La crisis que atraviesa el sistema jubilatorio argentino se agrava por haberes que se ubican por debajo de la canasta básica, un aumento de la informalidad laboral y el envejecimiento de la población. A esto se suma la expansión del número de monotributistas, quienes realizan aportes considerablemente menores que el promedio de los trabajadores. En la actualidad, el 44% de los ocupados en el país trabaja en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de personas sin aportes previsionales. En cuanto a aquellos que sí contribuyen, se ha observado un incremento en la participación del monotributo, un régimen que cuenta con una capacidad contributiva notablemente inferior al de los trabajadores con empleo registrado. Esto provoca que la sostenibilidad del sistema no dependa únicamente de la demografía, sino también de la cantidad de aportes que ingresan. Esta información proviene de un informe elaborado por especialistas de la Fundación Mediterránea. En el presente, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) tiene 10,3 millones de aportantes que financian 7,5 millones de jubilaciones y pensiones; de estos, el 74% son trabajadores en relación de dependencia, mientras que el 26% son independientes, de los cuales 2,2 millones están categorizados bajo el monotributo. La participación de este régimen en el total de aportantes se duplicó en casi tres décadas, aumentando del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. En términos absolutos, la cantidad de monotributistas activos en el sistema pasó de 513.000 a 2,2 millones, lo que representa un aumento del 331%. Aunque la modalidad del monotributo ha permitido a muchos trabajadores salir de la informalidad, sus aportes son significativamente menores. Mientras que el aporte previsional promedio para un empleado registrado es del 11,2% de sus ingresos, el de los autónomos se reduce al 5,2%, y en el caso de los monotributistas, apenas alcanza el 1,1%. En cifras, el aporte medio de un trabajador asalariado registrado en marzo de 2026 fue de $187.098, mientras que el de un monotributista se situó en solo $19.215 mensuales. Así, para financiar una jubilación promedio de $650.000 se requieren aproximadamente 3,5 trabajadores registrados, en comparación con cerca de 34 monotributistas. Para una jubilación mínima con bono, se necesitan 2,4 trabajadores en relación de dependencia frente a casi 23 monotributistas. Esta baja contribución se debe en gran parte a la composición de los monotributistas, donde más de la mitad pertenece a la categoría A y casi dos tercios se concentra en las categorías A y B, que son las de menor facturación y, por lo tanto, realizan los menores aportes. Según las proyecciones del INDEC, la población de 65 años y más crecerá del 12% en 2022 al 17% en 2040. En 2022, había 55 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15, cifra que llegará a 115 para 2040. Ante este panorama, la Fundación Mediterránea advierte que los ingresos por aportes personales y contribuciones patronales no son suficientes para cubrir el gasto previsional del SIPA, que presenta un déficit cercano al 2% del PIB y depende de transferencias del Tesoro Nacional. En los últimos tres años, el haber medio ha perdido un 13% de su poder adquisitivo, mientras que la jubilación mínima, incluyendo bono, ha caído un 20%. Además, cerca de un millón de personas de 65 años o más continúan en el mercado laboral, representando el 4,6% del total de ocupados. En el contexto actual, el régimen del monotributo ha experimentado un incremento notable. Sumando a empleados, jubilados y directores que ofrecen servicios o venden productos bajo este régimen, se alcanza un total de 4,7 millones. Recientemente, organismos internacionales han señalado la necesidad de aumentar la carga tributaria sobre este sector. En un informe del Fondo Monetario que se dio a conocer a finales de mayo, se expone que el monotributo, si bien simplifica el cumplimiento tributario y favorece la formalización, presenta una carga tributaria efectiva mucho menor que la del sistema general, generando así fragmentación empresarial. El informe también indica que la estructura de pago fijo produce discontinuidades significativas en las obligaciones tributarias entre diferentes niveles de ingresos, desalentando el acceso a categorías superiores. Se sugiere que cualquier reforma debería mitigar el efecto de estas discontinuidades, armonizar las tasas impositivas y las contribuciones a la seguridad social con el sistema general, y utilizar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento tributario. Desde la perspectiva de expertos en tributación, la discusión se centra en un posible régimen de transición que cierre la brecha entre el monotributo y el régimen general, incrementando las alícuotas y las cargas sociales. Por otro lado, el FMI ha propuesto que más de un millón de trabajadores actualmente no alcanzados por el impuesto a las Ganancias empiecen a tributar. En la actualidad, alrededor de 900.000 empleados en relación de dependencia están sujetos a este impuesto.
Copyright © 2020. Todos los derechos reservados.