Con el fin de fortalecer este proceso y garantizar su efectividad, el juez Ernesto Kreplak decidió inscribir la causa como un proceso colectivo, reconociendo que el reclamo afecta a los usuarios actuales y futuros de la red vial nacional.
Kreplak, bajo el pedido de una medida cautelar urgente, ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad, al Ministerio de Economía y al Banco Nación Argentina que presenten informes conforme al artículo 4 de la Ley 26.854 en un plazo no superior a tres días. Además, estableció un período de diez días para que los demandados proporcionen los informes requeridos en el trámite del amparo, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 16.986.
Tolosa Paz subrayó que los documentos en los que se basaron incluyen más de dos años y medio de trabajo, abarcando 800 páginas que detallan las cuentas de inversión del Banco Nación, la adquisición de letras y títulos del Tesoro, así como el destino de los fondos dirigidos a la infraestructura vial. “Es una decisión muy importante. Es un juez federal que está trabajando para garantizar el derecho a la vida de quienes usamos estas rutas nacionales”, destacó la diputada en un comunicado.
Asimismo, advirtió que el Gobierno Nacional podría alegar razones de “orden de la macroeconomía” para justificar la falta de inversión en este sector. En este contexto, Tolosa Paz criticó directamente al ministro de Economía, señalando: “Caputo va a tener que abrir esa caja y destinar los recursos donde tienen que estar: en las rutas”.
Para respaldar su reclamo, el Sistema Vial Integrado (SisVial) cuenta con más de $1 billón en inversiones financieras, mientras que las obras en las rutas del país no han progresado.
En cuanto a los últimos reportes sobre siniestros viales en Argentina, en el primer trimestre de 2026, la Ruta Nacional 5 ya presentó más muertes que en todo el año anterior, lo que resalta la gravedad de la situación. “No estamos ante una discusión presupuestaria: estamos hablando de vidas. No podemos normalizar que sigan perdiendo la vida personas cuando hay recursos disponibles y obras financiadas que deberían ejecutarse”, enfatizó Tolosa Paz.
El amparo también indica que las obras de la Ruta Nacional 3 y 5 cuentan con un financiamiento de u$s100 millones proporcionado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), y que aún no se ha cumplido con los compromisos acordados al momento de la firma.
Por el momento, la siguiente acción será el análisis de la medida cautelar solicitada por la diputada. Mientras tanto, se continuará con el proceso colectivo respecto al fondo del asunto.
