Las negociaciones entre el Gobierno y el sector dialoguista de la oposición se aceleraron en las últimas horas. Sin embargo, todavía necesita asegurarse el apoyo de la Coalición Cívica y de la bancada de Innovación Federal, integrada por nueve diputados de cuatro provincias.
El oficialismo tiene como objetivo lograr el dictamen en comisión del proyecto de ley ómnibus para llevarlo al recinto la próxima semana. La idea de discutirlo (y aprobarlo) antes del paro general de la CGT, una idea que se manejó con fuerza entre miércoles y jueves, parece haber quedado atrás.
En el oficialismo son conscientes de la fragilidad parlamentaria con la que asumieron: La Libertad Avanza cuenta con tan solo 38 diputados, y necesita sí o sí establecer alianzas políticas para conseguir los 129 votos que le garanticen el triunfo legislativo en la Cámara baja. Y en ese camino está por estas horas el Gobierno.
El escenario tiene algunas certezas: de los 257 diputados, 107 votarán en contra. Los 102 de Unión por la Patria y los 5 del Frente de Izquierda se mostraron desde el inicio intransigentes, y adelantaron el rechazo a la iniciativa. En contrapartida, el Gobierno tiene el apoyo de los 37 integrantes del PRO y el de José Luis Espert, integrante del unibloque Avanza Libertad, pero que en los hechos forma parte del oficialismo. Así, le faltarían 53 votos para conseguir la media sanción.
La UCR, según adelantó el presidente del bloque, el cordobés Rodrigo De Loredo, también apoyaría la iniciativa, mucho más a partir de los cambios aceptados por el Gobierno. De esta forma, habría otros 34 apoyos para la iniciativa, número que se achicaría aún más con los votos de otros bloques minoritarios como el de La Unión Mendocina, Creo, Buenos Aires Libre y Producción y Trabajo.
Pero hay otro bloque que todavía está negociando, Innovación Federal, que cuenta con 9 legisladores: Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega por Salta; Carlos Fernández, Daniel Vancsik, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa por Misiones; Osvaldo Llancafilo por Neuquén y Agustín Domingo por Río Negro.
Con ese panorama, además del respaldo de Innovación Federal, el apoyo clave que necesita el Gobierno es el del bloque Hacemos Coalición Federal que encabeza Miguel Ángel Pichetto y que integran la Coalición Cívica y los peronistas de Cambio Federal, Hacemos por Córdoba. Son, en total, 23 legisladores. Este grupo tiene, además, fuertes lazos con los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).
El vicepresidente de ese bloque es el cordobés Carlos Gutiérrez, mientras que Juan Manuel López es el secretario parlamentario. Además, lo integran Oscar Agost Carreño, Jorge Antonio Ávila, María Victoria Borrego, Juan Fernando Brügge, Marcela Campagnoli, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Ignacio García Aresca, Florencia Lewtak, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Francisco Morchio, Paula Oliveto, Esteban Paulón, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Alejandra Torres.
En ese marco, Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica en HCF, si bien es bienvenida la nueva instancia de diálogo con el Gobierno, aún no tienen el escrito final con los cambios que se comprometió introducir el Ejecutivo.
“Nuestras principales preocupaciones tienen que ver con el capítulo fiscal, con los jubilados y las delegaciones especiales al presidente. Ayer se habló con Caputo, nos dijo que los cambios los estaban escribiendo y que los iban a enviar esta tarde. Nosotros dejamos claro que necesitamos leerlos”, explicó el legislador.
Respecto de cuándo podría llegar al recinto el proyecto, López advirtió que, para la Coalición Cívica, sería “un error” sesionar el mismo día que la CGT realizará el paro general de 12 horas. “Para nosotros es una debilidad y no nos vamos a exponer. Es un riesgo”, dijo en relación a lo que puede ocurrir durante la protesta.
López también dijo que hay otros temas que no quedaron muy claro y que generan preocupaciones, como los relacionados al medioambiente y, también, el capítulo sobre Seguridad.
Además, afirmó que la idea es “votar todos juntos en general” en el bloque, a pesar de que hay algunos temas en los que puede haber más o menos intereses de acuerdo a las provincias a las que representan. “Queremos darle herramientas el Gobierno, tenemos buena predisposición”, afirmó.
En ese mismo sentido se expresó ayer el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, quien ratificó que es necesario separar los temas “urgentes de los irrelevantes”.
“Somos una oposición constructiva porque no queremos que nuestro pueblo siga sufriendo. Si el oficialismo tiene voluntad, podemos arribar a los acuerdos que le den al gobierno los instrumentos razonables y constitucionalmente válidos para enfrentar la crisis económica y social que los argentinos están viviendo desde hace tiempo como resultado de las irresponsables políticas fiscales, financieras y monetarias de los últimos veinte años”, escribió Ferraro en su cuenta de X.
Tras cuestionar las “opiniones suspicaces”, Ferraro dijo que “es necesario priorizar los apartados más urgentes del proyecto y sancionarlos en estas sesiones extraordinarias: herramientas legales que contribuyan a reducir el déficit fiscal y a ordenar la macro, sin abandonar a los trabajadores y jubilados, ni a quienes producen en todo el país; promover las inversiones y el ingreso de capitales sin impunidad ni privilegios para nadie; reconocer la emergencia presente sin delegar facultades ni plenos poderes inconstitucionales”.
El titular de la Coalición Cívica también dijo que hay otras reformas importantes que pueden ser tratados durante el año, en las sesiones ordinarias del Congreso, ya que “requieren de la participación y discusión de muchos actores y partes para hacer las mejores leyes que permitan desplegar el potencial que tenemos como país”.
Por último, Ferraro rechazó “las cuestiones triviales e intrascendentes que no tienen nada que ver con la agenda de los argentinos. No vale la pena retroceder en cuestiones que han sido saldadas pública y socialmente tanto en el mundo como en Argentina”.
Anoche, en los bloques aliados -el PRO, la UCR y Hacemos Cambio Federal, la bancada que combina a resabios del PRO, el peronismo no K y la Coalición Cívica- se preguntaban qué guion construiría la administración libertaria alrededor de una iniciativa que, por el resultado de las negociaciones, permite inferir una serie de modificaciones que no se condicen con ese libreto.
Durante las negociaciones de este jueves, Santiago Caputo, quien fue la “voz” del presidente en las reuniones, blanqueó la idea de dictaminar el lunes y convocar al recinto el martes, en una sesión que se prevé maratónica y que podría durar casi 48 horas, es decir hasta el miércoles 24, el día del paro y la movilización de la CGT y el peronismo. Una estudiada puesta en escena que, según confiaron, fue rechazada por algunos integrantes del bloque presidido por Pichetto, entre ellos Emilio Monzó y el propio López.
El papel clave de los gobernadores
En ese escenario de negociaciones también es clave el rol de los gobernadores, principalmente los 10 que pertenecen a lo que fue Juntos por el Cambio. De hecho, esta semana hubo una reunión por zoom de la que participaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Nacho Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) con un grupo de diputados entre los que se encontraban Pichetto y Nicolás Massot (HCF); Damián Arabia, del PRO, y Rodrigo De Loredo y Alejandro Cacace por la Unión Cívica Radical (UCR).
Fue encuentro que se extendió por cerca de tres horas, en donde repasaron todos los puntos de la conocida como Ley Ómnibus con los que no están de acuerdo. Los gobernadores dan el visto bueno al 80% de los 600 artículos del proyecto. Sin embargo, objetan que en el Gobierno no están articulando las modificaciones que solicitan. Sin ceder en algunos puntos, los gobernadores no están dispuestos a apoyar el articulado a libro cerrado.
Pero también hay otro grupo de gobernadores presiona por una modificación que, para sus territorios, es fundamental: el capítulo sobre hidrocarburos. Los mandatarios de las provincias petroleras, algunos peronistas y otros de Juntos por el Cambio, se reunieron el miércoles para terminar de consensuar, como bloque, los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la ley ómnibus que reforma la regulación de esa industria.
La reunión tuvo lugar por más de dos horas en la sede del Centro Federal de Inversiones (CFI) de la calle San Martín y asistieron casi todos los mandatarios que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), creada hace 37 años para coordinar las políticas que afectan las reservas de hidrocarburos entre las jurisdicciones donde se encuentran emplazadas.
Estaban los jefes provinciales de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa (que llevó a la titular de Energía y Ambiente); de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Mendoza, Alfredo Cornejo -que se conectó a la reunión por videoconferencia, pero encargó a su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que asista de manera presencial- y de Jujuy, Carlos Sadir. En tanto, Gildo Insfrán, de Formosa, mandó a su ministro de Economía, Jorge Ibañez; Gustavo Sáenz, de Salta, a su ministra de Minería, Romina Sassarini; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, al titular de Energía, Jaime Álvarez.
Así las cosas, más allá de los avances de las últimas horas, el Gobierno aún debe profundizar las negociaciones para garantizarse la media sanción en la Cámara baja.
