La inflación en Argentina ha sido, en gran medida, un asunto de carácter institucional. Cada vez que el Tesoro ha logrado financiarse a través del Banco Central, la política monetaria ha estado subordinada a las exigencias fiscales del gobierno en ejercicio. Ningún compromiso hacia la estabilidad de precios puede sostenerse en un escenario como este a largo plazo.
La experiencia global indica que la independencia del Banco Central se apoya sobre tres pilares fundamentales: la prohibición efectiva de financiar al Tesoro, la independencia funcional de sus autoridades y un enfoque prioritario hacia la estabilidad de precios. Todos estos elementos forman un trípode: si uno de ellos se quita, se pierde la estabilidad de toda la estructura. La enseñanza es clara: la independencia no es solo una norma, sino un diseño institucional esencial donde cada uno de estos pilares resulta indispensable.
Sin embargo, una adecuada Carta Orgánica enfrenta un reto adicional. No es suficiente con establecer estas reglas correctamente; es crucial lograr que perduren a través de los cambios de gobierno. Las instituciones monetarias no fracasan por la incorrecta naturaleza de sus principios, sino porque estos son modificados ante crisis fiscales. Por lo tanto, la cuestión trasciende las reglas que debe incluir la nueva Carta Orgánica y se convierte en cómo protegerlas de la posibilidad de ser desmanteladas por mayorías transitorias.
Dado que el señoreaje es, en esencia, un impuesto, las normas que prohíben su utilización deberían contar con una salvaguarda institucional que refleje su relevancia y su carácter federal. La alternativa más efectiva sería una reforma constitucional. Mientras esa opción no sea políticamente viable, se puede considerar un enfoque intermedio: proporcionar a los principios clave de la Carta Orgánica una protección similar a la de una ley convenio, como ocurre con la coparticipación federal, que requiere consensos más amplios para su modificación. En definitiva, el impuesto inflacionario se presenta actualmente como un tributo que no se legisla ni se coparticipa.
La nueva Carta Orgánica debe ser concebida para mantenerse operativa dentro de dos o tres décadas y resistir las demandas fiscales que puedan surgir. Las personas pueden estabilizar una economía, pero son las instituciones las que logran mantener la moneda en equilibrio.
