A través de un escrito presentado por los abogados Alejandro de Dios Montiel y Fernando José Diez, Piccirillo busca la revocación de su prisión preventiva, mejorar las condiciones de su detención y la reestructuración de los millonarios embargos en su contra. Denuncia que su arresto es una especie de “pena anticipada”.
La defensa subraya el cumplimiento “intachable” de Piccirillo desde que la Cámara Federal le concedió el arresto domiciliario con una tobillera electrónica en noviembre de 2025.
Esta solicitud se produce en un contexto mediático y judicial agitado por la divulgación de videos de Cirio en posesión de dólares en un vestidor. Recientemente, la modelo solicitó que dicho material no se considere como prueba en la investigación por enriquecimiento ilícito que enfrenta junto a su ex marido, Martín Insaurralde, en el denominado Bandido-gate. En el recurso, Cirio argumentó que la obtención del material se realizó mediante extorsión y acceso ilegal a su celular.
El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella descartaron, después de una inspección, que las imágenes provinieran de la vivienda en Nordelta donde Cirio residió con Piccirillo.
Previniendo una posible negativa a su libertad total, la defensa propuso un plan alternativo que consiste en el cambio de lugar del arresto domiciliario. Piccirillo actualmente cumple su prisión en un departamento en Banfield, lugar que, según sus abogados, es “notoriamente exiguo e incómodo” para su reclusión. Se reveló que Piccirillo adquirió un jacuzzi inflable, el cual fue instalado en la terraza del edificio.
Ahora, solicita trasladarse al departamento de su nueva pareja en Núñez y, debido a la notoriedad del caso, sus representantes pidieron que la nueva dirección se mantenga en estricta reserva para proteger a su familia y vecinos.
Además, Piccirillo busca autorización judicial urgente para alquilar la Unidad N° 31 que posee en el barrio El Yacht de Nordelta, con el argumento de que se destinará a la manutención de su hija.
Actualmente, Piccirillo enfrenta un embargo de $900.000.000, una inhibición general de bienes y propiedades congeladas. Sus abogados reclaman reducir el embargo a $200.000.000, cifra que consideraron equivalente a la dictada para los coimputados Helguero y Smith. Para desbloquear sus propiedades en Nordelta, proponen reemplazar los embargos físicos por un depósito judicial en efectivo por la misma suma.
Asimismo, Piccirillo solicita la restitución de los $100.000.000 que depositó como caución real en febrero de 2025 al acogerse a una exención de prisión.
El imputado cumple arresto domiciliario por un presunto operativo irregular en el Palacio Duhau, donde se acusó a policías de complicidad en la detención de Hauque y su esposa, Anahí Aquino, a quienes supuestamente se les plantó un arma y dos kilos de cocaína, en el contexto de una deuda de 6 millones de dólares que Hauque reclamaba.
El caso ha tomado un giro significativo, ya que la Justicia investiga si Piccirillo, Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, y Hauque participaron en un esquema de enriquecimiento mediante la compra de dólares al precio oficial en agencias de cambio, para luego revenderlos en el mercado paralelo.
La causa, que está bajo la supervisión del fiscal Picardi y el juez Ariel Lijo, también examina el presunto pago de comisiones para acelerar la aprobación de los SIRA, certificados indispensables para que los importadores accedieran al dólar oficial.
