La decisión de la detención se enmarca en una causa gestionada por la Fiscalía Penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), liderada por Ana Inés Salinas Odorisio, y se produjo durante la feria judicial. El sospechoso había estado bajo custodia desde el 15 de julio, cuando fue detenido en el contexto de varios allanamientos.
La propuesta de liberarlo bajo caución surgió a raíz de una solicitud del abogado del acusado, quien había solicitado medidas alternativas a la detención. Como resultado, el juez de Garantías, Nicolás Rodríguez Pipino, fijó un monto de 794 millones de pesos como condición para evitar su encarcelamiento.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público de Salta, el acusado no accedió a cumplir con esta medida, lo que llevó al auxiliar fiscal Pablo Nieva a solicitar la ejecución de la detención, petición que fue aceptada por el juez Antonio Pastrana.
La audiencia de formalización de la investigación penal está pautada para el 24 de julio. Además, se mantiene activas las órdenes de detención en relación con dos personas más vinculadas al caso.
La investigación se inició tras las denuncias de varias víctimas, quienes afirmaron haber entregado dinero y bienes a cambio de una supuesta rentabilidad. Los actos investigados estarían relacionados con maniobras fraudulentas que utilizarían esquemas de captación de fondos bajo la fachada del alquiler y venta de automóviles.
Hasta la fecha, la UDEC ha tomado declaración a cinco personas que confiaron en los relatos de los imputados. Según testimonios, estos se presentaban como representantes de las firmas Gerala Foa S.R.L. y Naireibis S.R.L., prometiendo rendimientos mensuales en dólares a sus clientes.
La fiscal Salinas Odorisio también busca esclarecer si existió una organización dedicada a captar fondos de terceros y quiere determinar el destino de dichas aportaciones, así como las responsabilidades penales de los implicados. Las autoridades sospechan que podría tratarse de una estafa de tipo piramidal.
El 15 de julio, la UDEC llevó a cabo seis allanamientos, durante los cuales se incautaron 12 vehículos, dispositivos electrónicos y documentos relevantes para la causa. Los operativos se realizaron en oficinas comerciales, viviendas y un predio en la zona de Las Costitas, San Lorenzo, donde se encontraba parte de la flota de vehículos involucrada.
En relación al uso de estos vehículos, se indicó que algunos habrían sido utilizados para prestar servicios en plataformas de transporte, mientras que se presume que otros fueron trasladados a diversas provincias para dificultar su localización.
Los investigadores también analizaron los constantes desplazamientos de los sospechosos entre Salta, Buenos Aires y países como Brasil, Chile y Portugal. Esta situación llevó a la fiscal Salinas Odorisio a solicitar medidas ante el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito Centro, bajo la supervisión de Ignacio Colombo, con el fin de prevenir posibles riesgos procesales.
Como parte de las medidas, se solicitó la inmovilización de cuentas bancarias asociadas a los sospechosos y sus sociedades, la detención de dos de ellos y la prohibición de salida del país para otros tres implicados.
Por el momento, las actuaciones continúan bajo secreto de sumario, mientras se evalúa la documentación incautada y se profundiza en la investigación de los movimientos financieros, considerando la posible existencia de más personas afectadas por este esquema delictivo.
