El PCT, creado en 1970 en Washington y con media sanción del Senado en 1998, ha vuelto a ser evaluado en el Congreso, dado que forma parte de los compromisos asumidos por Argentina en el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos. Su objetivo es integrar a Argentina al principal sistema internacional de cooperación en patentes. Este acuerdo incluye tres cláusulas significativas para la industria farmacéutica: la ampliación del plazo de 12 a 30 meses para que un inventor nacional decida dónde proteger su invención (y un extranjero presente la solicitud en Argentina); la opción de crear una única solicitud para los 158 Estados miembros; y la implementación de un examen preliminar internacional no vinculante.
Luego de que Cilfa se manifestara por medio de un comunicado, el oficialismo añadió al proyecto una reserva relacionada con el Capítulo II durante el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria, donde el PCT recibió dictamen favorable el 12 de mayo. Este capítulo permite al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) utilizar informes técnicos no vinculantes de oficinas de patentes extranjeras en el análisis de solicitudes de registro. Si el proyecto se aprobara finalmente, lo haría con el condicionamiento del Capítulo II en suspenso, lo que requeriría un nuevo trámite en el Congreso para su implementación.
Cilfa envió una carta a los diputados solicitando que se considere esta reserva. En ella, afirmaron que sería la opción más adecuada para “limitar los efectos adversos sobre la competencia, incluyendo la salud pública y la industria nacional”, permitiendo a la vez cumplir con el compromiso asumido con Estados Unidos.
La cámara de laboratorios nacionales sostiene que los informes preliminares podrían influir en las decisiones locales y facilitar la concesión de patentes actualmente rechazadas. Consideran que estos informes podrían promover el evergreening, que se refiere a la extensión de patentes mediante cambios menores en los productos. Por ejemplo, una formulación líquida podría transformarse en una inyección. Aseguran que la reserva al Capítulo II “limita el impacto de los informes internacionales en la evaluación nacional y, por lo tanto, las restricciones competitivas derivadas del aumento de patentes por evergreening”.
En una comunicación de marzo, Cilfa señaló que el evergreening representa “uno de los más críticos desafíos para la industria farmacéutica argentina al introducir medicamentos genéricos o biosimilares que compitan con los originales”, lo que, según su perspectiva, contribuiría a la reducción de precios. Argumentaron que “la industria farmacéutica nacional ha dinamizado la competencia en el mercado al desarticular monopolios con el lanzamiento de versiones genéricas o biosimilares de medicamentos cuya patente ha expirado o que, por razones tecnológicas, contaban con un único proveedor”.
Eduardo Franciosi, director ejecutivo de Cilfa, destacó que la reserva “mejora la salud pública al fomentar la competencia y mitigar el riesgo de otorgar patentes sin el adecuado nivel de inventiva, novedad y aplicación industrial, garantizando así el acceso de la población a los medicamentos”.
Por su parte, desde Caeme se explicó que “las patentes no son concedidas automáticamente ni pueden extenderse solo por presentar una nueva solicitud. Cada solicitud es revisada por el INPI, que determina si cumple con los requisitos legales: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”.
Además, resaltaron la importancia de avanzar en la adhesión al PCT, aunque ello implique aceptar la reserva del Capítulo II. La entidad que representa a los laboratorios internacionales subrayó que la adhesión al tratado “es crucial porque integra al país en un sistema utilizado por más de 150 naciones y ofrece un marco de mayor previsibilidad para investigadores, universidades y empresas vinculadas a la innovación”. Afirmaron que “no está diseñado solo para grandes compañías”, y que reduce costos para inventores argentinos, manteniendo que cada país tiene la decisión final sobre la aprobación de patentes.
Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, reconoció que se incorporó la reserva al Capítulo II debido a la resistencia de la industria farmacéutica local. Dijo que “no cambia mucho adherir sin ese capítulo” y que la inclusión de la solicitud de Cilfa fue para facilitar la aprobación del PCT.
El Gobierno sostiene que el tratado simplifica el sistema de patentes, disminuye costos y acelera trámites para investigadores, pymes y empresas argentinas, manteniendo la soberanía de cada Estado en la decisión de qué innovaciones aprobar.
Sin embargo, persisten las inquietudes de los laboratorios nacionales. Cacace mencionó que “el temor” de los locales es que el INPI “asigne de forma casi automática patentes a laboratorios internacionales después del examen preliminar” debido a la acumulación de solicitudes pendientes, que asciende a más de 4000. “Los laboratorios locales no podrían fabricar medicamentos no protegidos por patentes de entidades internacionales que han tardado en patentarse en Argentina. Los laboratorios extranjeros son los principales innovadores. Los nacionales se enfocan en reproducir medicamentos ya existentes”, añadió.
En este sentido, Jorge Otamendi, abogado especializado en propiedad intelectual, coincidió con Cacace. Expresó que los laboratorios nacionales “copian” lo que no está patentado en Argentina, principalmente aquellos medicamentos de éxito comercial. Muchos laboratorios internacionales evitan patentar en el país debido a su exclusión del PCT y el plazo de 12 meses para hacer la solicitud. La adhesión al tratado “incrementaría el interés extranjero en obtener patentes en Argentina”, lo que a su vez podría afectar a los laboratorios locales en el caso de “productos exitosos que no puedan ser replicados por estar patentados”.
Otamendi argumentó que el núcleo del PCT radica en la extensión del tiempo para solicitar patentes a 30 meses, lo que permitiría a los laboratorios continuar sus investigaciones y decidir dónde presentar las patentes una vez que el producto avance.
El análisis preliminar internacional, según su opinión, no tendría un impacto significativo en la industria ya que solo implica considerar lo que ya ha sido evaluado. Cilfa, por su parte, habría solicitado la reserva como un medio para demorar la adhesión al PCT.
Cacace aseguró que el INPI seguirá su propio proceso de evaluación, que el examen internacional no es vinculante y que la oficina de patentes nacional ya se vale de informes de entidades extranjeras.
Franciosi, de Cilfa, declaró que las acusaciones sobre la copia de medicamentos no patentados son “totalmente falsas”. “Cilfa se opone a regulaciones que comprometan el acceso a la salud y la competencia”, concluyó.
Durante el plenario donde se emitió el dictamen, Maximiliano Ferraro, líder del bloque de la Coalición Cívica, propuso adherir al PCT sin reservas. Indicó que el Gobierno aceptó la reserva debido al lobby de la industria farmacéutica y advirtió que esta decisión podría representar una pérdida de información y eficiencia para los solicitantes argentinos.
Ferraro sostuvo que el examen no afecta la soberanía regulatoria de Argentina, no obliga a las oficinas nacionales a otorgar patentes y no altera los criterios para su inscripción, un punto en el que concuerda con el Gobierno y Caeme.
El bloque peronista, por su parte, se opone al acuerdo en su integridad. A lo largo de los años, ha respaldado la posición de los laboratorios nacionales que advierten que el tratado reduciría la competitividad local y llevaría a un aumento en los precios de los medicamentos.
Si los diputados aprueban el texto modificado, este deberá regresar al Senado para la sanción final.
