Según fuentes, la audiencia estaba originalmente programada para mayo, pero la defensa de Sigman solicitó una postergación, que fue aceptada por la Justicia, reprogramando la indagatoria para este lunes.
La investigación también involucra a exfuncionarios del gobierno de Alberto Fernández, incluida la exministra de Salud Carla Vizzotti. El expediente tiene como objetivo determinar si hubo un plan deliberado del Estado para favorecer ciertos intereses económicos en la producción y compra de vacunas, en detrimento de la salud pública.
El fiscal Carlos Stornelli indicó que el Gobierno nacional rechazó una propuesta inicial de Pfizer, presentada en agosto de 2020, que incluía la entrega de más de 13 millones de dosis para la Argentina. En su lugar, el Ejecutivo firmó contratos para adquirir vacunas de AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm, el 6 de noviembre de 2020, el 9 de diciembre de 2020 y el 10 de febrero de 2021, respectivamente.
Según la acusación, las primeras entregas significativas de estas vacunas comenzaron entre marzo y abril de 2021, con lo que, según la fiscalía, se habría demorado la disponibilidad de dosis en el país. Stornelli argumentó que, de haber impulsado desde un principio las negociaciones con Pfizer, Argentina podría haber accedido a un volumen considerable de vacunas con varios meses de anticipación.
Además, se sostiene que los documentos relacionados con Pfizer fueron ocultados y manejados de manera desorganizada dentro del sistema electrónico GEDO, permaneciendo meses en distintos despachos oficiales sin justificación técnica.
Para el fiscal, Hugo Sigman es un nexo fundamental en la red investigada. Stornelli también apuntó que Sonia Tarragona, quien participó en las negociaciones con Pfizer, había sido directora general de la Fundación Mundo Sano entre 2008 y 2013. Esta fundación, presidida por Silvia Gold, esposa de Sigman, forma parte de los elementos considerados en la investigación.
Durante su indagatoria, Hugo Sigman tendrá la oportunidad de contestar las acusaciones o decidir no declarar, mientras el juez Ariel Lijo continúa recolectando pruebas para establecer si existieron responsabilidades penales en el proceso de contratación de vacunas en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
