La acusación destacó que los imputados estaban al tanto de las deficiencias operativas del submarino y, a pesar de ello, permitieron que continuara en servicio. “El resultado era predecible”, subrayaron los fiscales, enfatizando que la pérdida del submarino no fue causada por un suceso imprevisto, sino por una serie de decisiones y omisiones dentro de la jerarquía naval.
Las penas más severas, de cinco años, fueron solicitadas para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y el ex capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos, a quienes se les considera responsables de autorizar operaciones a pesar de las limitaciones y problemas de mantenimiento detectados en la nave.
Asimismo, la fiscalía requirió cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres para Hugo Miguel Correa, quienes también llegaron al juicio en libertad. La acusación sostiene que el ARA San Juan presentaba antecedentes técnicos que justificaban un control más riguroso y medidas preventivas, afirmando que los acusados poseían la información necesaria para identificar los riesgos asociados a la navegación del submarino.
A medida que el juicio avanza hacia su desenlace, el Ministerio Público ha reconstruido el funcionamiento de la cadena de mando, haciendo hincapié en una serie de fallas relacionadas con el mantenimiento, supervisión y alistamiento del submarino.
La fiscalía agregó que las fallas en el ARA San Juan eran de conocimiento público y que existían advertencias previas sobre diversos problemas técnicos. Por esta razón, concluyeron que los acusados no cumplieron con los deberes que sus cargos les imponían al no tomar las medidas necesarias para evitar poner a la tripulación en un riesgo extraordinario.
En particular, la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), María Garmendia, señaló que se debía reprochar a Villamide el hecho de que “debía ser predecible el resultado acaecido del ARA San Juan, ya que entra en la violación de los deberes de cuidado que le son exigibles”.
Un aspecto crucial mencionado por la fiscalía fue la demora en realizar una inspección de seguridad que, según la acusación, debía haber tenido lugar antes de la tragedia. “Un testigo pudo confirmar que se priorizó la realización de operaciones por sobre una inspección de seguridad, la cual fue reprogramada para diciembre de 2017”, indicaron. Al concluir su alegato, los fiscales pidieron condenas por el “accionar imprudente” de los cuatro imputados.
El tribunal está compuesto por los jueces Mario Reynaldi, quien preside, Enrique Baronetto, Luis Alberto Giménez y Guillermo Adolfo Quadrini. Por parte del Ministerio Público Fiscal participan Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia.
Después de la presentación de la fiscalía, será el turno de las querellas representadas por Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra, seguido de los alegatos de las defensas. El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 mientras se encontraba en trayecto desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Los restos del submarino fueron localizados un año después, a casi 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur.
