El recorrido desde Skanska hasta Insaurralde ilustra el modo de hacer política del kirchnerismo a lo largo de 20 años, período que coincide con la mitad de la democracia en el país, durante el cual se ha transformado el ejercicio político en una oportunidad para el saqueo del Estado y la acumulación de fortuna personal. En término de escala y duración, el kirchnerismo se sitúa como la mayor evidencia estructural de dos problemas endémicos en Argentina: la permanencia en el poder de figuras políticas como plataforma para llevar a cabo la corrupción en su máxima expresión, y la existencia de una justicia que avanza lentamente o no actúa para desmantelar las intrigas políticas que facilitan este tipo de corrupción. En estas dos dimensiones, el kirchnerismo supera al menemismo y su legado de corrupción, marcando un récord en este sentido.
Sin embargo, los indicios de corrupción también salpican a los funcionarios del actual gobierno de Milei en los pocos años que lleva en el poder. La promesa de una purificación libertaria de la política parece haberse desvanecido rápidamente. Considerando los logros macroeconómicos del gobierno, surge una reflexión: los límites del reformismo de Javier Milei no parecen estar en el ámbito económico. Hoy se vislumbran más posibilidades de reestructurar la matriz macroeconómica que de erradicar la red de corrupción estatal y la protección cómplice de un Poder Judicial que enfrenta persistentes problemas de transparencia e independencia.
Esta comparación resulta reveladora sobre la gravedad de la justicia y la corrupción: la problemática que tradicionalmente se ha relacionado con crisis macroeconómicas recurrentes parece estar en vías de resolución por primera vez en más de cuarenta años, mientras que el entramado de intereses oscuros que vincula política, justicia y poder económico sigue sin aclararse. Esta novedad podría implicar un cambio en la dinámica del problema argentino, que podría estar transitando de una situación macroeconómica hacia un enfoque más particularizado en la crisis de justicia.
El dúo corrupción-impunidad sigue dominando el panorama de la crisis nacional, mientras que la administración de Milei intenta instar al país hacia un orden macroeconómico que prometa cierto avance. ¿Es este el futuro que se aproxima? Un mileísmo que logre controlar la macro y resistir el uso político del déficit, pero que no pueda desmantelar la perversa red de corrupción y justicia.
En el ámbito macroeconómico, Milei ha alcanzado lo que muchos consideran impensable: ha enfrentado el costo político de un reordenamiento que ha puesto fin al déficit, ejecutado el ajuste temido, terminado con la emisión y orientado el futuro del país hacia la disminución de la inflación. Todo esto, con el respaldo de los votantes, en el transcurso de dos elecciones. Milei concretó lo que hasta su victoria en 2023 parecía inalcanzable.
Sin embargo, el temor a perder electores ante un ajuste impopular limitó el ideal de déficit cero con inflación controlada del gobierno anterior. Para el kirchnerismo, este enfoque nunca fue posible, dado que el modelo de distribución deficitario le otorgó mayores excusas en su relación con los votantes. Lo que el mileísmo ha logrado en términos económicos es algo que otras fuerzas políticas no pudieron, ni supieron capitalizar.
A pesar de su éxito económico, como lo califica un analista del mercado desde Nueva York, Milei enfrenta el desafío de credibilidad en su promesa de refundación ética de la política dentro de su administración. De este modo, 2027 se presenta con menos recursos disponibles en la caja de herramientas electorales para el gobierno, que ya no puede promover con vehemencia la narrativa de una política sin corrupción.
Recientemente, Milei se reunió con sus legisladores para definir la agenda legislativa en un contexto electoral que se aproxima. Su prioridad parece ser la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un asunto carente de la épica que suele movilizar a las masas, pero que asume una relevancia absoluta en su estrategia. Mientras que en la crisis de corrupción y justicia no se observan esfuerzos significativos para su resolución, sino más bien un sustento de intereses particulares, un aprendizaje que el mileísmo parece haber adoptado.
Las decisiones del Gobierno en este segundo período de gestión y en el marco de las elecciones presidenciales se definirán en el Congreso, a través de reformas estructurales y la consolidación económica. El abordaje político está cambiando hacia una negociación más que confrontativa.
El discurso anticasta ha quedado prácticamente relegado: raramente es mencionado. El mileísmo reorganiza sus estrategias empleando las herramientas que ha podido resguardar durante estos dos años. La cruzada contra la corrupción no forma parte de estas herramientas.
Ayer, la sentencia en el caso Skanska afectó a dos figuras emblemáticas de la corrupción kirchnerista: Julio de Vido y José López. Este caso constituye una clara muestra de la orquestación de la corrupción bajo la gestión kirchnerista y expone cómo un sistema judicial tardó dos décadas en emitir una sentencia de primera instancia. El caso Skanska puede interpretarse como un reflejo del estancamiento jurídico que ha marcado a Argentina en las últimas dos décadas.
Sin embargo, este hecho pasó casi desapercibido en el ámbito político, sin generar repercusiones significativas ni intentos organizados para utilizarlo con fines electorales. La oportunida de transformar esta situación en un ataque a adversarios políticos fue desaprovechada. El episodio se redujo a un recuerdo del pasado, en un contexto donde la política se ha visto distraída por el Mundial.
El silencio que rodea la causa Insaurralde también es preocupante. En tres años, la justicia no ha indagado en el caso del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. A pesar de varios datos que podrían ser valiosos para cualquier político enfrentado al kirchnerismo, se observa una falta de interés por retomar este asunto como un estandarte político. ¿Cuál es la razón detrás de este mutismo?
La corrupción, en ocasiones, actúa como una telaraña que atrapa a la política en su conjunto. Los casos relacionados tanto con Chocolate como con Insaurralde, y su conexión con la Legislatura provincial y el entorno del juego bonaerense, tocan estructuras que abarcan a todas las fuerzas políticas. Este silenciamiento es, quizás, un gran consenso tácito. ¿Es una especie de omertá?
A pesar de que el gobierno podría haber aprovechado la sentencia del caso Skanska para fortalecer su posición, prefiere no hacerlo, ya que el velo de la corrupción también puede envolverlo. Esta situación se repite en otros aspectos del actual gobierno: en la conexión con los casos $LIBRA, ANDIS y Adorni.
Las imágenes que empañan al Gobierno incluyen la presencia del financista Juan Nápoli en el polémico video de Insaurralde. Nápoli fue un pilar en la estrategia de Milei en Wall Street durante 2023, organizando un evento clave donde Milei se presentó como candidato presidencial. Su conexión con el banquero añade complejidad a la situación, ya que su firma está bajo investigación por transferencias relacionadas con el dólar blue, que llevan a cuestionar su relación con el juego en el conurbano, donde Insaurralde juega un papel significativo.
La negativa de Nápoli a tener un vínculo personal con Insaurralde se enmarca en las incertidumbres del video. Nápoli Inversiones está siendo investigada por un caso de transferencias a una casa de cambio vinculada con un binguero, una conexión que podría comprometer a Insaurralde. La imagen de Nápoli junto a Insaurralde dificulta la toma de capital político del caso por parte del mileísmo.
Este video plantea incógnitas tanto para el kirchnerismo como para el kicillofismo, ya que pone en evidencia la impunidad con la que opera un dirigente a la sombra de una investigación de corrupción. A su vez, resalta la lentitud de la justicia frente a casos como Insaurralde, sugiriendo una desigualdad en el tratamiento judicial en relación a otros casos que han sido manejados con mayor celeridad. Para la política, el video ilustra una red de relaciones entre políticos, empresarios y el entorno judicial que podrían, eventualmente, llevar a negocios turbios.
Es evidente que las denuncias que involucran al actual gobierno son de menor envergadura que las que pesan sobre el kirchnerismo. No obstante, el verdadero reto radica en que el mileísmo se impuso un estándar elevado en su lucha contra la corrupción, mientras que el kirchnerismo no se sometió a un exigente criterio. Este incumplimiento de estándares ejerce una presión adicional sobre el actual gobierno, que enfrenta dificultades para capitalizar políticamente los casos de Insaurralde y Skanska. Para señalar los problemas de corrupción, el mileísmo debe adoptar una postura impecable, lo cual no se ha logrado hasta ahora.
