reunión que Milei tuvo con diputados y senadores libertarios en el salón Héroes de Malvinas, donde insistió en analizar los datos y las causas tras cada situación, sin convertirlas en un problema macroeconómico.
