La propiedad, situada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Gutenberg, pertenecía a Eduardo Muñoz, identificado como uno de los principales sospechosos del crimen y líder de una organización dedicada al narcotráfico. Este es el cuarto punto de venta de drogas desmantelado en la zona en las últimas dos semanas.
Eduardo fue aprehendido el 25 de junio en el barrio Tablada, al sur de Rosario, y según fuentes oficiales, fue trasladado a un establecimiento penal de esa ciudad. Su detención estaba acompañada de una recompensa de $20 millones, establecida por el Ministerio de Seguridad.
Un día después de su detención, se formalizó su acusación como líder de la asociación, con agravantes por violencia física y amenazas, así como coautor de los delitos de comercialización de estupefacientes, homicidio calificado contra un agente de las fuerzas de seguridad y dos cargos por tenencia ilegal de armas de fuego.
Durante el desalojo del búnker, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, subrayó el compromiso del Estado con la intervención en Villa Banana: “Hace pocos días estuvimos aquí para derribar otros tres inmuebles cercanos. Hoy llegamos al búnker número 130 en toda la provincia, y este procedimiento es parte de la investigación del homicidio del policía federal ocurrido en este barrio”.
El fiscal del Ministerio Público de Acusación, César Cabrera, comentó que tras el asesinato del oficial, se formó un equipo de trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el fin de abordar de manera integral la violencia relacionada con el narcotráfico en Villa Banana.
“El Ministerio Público Fiscal federal investiga el homicidio, mientras que el MPA trabaja en los hechos de violencia asociados al narcomenudeo, que consideramos fueron el origen de lo acontecido aquella noche”, detalló el fiscal.
Cabrera agregó que, a raíz de esta investigación, se identificaron varios inmuebles empleados para la venta de drogas.
Finalmente, el fiscal enfatizó que la intervención estatal en el barrio seguirá más allá de este operativo: “La detención de los principales sospechosos y el derribo de este inmueble no van a cerrar la investigación. Mantendremos una intervención focalizada en la zona para seguir desarticulando las estructuras vinculadas al narcomenudeo y disminuir la violencia”.
Con este último desmantelamiento, la provincia alcanza un total de 130 búnkeres desactivados desde la implementación de la Ley de Microtráfico, que fue aprobada por la Legislatura en diciembre de 2023. Los operativos se están llevando a cabo desde principios de 2024 gracias a una coordinación entre el Gobierno Provincial, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y los gobiernos locales.
