La organización envió una carta dirigida al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en la que cuestionaron los argumentos presentados por la administración de la ciudad para reprogramar la Marcha del Orgullo, que se basan en supuestas dificultades operativas y de seguridad ante la visita de León XIV.
De acuerdo a información que ha trascendido, la administración local no ha impedido la realización del evento, pero ha señalado que si se lleva a cabo el 7 de noviembre, no podrá garantizar su apoyo logístico.
Los representantes del colectivo LGBT+ hicieron hincapié en que comprenden “la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad que una visita de estas características requiere”. Sin embargo, argumentaron que la justificación presentada por el Gobierno porteño no es “razón suficiente” para sugerir la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más significativos, históricos y multitudinarios de la Ciudad. Enfatizaron: “más aún, teniendo en cuenta que el Papa llega a nuestro país recién al día siguiente”.
La Comisión explicó que la Marcha del Orgullo “es una marcha federal, construida durante todo el año por organizaciones de todo el país, y uno de los acontecimientos populares más masivos de Argentina”. Al respecto, sostuvieron que muchos asistentes —incluidos civiles, artistas, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, estudiantes, entre otros— ya han dado pasos concretos planificando su participación, adquiriendo con antelación pasajes de transporte y realizando reservas de alojamiento.
En otro ámbito, la Comisión planteó que “cualquier cambio en la fecha de la Marcha afectaría directamente a las decenas de marchas del orgullo en todo el país”, que definen su fecha a partir de la Marcha del Orgullo Nacional, la cual se lleva a cabo en Buenos Aires.
A su vez, manifestaron que no existió una bajada de línea por parte del Gobierno Nacional y que, según fuentes vinculadas al Vaticano, no había sido un pedido especial de esta institución por la visita del Papa.
Otro argumento que se esgrimió para sostener la realización de la marcha el 7 de noviembre fue la ley 6.482 de la Ciudad, que establece que las organizaciones no gubernamentales reconocidas en la defensa de los derechos de las personas LGBT+ en Buenos Aires son las que definen la fecha de la marcha.
El colectivo también expresó su desacuerdo con la aparente falta de interés del Ejecutivo porteño, indicando que esta solicitud de reprogramación se presenta como otro gesto provocador hacia las diversidades, en un contexto de aumento y respaldo institucional a las violencias sufridas por personas LGBT+.
Finalmente, la Comisión demandó a Macri que reconsidere su postura y se mostró “a disposición para trabajar responsablemente junto con las autoridades de la Ciudad y de la Nación en todos los aspectos operativos, sanitarios, logísticos y de seguridad necesarios”.
En el comunicado público dirigido al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, las organizaciones que integran la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo expresaron ante el planteo de su Gobierno de suspender la marcha prevista para el 7 de noviembre, argumentando dificultades operativas y de seguridad vinculadas con la visita del Papa León XIV a Argentina. En su misiva, afirmaron lo siguiente:
“Queremos comenzar expresando algo que debería ser evidente: comprendemos la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica, así como la complejidad de los operativos de seguridad que esta circunstancia requiere.
Sin embargo, lo que no logramos comprender es por qué esa situación se presenta como un motivo suficiente para sugerir la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más relevantes, históricos y multitudinarios de Buenos Aires, más aún teniendo en cuenta que el Papa llegará al país el día siguiente a nuestra marcha.”
El texto continuó argumentando que, aunque se había propuesto realizar la marcha en otra fecha, una movilización de tales características no puede verse como una simple reprogramación sin connotaciones. “La Marcha del Orgullo requiere meses de preparación colectiva, involucra a organizaciones de todo el país, atrae a millones de personas y supone una enorme coordinación de viajes, delegaciones, artistas, organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos. Cambiar su fecha no significa simplemente mover una actividad en una agenda: implica alterar una organización federal ya establecida, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas que desean participar”, destacaron.
La Comisión hizo énfasis en que la Marcha del Orgullo es una manifestación federal, organizada a lo largo del año por diferentes agrupaciones, y es uno de los encuentros públicos más masivos de Argentina. En sus últimas ediciones, ha congregado a aproximadamente dos millones de personas, muchas de ellas provenientes de diversas provincias y otros países.
“Miles de personas ya han planeado sus viajes para estar en Buenos Aires el 7 de noviembre. Muchos han comprado boletos y reservado alojamiento. Organizaciones de distintas provincias han organizado colectivos y delegaciones. Artistas que apoyarán la marcha han bloqueado esa fecha en sus agendas y varios no podrán reprogramar su participación. También organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos han planeado su presencia durante meses”, afirmaron.
Además, insistieron en que un cambio de fecha afectaría directamente a las decenas de marchas del orgullo en todo el país, que alinean su calendario con la Marcha del Orgullo Nacional, que se lleva a cabo en Buenos Aires, lo que ha sido considerado un evento importante y no puede ser tratado como una decisión que carezca de implicaciones.
Hasta el momento, aclararon, ninguna autoridad del Gobierno Nacional había sido consultada por la Comisión Organizadora sobre la posible modificación de la fecha. Simultáneamente, diversas fuentes del Vaticano consultadas por la Comisión afirmaron que no existía, por parte de esa institución, un pedido en tal sentido.
El planteamiento que habían recibido provenía únicamente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “Nos sorprende que una ciudad como Buenos Aires, sede permanente de eventos políticos, culturales, deportivos, religiosos y sociales de gran magnitud, no cuente con la capacidad operativa necesaria para garantizar la realización de distintos eventos en días sucesivos”, argumentaron.
“Nos sorprende aún más que el evento masivo relacionado con la presencia del Papa en la ciudad esté programado dos días después de la Marcha y en un espacio diferente a aquellos por los cuales históricamente transita nuestra movilización”, añadieron.
Buenos Aires recibe constantemente recitales multitudinarios, partidos de fútbol, movilizaciones sociales, congresos internacionales, eventos culturales y visitas de Jefes de Estado. La coordinación entre actividades de gran escala, incluso con coincidencias temporales, es parte de las responsabilidades de un gobierno metropolitano.
La Comisión planteó que, en una situación excepcional, la respuesta lógica debería ser reforzar la coordinación entre distintas jurisdicciones y fortalecer los dispositivos de seguridad y logística, en lugar de trasladar esas dificultades a millones de personas y cientos de organizaciones que han trabajado durante meses en su preparación.
“También hay un aspecto institucional que no podemos pasar por alto. La ley 6.482 de la Ciudad reconoce que la fecha de la Marcha del Orgullo es determinada por las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de las personas LGBT+, con actividad en Buenos Aires. Esta autonomía no es una concesión de ningún gobierno; es el reconocimiento de una historia construida por nuestra comunidad y de una manifestación que pertenece a las organizaciones y a las personas que la llevan adelante”, argumentaron.
La Comisión también manifestó su preocupación respecto a que la propuesta de suspensión se acompaña de una alerta de que, si deciden mantener la marcha el 7 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad “no podrá acompañar” su realización.
“Es importante dejarlo en claro: eso no significa simplemente retirar un auspicio institucional. El acompañamiento que históricamente ha brindado la Ciudad incluye infraestructura indispensable para un evento de esta magnitud: escenario, baños, ambulancias y otros componentes logísticos necesarios para garantizar condiciones adecuadas de organización y seguridad”, aclararon. Por tanto, establecer esa condición para el acompañamiento coloca a las organizaciones en una situación extremadamente delicada. “Aún más: si el argumento para solicitar la suspensión es precisamente la seguridad, resulta contradictorio que la consecuencia de mantener la fecha sea la retirada de recursos que contribuyen directamente a garantizarla. Creemos que la responsabilidad del Estado debería operar justamente en el sentido contrario”, añadieron.
“Si hay circunstancias extraordinarias durante ese fin de semana, deberían reforzarse los recursos disponibles, facilitar la coordinación entre las fuerzas, los servicios de salud y los dispositivos logísticos necesarios para asegurar que ambos eventos puedan desarrollarse con normalidad”, concluyeron.
Este planteamiento se da en un contexto en el que la comunidad observa con creciente preocupación distintas decisiones y señales del Gobierno de la Ciudad. La Ministra de Cultura no ha recibido hasta ahora a las organizaciones que trabajan en uno de los acontecimientos culturales y populares más relevantes que se celebran anualmente en Buenos Aires. La Vicejefa de Gobierno efectúa constantes ataques hacia nuestra comunidad y las políticas públicas de diversidad a través de las redes sociales.
Se han adoptado decisiones que implican restricciones en la atención de personas migrantes y refugiadas LGBT+, muchas de las cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Las políticas de derechos humanos han perdido jerarquía institucional: la anterior Subsecretaría de Derechos Humanos fue degradada a una Dirección y, además, el área de diversidad dejó de existir institucionalmente dentro de la estructura del Gobierno de la Ciudad.
La Comisión argumentó que todo esto es relevante para comprender el contexto. En este marco, el planteamiento del Gobierno de la Ciudad parece ser una excusa más para marginar a la diversidad. “¿Se le ocurriría al Gobierno de la Ciudad proponer la suspensión de la Marcha del 24 de marzo o la de una movilización convocada por los sindicatos para el 1 de mayo por cualquier motivo? Consideramos que no. Entonces, ¿por qué lo hacen con esta movilización?”, cuestionaron.
La comunidad nota una creciente disminución de la institucionalidad de sus políticas públicas, experimenta dificultades para ser recibida por las autoridades, sufre ataques constantes de miembros del propio Gobierno y, para colmo, se le solicita la suspensión de la expresión pública más significativa bajo la amenaza de que, si no se acepta esta alternativa, perderá el apoyo estatal, lo que genera preocupación y rechazo.
Buenos Aires ha construido, a lo largo de las décadas, una identidad internacional vinculada con la libertad, la diversidad, la cultura y los derechos humanos. La Marcha del Orgullo es una de las cinco marchas más multitudinarias del mundo. Organizaciones como el WorldPride convocan a la ciudad a participar en paneles internacionales para evidenciar esta realidad. No deberíamos retroceder en aquello que nos convirtió en un referente a nivel regional e internacional.
Numerosas grandes ciudades han comprendido esto desde hace tiempo: Madrid, Barcelona, Nueva York, París y muchas otras apoyan institucional y presupuestariamente sus marchas y celebraciones del Orgullo, incluso bajo gobiernos de términos políticos completamente diferentes.
A menudo lo hacen por un compromiso con la igualdad y la diversidad, pero también porque han reconocido que estos acontecimientos son extraordinariamente valiosos para sus respectivas ciudades. Generan turismo nacional e internacional, ocupación hotelera, actividad gastronómica, consumo, trabajo cultural, producción artística y movimiento económico.
La Marcha del Orgullo también produce toda esta riqueza para Buenos Aires. Durante ese fin de semana, llegan personas de diversas partes de Argentina y del exterior, que ocupan hoteles, trabajan en restaurantes y comercios, movilizan artistas, productores, técnicos, trabajadores y emprendedores. La Ciudad recibe mucho en términos de desarrollo económico por la Marcha del Orgullo.
Por esto, resulta razonable esperar que los distintos niveles del Estado también estén dispuestos a apoyarla. “No estamos pidiendo ningún privilegio. Solicitamos que los diferentes niveles del Estado cumplan con sus responsabilidades: coordinar, organizar y garantizar derechos. Una ciudad con la escala, los recursos y la experiencia de Buenos Aires debería ser capaz de recibir al Papa y, a la vez, garantizar que millones de personas puedan ejercer su derecho a manifestarse. Una cosa no debería excluir a la otra. De hecho, la capacidad de hacer convivir eventos, identidades, creencias y expresiones sociales diversas es precisamente una de las características de una ciudad plural y democrática”, puntualizaron.
Por ello, solicitamos que el Jefe de Gobierno actúe personalmente para revisar la decisión comunicada y que asegure el respaldo del Gobierno de la Ciudad a la Marcha del Orgullo estipulada para el 7 de noviembre.
“Estamos, como siempre, dispuestos a colaborar de manera responsable con las autoridades de la Ciudad y de la Nación en todos los aspectos operativos, sanitarios, logísticos y de seguridad necesarios. Lo que no nos parece razonable es que ante una dificultad de coordinación estatal se nos pida que desmantelaremos meses de organización, que miles de personas reprogramen viajes ya contratados, que delegaciones de todo el país reorganizen su participación y que artistas y organizaciones alteren compromisos asumidos desde hace meses”, finalizó la carta.
La Marcha del Orgullo se llevará a cabo el 7 de noviembre. Se espera que el Gobierno de la Ciudad encuentre las herramientas necesarias para apoyarla, garantizarla y cuidarla. Buenos Aires cuenta con los recursos, la experiencia y la capacidad para lograrlo. Además, se espera que el Gobierno comprenda que respaldar la diversidad no se limita a reivindicarla en discursos o cuando no representa una dificultad. Gobernar una ciudad diversa implica garantizar efectivamente esa diversidad cuando requiere decisiones, recursos, coordinación y compromiso político.
