El diputado nacional Nicolás Trotta ha presentado una iniciativa legislativa orientada a transformar el funcionamiento del Sistema de Alerta Sofía. El objetivo central es dotar al mecanismo de una mayor operatividad, eliminando las ambigüedades actuales mediante la fijación de plazos obligatorios para la activación de alertas ante la desaparición de niños, niñas y adolescentes.
La propuesta introduce criterios cronológicos estrictos que buscan reducir los tiempos de respuesta del Estado:
- Menores de 14 años: Activación obligatoria del alerta en un plazo máximo de 4 horas desde la denuncia.
- Jóvenes de 14 a 17 años: Activación obligatoria en un plazo máximo de 8 horas.
- Situaciones de riesgo inminente: Protocolo de acción inmediata con un techo de 2 horas, sin distinción de edad.
Trotta argumenta que el sistema actual, aunque valioso, ha sido subutilizado, lo cual genera una brecha entre su propósito y su ejecución real. Desde su creación en 2019, la Alerta Sofía solo ha sido activada en 10 ocasiones. El legislador sostiene que el tiempo es la variable crítica en estos casos: «Cada hora que se pierde es una hora que no vuelve», enfatizando la necesidad de que la duda favorezca siempre la búsqueda y no la demora burocrática.
Implementada en 2019 bajo el Ministerio de Seguridad (en el gobierno de Mauricio Macri) y coordinada por el SIFEBU, la Alerta Sofía toma su nombre de Sofía Herrera. Su función técnica es la difusión masiva y simultánea de datos (medios, redes sociales, organismos públicos, telefonía móvil) para involucrar a la ciudadanía en la localización temprana, protegiendo la integridad física de los menores.
El proyecto de ley no solo establece plazos, sino que introduce un componente de responsabilidad institucional: propone que existan consecuencias administrativas y penales para los funcionarios que no actúen dentro de los tiempos estipulados. Con esta medida, Trotta busca eliminar la discrecionalidad y garantizar que el sistema funcione como un verdadero mecanismo de urgencia nacional.
