Una parte de los funcionarios ha comenzado a captar el contraste palpable entre la situación social y el discurso emitido por el presidente Javier Milei. Sin embargo, las medidas que han sido anunciadas se perciben como insuficientes para revertir el deterioro que presentan indicadores críticos de la economía, tales como la industria, la construcción, el comercio, el consumo y el empleo. Esta situación, además, afecta negativamente la imagen de Milei y su proyección hacia la reelección, generando un impacto correspondiente en las expectativas del mercado financiero.
A través de distintos medios, un sector del Gobierno ha filtrado que se buscará un aumento significativo en los salarios para así elevar el piso de los convenios colectivos a $1.000.000. Sin embargo, la realidad de los datos muestra que, para abril de este año, solo una actividad laboral y exclusivamente en su categoría inferior se encontraba justo por debajo de esa cifra deseada, con un ingreso de apenas $10.000 menos, tal como expuso el economista Federico Pastrana en su cuenta de X.
El ala de la CGT ha calificado esta situación como “una venta de humo”. Los miembros de esta central gremial consideran que este movimiento responde a una especulación política y actúa como un anzuelo engañoso, diseñado para sentar a los sindicatos a renegociar convenios que están por expirar con la finalización de la ultraactividad, un período que sigue vigente por la reciente reforma laboral.
La falta de consenso entre los sindicatos y las empresas ha llevado al Ejecutivo a definir por decreto la actualización del SMVM. Si realmente se quisiera dar una señal clara sobre los salarios, existe la capacidad de hacerlo. No obstante, el incremento del salario mínimo también conlleva un aumento en los planes sociales y en las prestaciones por desempleo. En un contexto en el que, en diciembre de 2023, Milei aseguraba que no había dinero, la caída en la recaudación acentúa la situación crítica, resultando en un panorama financiero aún más complicado.
De esta manera, en una semana en la que se insinúa un cambio significativo en la política salarial, el Gobierno decidió implementar aumentos que se mantendrán por debajo del 2%: 1,9% mensual desde septiembre de 2026 hasta enero de 2027, 1,88% para febrero, 1,8% en marzo y 1,7% en abril, según la información recabada de fuentes dentro de la Casa Rosada.
Recién en abril se alcanzará el monto de $437.000, que sigue siendo inferior a un tercio de lo que actualmente representa la Canasta Básica Total para una familia tipo. Las proyecciones de variaciones interanuales se ubican entre el 17% y el 22%, cifras que están por debajo de la inflación actual. Es importante señalar que el salario mínimo se aplica a algunos trabajadores en relación de dependencia que no cuentan con convenios específicos, así como a ciertos planes sociales y prestaciones por desempleo, y ha caído más de un 40% en términos reales desde diciembre de 2023.
Desde el sector empresarial, la información filtrada generó un impacto negativo. A pesar de la elevada cifra que se menciona como objetivo, un aumento del piso salarial recaerá sobre los sectores que ya están debatiéndose entre la supervivencia y el cierre, ante un contexto de caída del mercado interno y un incremento en las importaciones. “Las empresas que tendrían que asumir esto ya se han ajustado y están evaluando si pueden mantener sus puertas abiertas”, afirmó un vocero de una cámara de pequeñas y medianas empresas.
El empeoramiento en las ventas continúa generando tensiones en el ambiente interno de las cámaras que representan a los sectores más afectados. La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó recientemente un informe contundente sobre el aumento de la morosidad entre las empresas. La fragilidad del entramado productivo se ha convertido en un tema de alta preocupación para el presidente Milei. Hay sectores que presionan a la dirección de Martín Rappallini para endurecer la confrontación ante el oficialismo.
El día miércoles próximo se conmemorará el Día de la Industria. La UIA lo celebrará en la planta de Elea. Curiosamente, o no, los laboratorios nacionales se enfrentan a una medida impulsada por el oficialismo en el Congreso que complica la producción local de medicamentos genéricos. Esta vez, el presidente no asistirá al evento, lo que sugiere que los recuerdos de su última participación no fueron del todo positivos. En su lugar, representará al Gobierno el secretario de coordinación productiva, Pablo Lavigne.
En medio de una realidad que combina uno de los períodos más desafiantes de la historia y la necesidad de “reactivar” el crédito hipotecario a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, la situación del consumo se presenta como un “récord histórico” y al mismo tiempo la sugerencia de aumentar los salarios formales a un nivel que sigue siendo inferior a la canasta básica provoca un cortocircuito.
Es evidente que alguien dentro del Gobierno, aunque no sea el presidente, ha comenzado a darse cuenta de que no todo transcurre conforme al plan establecido y que el dogma libertario enfrenta límites impuestos por una realidad económica compleja.
Un ejemplo cercano podría ser el supuesto auge en la venta de televisores en la antesala del Mundial, que ha resultado ser un factor más para el aumento de la morosidad. La realidad muestra que el volumen de ventas cayó un 10,7% en comparación con el período previo al Mundial de Qatar 2022, y un 31,9% si se toma como referencia la antesala del Mundial de Rusia 2018.
Meses antes del debut de la selección en Estados Unidos, un grupo de empresarios que anticipó esta caída presentó una propuesta, en conjunto con los bancos, para impulsar las ventas mediante un plan de cuotas. Sin embargo, la respuesta del funcionario de coordinación productiva fue contundente: “Nosotros no somos kirchneristas”.
El dogma libertario se enfrenta a su propio laberinto. El presidente ha manifestado que morirá “con las botas puestas”. Sin embargo, está claro que una parte de su equipo busca implementar cambios que contribuyan a mejorar el clima social. La interrogante radica en si, tras casi tres años de aplicar una política de ajuste radical, todavía tienen las herramientas necesarias para revertir esta situación.
